Enero de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En enero, se iniciaron juicios de alto perfil por motivos políticos en Bielorrusia y más grupos de la sociedad civil fueron atacados en Rusia. También se temió por la libertad de expresión en Turquía, cuando el país se prepara para las elecciones de mayo, y comenzó una batalla judicial entre el gobierno central del Reino Unido y el gobierno de Escocia en torno a la legislación de autoidentificación de género.
Activismo contra la guerra y parejas tras las rejas
Continúa la implacable “purga” de la sociedad civil en Bielorrusia por parte del presidente Alexander Lukashenka. En enero se iniciaron varios juicios de alto perfil motivados por razones políticas.
Tras meses de espera, el 5 de enero comenzó el juicio al ganador del Premio Nobel Ales Bialiatski y sus colegas de la organización de derechos humanos Viasna, Valiantsin Stefanovic y Uladzimir Labkovich. Los acusados, que debieron comparecer a las audiencias judiciales en una jaula, enfrentan cargos de “contrabando perpetrado por un grupo organizado” y “financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público”. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a entre 7 y 12 años de cárcel y ya han pasado 18 meses en prisión preventiva. Viasna informa sobre la marcha del juicio con una cobertura continua en Twitter y ha invitado al público a enviar mensajes de solidaridad a los tres hombres.
[Traducción: Las audiencias judiciales continúan hoy… ¡Los activistas de derechos humanos de Viasna necesitan su apoyo! Escríbales a: SIZO-1, 220030, Minsk, vul. Valadarskaha 2 (Bielorrusia)
Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich. Envíe un paquete http://bit.ly/3ZVRt4e #ViasnaLibre
Día 13 del juicio en el caso Viasna. 24 de enero 10:30 h.]
El 17 de enero comenzó el juicio in absentia de la líder de la oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, acusada de traición. Podría ser condenada a hasta 15 años de prisión si es declarada culpable. Su esposo, Syarhei Tsikhanouski, cumple actualmente una sentencia de 18 años en Bielorrusia por desafiar a Alexander Lukashenka en las elecciones presidenciales de 2020. Ahora podrían sumarse dos años más a su condena si es declarado culpable de los nuevos cargos de “violación de las normas penitenciarias” que se le imputan.
Varios periodistas también fueron juzgados en enero: Andrzej Poczobut enfrenta 12 años de prisión si es condenado por “exhortación a acciones que atentan contra la seguridad nacional” e “incitación al odio”; la directora ejecutiva de Tut.by, Lyudmila Chekina, y su jefa de redacción, Maryna Zolatava, también podrían ser condenadas a 12 años de prisión si son declaradas culpables de evasión de impuestos, “incitación a la enemistad social” y “exhortación a acciones que atentan contra la seguridad nacional”.
A principios de enero, Lukashenka promulgó una nueva ley que permite al Estado despojar a los bielorrusos en el exilio de su ciudadanía bielorrusa si son condenados por “actividades extremistas” o por “causar graves daños” a los intereses de Bielorrusia. Como señala un artículo de Human Rights Watch, desde 2021 el Estado ya podía quitarle la ciudadanía a los bielorrusos naturalizados, pero la nueva ley extiende esas disposiciones legales a los ciudadanos naturales. Esto significa que los periodistas y activistas que sean condenados en rebeldía (como lo fueron al menos cinco en enero) podrían convertirse en apátridas.
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) publicó dos informes este mes que aportan información, desde dos perspectivas diferentes, sobre los efectos brutales de la represión de Lukashenka contra las voces opositoras y la sociedad civil. Su informe anual de 2022 presenta las crudas estadísticas de un año que dejó un saldo de 33 periodistas tras las rejas, 9 medios de comunicación y 100 fuentes de noticias en línea declarados “organizaciones extremistas” y 17 sentencias de prisión severas a trabajadores de los medios. El informe de BAJ titulado “Amor tras las rejas” se centra en los ataques a familias y analiza los casos de periodistas que han sido arrestados o encarcelados por cargos falsos junto a sus parejas. Entre estos se encuentran el exempleado de Index on Censorship y ARTÍCULO 19, Andrei Aliaksandrau, y su esposa, Irina Zlobina. El 12 de enero la pareja cumplió dos años tras las rejas.
El nuevo informe de Viasna sobre la represión de los activistas que se oponen a la guerra en Bielorrusia es una lectura obligada. En los primeros 50 días de la guerra de Rusia contra Ucrania (iniciada en febrero de 2022), al menos 1.500 personas fueron detenidas por protestar contra la agresión rusa y contra el régimen de Lukashenka por ayudar a facilitarla.
