Desde el golpe del 1 de febrero de 2021, cuatro periodistas han sido asesinados, dos de los cuales después de haber sido brutalmente interrogados, golpeados e, incluso, mutilados. Al menos 130 periodistas han sido encarcelados en estos dos años y 72 de ellos permanecen en prisión.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 30 de enero de 2023.
Dos años después de la llegada al poder de la Tatmadaw, el ejército birmano, Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace un balance demoledor de los ataques contra la libertad de prensa cometidos por los militares. Con el objetivo de ocultar las masacres de civiles y de consolidar su autoridad, la Junta militar detiene, encarcela, tortura e, incluso, liquida a los periodistas que puedan entorpecer su control de la información.
Desde el golpe del 1 de febrero de 2021, cuatro periodistas han sido asesinados, dos de los cuales después de haber sido brutalmente interrogados, golpeados e, incluso, mutilados. Al menos 130 periodistas han sido encarcelados en estos dos años y 72 de ellos permanecen en prisión, al tiempo que se han denunciado decenas de casos de tortura. Implacable, la represión de la libertad de prensa en Birmania se ha recrudecido en todos los ámbitos durante los dos últimos años, tanto en el espacio, como en el tiempo o en los métodos utilizados.
«Desde hace dos años, las cifras del drama birmano recopiladas por RSF producen náuseas. Una implacable maquinaria represiva se ha cernido sobre todo el país. Las penas de cárcel impuestas a los periodistas son cada vez más abultadas. Todo esto sólo tiene un propósito: impedir que el mundo sepa lo que está ocurriendo bajo la bota de los generales birmanos. Pedimos al relator especial de la ONU sobre Birmania, Tom Andrews, que vuelva a poner la tragedia birmana en la agenda internacional»
Daniel Bastard, Responsable del Área Asia-Pacífico de RSF
Transformada en la segunda mayor prisión de profesionales de la información del mundo, solo por detrás de China, Birmania es, en términos relativos, el mayor carcelero de periodistas en relación a su población. Destaca, además, el carácter metódicamente diabólico del terror orquestado por los militares, como reflejan la evolución del número acumulado de periodistas encarcelados en estos dos años y el de las condenas a muerte emitidas.
Un endurecimiento del método
En los doce primeros meses posteriores al golpe de Estado, el número de periodistas detenidos no dejó de aumentar constantemente. Un total de 115 periodistas fueron detenidos y encarcelados durante ese periodo, frente a los 15 del año siguiente. Sin embargo, este descenso no significa que la represión se haya atenuado. Más bien al contrario: los profesionales de los medios de comunicación -autores todos ellos de una gran cobertura de las protestas contra el golpe de Estado- que no languidecen entre rejas, se han resignado, con el paso de los meses, a huir del país o a vivir en la clandestinidad. De hecho, casi la totalidad de los quince periodistas encarcelados en el último año lo han sido tras haber sido localizados en los lugares donde se escondían.
La desaceleración de la curva de detenciones va acompañada de un aumento, igualmente preocupante, del número de periodistas condenados a penas de prisión. Unos diez periodistas habían sido condenados en diciembre de 2021; hoy son cinco veces más. Está claro que los tribunales militares han tomado el relevo de las fuerzas armadas para acabar con cualquier esperanza de que la información libre se imponga en el país.
Un endurecimiento en el tiempo
Este fenómeno es tanto más llamativo cuanto que el endurecimiento del aparato represivo se extiende también en el tiempo: las condenas dictadas por los tribunales militares no han dejado de aumentar, alcanzando el récord de quince años de cárcel, dictaminado a finales de 2022 para el periodista independiente Myo San Soe. Durante 2022, la duración acumulada de las condenas impuestas a periodistas se triplicó y pasó de 58 años, a finales de 2021, hasta 189 años, a finales de 2022.
Un motivo de peso explica este recrudecimiento: tras el golpe de Estado, la Junta creó una herramienta represiva a medida, en forma del artículo 505 (A) del Código Penal, que castiga con tres años de cárcel la difusión de «noticias falsas» contra representantes del gobierno militar. Pero, con el paso de los meses, los tribunales creados en el mismo seno de las cárceles empezaron a condenar a los periodistas a penas mucho más duras, basándose en nuevas acusaciones: «terrorismo», «espionaje», o simplemente «actos nocivos contra la seguridad del Estado». Todos los pretextos son buenos para aumentar las condenas e intimidar a toda la profesión.
Un endurecimiento en el espacio
El análisis de los espacios en los que se encuentran detenidos los periodistas muestra hasta qué punto la Junta ha conseguido desplegar su maquinaria represiva en todo el territorio que controla. La siniestra prisión de Insein, en Rangún, alberga a una treintena de periodistas encarcelados, pero RSF ha identificado al menos otros 26 lugares de detención.
Algunas zonas fronterizas del territorio birmano se libran, sin embargo, de esta implacable maquinaria represiva: el Estado de Chin, en el oeste; el Estado de Kachin, en el norte, y el Estado de Shan, en el este. Estas tres regiones son tradicionalmente objeto de rebeliones autonomistas y están controladas por movimientos hostiles al Tatmadaw: en otras palabras, allí donde la Junta no ejerce su autoridad directa, los periodistas tienen relativa libertad para trabajar.
En medio de este macabro panorama, hay aún signos de esperanza: en una parte del país, la sociedad civil consigue zafarse de las garras de la Junta y muestra una sed insaciable de información. Una señal, más evidente que nunca, de la importancia de la libertad de prensa en la lucha por la democracia en Birmania.