Este activismo contra la guerra toma muchas formas. Según Viasna, en 2022 se condenó a 30 personas por fotografiar equipamiento militar ruso y pasar las fotos a medios independientes; asimismo, siete de los llamados “guerrilleros ferroviarios” fueron condenados a sentencias extremadamente severas (más de 20 años de prisión en algunos casos) por deshabilitar equipos ferroviarios para interrumpir el transporte militar ruso. El informe de Viasna analiza una selección de casos representativos, incluidos aquellos en los que los activistas fueron arrestados o golpeados por usar camisetas contra la guerra, enarbolar la bandera de Ucrania, colocar flores frente a la embajada de Ucrania o gritar “Putin es un imbécil”.
Ansiedad antes de las elecciones
Turquía comenzó el nuevo año como terminó el anterior: con penas de prisión para quienes osaron expresar opiniones libremente y preocupación por la represión de la libertad de expresión en los meses previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias de mayo.
El 11 de enero, la defensora de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı fue declarada culpable de “difundir propaganda terrorista” por llamar a que se investigaran las denuncias del uso de armas químicas por el ejército contra separatistas kurdos en el norte de Irak. Fue sentenciada a 2 años, 8 meses y 15 días de prisión, pero quedó en libertad en espera de la apelación. Fincancı había estado en prisión preventiva desde el 27 de octubre de 2022.
Fincancı volverá a ser juzgada el 1 de febrero, junto con el representante de Reporteros sin Fronteras en Turquía, Erol Önderoğlu, y el periodista Ahmet Nesin, por haber protagonizado un acto pacífico de solidaridad con el periódico de oposición kurdo Özgür Gündem en 2016. Los tres fueron condenados por “difundir propaganda terrorista” a raíz de esta acción y luego absueltos, pero ahora están siendo juzgados nuevamente luego de que en 2020 se revocara la decisión de absolverlos. Han estado en un limbo legal desde hace más de tres años debido a varios aplazamientos de su nuevo juicio.
Otro caso de particular interés para los miembros de IFEX es el del periodista exiliado Can Dündar. A fines de 2022, reveló que era uno de al menos 15 periodistas turcos en la llamada “lista gris” de presuntos terroristas. Esta lista es publicada por el Ministerio del Interior de Turquía, que ofrece recompensas económicas por la captura de las personas que integran la lista (en el caso de Dündar, la recompensa es de aproximadamente 26.697 dólares estadounidenses). Si es obligado a regresar a Turquía, Dündar deberá cumplir una condena de casi 30 años de prisión a raíz de la sentencia dictada en 2020 por cargos absurdos de espionaje y ayuda a partidarios del líder religioso exiliado Fethullah Gülen.
Como han advertido varias organizaciones de derechos humanos, en los meses previos a las elecciones de mayo, el gobierno turco aumenta sus poderes de censura, multiplica sus ataques a quienes considera críticos y exacerba su retórica anti-LGBTQI+. Si bien aún no se sienten plenamente los efectos de la nueva “ley de desinformación”, como se la conoce, se teme que esta legislación se utilice para atacar a voces opositoras y restringir el acceso a la información a medida que se acerca el día de los comicios. Según el balance de los últimos tres meses de 2022 realizado por el sitio de noticias Bianet, “los periodistas y medios de comunicación que quieren ejercer su derecho a la investigación y la crítica se preparan para las elecciones con una sensación de profunda ansiedad”. En ese informe, el medio proporciona estadísticas impactantes para el último trimestre de 2022, durante el cual 171 periodistas fueron juzgados, 25 trabajadores de medios kurdos fueron arrestados, 257 artículos de noticias en línea fueron censurados y 8 periodistas fueron agredidos físicamente (4 de ellos a manos de la policía).
No obstante, en enero también surgieron algunas noticias alentadoras en la batalla contra la impunidad: diez hombres fueron condenados por su participación en el asesinato del periodista Güngör Arslan en 2022.
Autoidentificación de género
En el Reino Unido, el tema de la identidad de género fue tapa de diarios este mes cuando el gobierno británico anunció que vetaría el proyecto de Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (GRR, por sus siglas en inglés) que fue aprobado por el parlamento descentralizado de Escocia en diciembre.
El proyecto de ley tiene como objetivo facilitar a las personas trans el cambio legal de género, permitiéndoles certificar ellos mismos su género (o “autoidentificarse”) y extendiendo ese nuevo derecho a jóvenes de 16 a 18 años. Bajo esta nueva normativa ya no sería necesario un diagnóstico médico de disforia de género y se eliminaría el largo período de espera.
Los derechos trans son un tema que polariza a la opinión pública en el Reino Unido. En 20222, los principales periódicos publicaron al menos una historia anti personas trans por día. Un estudio de 2021 mostró que el 31 % del público británico creía que los derechos trans deberían ampliarse, mientras que otro 31 % opinaba que ya se habían otorgado suficientes derechos a las personas trans. La comunidad trans es uno de los grupos más discriminados en el Reino Unido.
Varios críticos de la GRR de Escocia (incluidos ministros del gobierno del Reino Unido) sostienen que esta ley plantea un problema de seguridad, ya que, según ellos, el derecho a la autoidentificación podría ser abusado por sujetos depredadores que podrían aprovecharse de su nueva identidad para acceder a espacios exclusivos para mujeres. Esta es una de las principales preocupaciones planteadas por Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, en sus críticas al proyecto de ley.
Sin embargo, Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, señala que no hay evidencia que respalde esos temores. En un artículo publicado en The Scotsman en el que apoya la GRR, Madrigal-Borloz afirma que en “los 13 países y decenas de regiones que ya admiten la autoidentificación, cuyas poblaciones suman en total unos 350 millones de personas, no hay datos administrativos ni judiciales que validen la idea de que el riesgo de abuso sea un riesgo significativo”. También insta a los Estados a combatir la violencia de género y sexual utilizando todo tipo de medidas preventivas, pero hace hincapié en que “impedir que las mujeres trans disfruten de sus derechos humanos no es una de ellas”.
La autoidentificación de género también cuenta con el apoyo de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. En su informe basado en una visita al Reino Unido en 2022, afirma que “reducir las barreras al reconocimiento legal del género es clave para la plena realización de los derechos de las personas trans” y que “desde una perspectiva de derechos humanos, los modelos de autodeterminación para el reconocimiento legal del género constituyen una mejor práctica”. La Comisaria advierte del peligro de tratar “la protección de los derechos de las personas trans y de las mujeres como un juego de suma cero” y expresa su preocupación por los “intentos deliberados de algunos políticos de convertir la situación de las personas trans en ‘guerras culturales’ o un tema ‘divisivo’ con fines electorales”.
El gobierno escocés afirmó que recurrirá el veto del gobierno del Reino Unido en los tribunales.
El gobierno escocés también señaló que revisará la gestión de las personas trans privadas de libertad para garantizar que las mujeres trans con antecedentes de violencia contra mujeres no sean recluidas en cárceles de mujeres. Este anuncio se produjo luego de varios días de titulares inquietantes sobre una mujer trans que fue condenada por violar a dos mujeres cuando era hombre y que, después de comenzar el proceso de reasignación de género, fue enviada inicialmente a una cárcel de mujeres. Aunque varios comentaristas y periódicos han querido vincular esta noticia con la GRR (que aún no está vigente), se trata de dos temas que no están relacionados entre sí.
Las leyes de autoidentificación de género están avanzando en Europa: en Alemania, Finlandia y los Países Bajos se están debatiendo; en España, la ley LGTBI y trans, que incluye la autoidentificación de género, fue aprobada por la cámara de diputados en diciembre y ahora se está considerando en el senado. Irlanda, Malta, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Islandia y Noruega ya cuentan con una legislación de autoidentificación de género.
Para tener una idea de lo que significan las leyes de autoidentificación de género para las experiencias de vida de las personas trans en Europa, consulte el artículo escrito por Enrique Anarte para la plataforma LGBTQI+ Openly.
En breve
En Rusia, la represión del espacio cívico por el gobierno de Vladimir Putin continúa sin cesar. A fines de enero, un tribunal de Moscú ordenó el cierre del Grupo de Helsinki de Moscú, la organización independiente de derechos humanos más antigua de Rusia. Asimismo, el medio de comunicación independiente Meduza fue declarado organización “indeseable”, lo que significa que tiene prohibido operar en el país. La Fundación Andrei Sakharov, un grupo de derechos humanos, también fue calificada de indeseable.
En Kirguistán, el Ministerio de Cultura busca cerrar el medio de prensa Radio Azattyk por un video de 2022 en el que informó sobre enfrentamientos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán. Los sitios web del medio han estado bloqueados desde octubre de 2022.
