Marzo de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La policía reprime a manifestantes y periodistas en Francia; en Georgia, el gobierno abandona el proyecto de ley de “agentes extranjeros”; Rusia amplía las restricciones legales a la cobertura de la guerra; la Asociación de Periodistas de Bielorrusia es declarada “organización extremista”; en Turquía se censura a plataforma que monitorea la censura; y en la República Srpska se penaliza nuevamente la difamación y surge un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”.
“Rompimos codos y caras”
Durante el mes de marzo, millones de personas se volcaron a las calles en Francia para protestar contra la impopular reforma jubilatoria impulsada por el Presidente Emmanuel Macron, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años y que fue promulgada sin aprobación parlamentaria gracias a un poder constitucional especial invocado por el poder ejecutivo.
Si bien la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, también hubo incidentes de vandalismo y de brutalidad policial que evocan las protestas de los chalecos amarillos de 2018. Varios centenares de personas fueron detenidas. Según cifras oficiales, el 24 de marzo hubo 457 detenciones y 441 policías heridos, solo en ese día.
[ Traducción: Las autoridades francesas deben garantizar la seguridad de los manifestantes y abstenerse de usar fuerza innecesaria o excesiva. #ProtegerLaProtesta ]
También el 24 de marzo, el periódico Le Monde informó que había recibido una grabación de audio en la que se escuchaba a policías que amenazaban a un grupo de jóvenes que habían arrestado y se jactaban de haber golpeado a los manifestantes, exclamando: “rompimos codos y caras”.
Aunque el nivel de violencia de la policía antidisturbios no fue tan extremo como el que sacudió a Francia en 2018, fue lo suficientemente impactante como para que varios expertos en derechos humanos expresaran su preocupación por las acciones de los responsables de garantizar la ley y el orden.
Human Rights Watch (HRW) les recordó a las autoridades francesas que deben respetar el derecho a la protesta y pidió que se investigaran las denuncias de abusos policiales. Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documentó varios incidentes en los que la policía agredió a periodistas, les pidió a las autoridades que pusieran fin a la violencia contra la prensa. Según RSF, agentes de policía golpearon a periodistas con porras, los arrojaron al suelo y dispararon granadas de gas lacrimógeno directamente hacia ellos.
La Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, dijo que la policía había respondido a las protestas con “fuerza excesiva”. También afirmó que “actos aislados de violencia” cometidos por algunos manifestantes “no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado”, y que tales “actos aislados” no son “suficientes para privar a los manifestantes pacíficos de su derecho a la libertad de reunión”.
Se abandona proyecto de ley de “agentes extranjeros”
En el mes de marzo también se produjeron fuertes protestas en Georgia contra un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” que disponía que las organizaciones que recibieran más del 20 % de sus ingresos de una “potencia extranjera” debían estar inscritas en un “Registro de Agentes de Influencia Extranjera”. El proyecto de ley, que fue calificado de intento de reprimir a la sociedad civil y los medios independientes, fue ampliamente condenado por la Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil regionales e internacionales y medios de comunicación. Cuando la norma propuesta se trató en el parlamento, los legisladores terminaron a los puños y miles de ciudadanos se volcaron a las calles de la capital, Tbilisi, para manifestar su oposición al proyecto de ley.
Tras dos noches de protestas y represión policial con gases lacrimógenos, el gobierno anunció que retiraría el proyecto de ley.
[Traducción: La policía antidisturbios de Georgia lanzó gases lacrimógenos a miles de personas que protestaban contra la ley de agentes extranjeros frente al Parlamento de Georgia.]
Cunde el mal ejemplo de Rusia
Los legisladores de la República Srpska (RS), una de las dos entidades semiautónomas de Bosnia y Herzegovina, parecen haber copiado los malos precedentes legislativos que sentó Rusia hace una década con respecto a difamación, los denominados “agentes extranjeros” y la comunidad LGBTQI+.
El 23 de marzo, la Asamblea Nacional votó a favor de penalizar nuevamente la difamación. Quienes sean encontrados culpables de este delito enfrentarán ahora multas de hasta 25.000 euros, dependiendo de cómo y dónde se cometa el delito. Miembros de IFEX criticaron fuertemente el proyecto de ley, argumentando que permitiría el “enjuiciamiento injustificado de periodistas, miembros de la sociedad civil u organizaciones que informen sobre corrupción y otros asuntos de interés público”. Antes de la aprobación definitiva de la ley habrá un período de consulta pública de 60 días.
También el 23 de marzo, el gobierno adoptó un proyecto de ley (similar a la ley rusa de “agentes extranjeros”) que exigiría que las organizaciones sin fines de lucro financiadas desde el extranjero se registren e informen sobre sus actividades. El proyecto de ley pasará ahora a consideración de la Asamblea Nacional.
El 18 de marzo en Banja Luka (la ciudad más grande de RS), varias decenas de personas no identificadas atacaron a un grupo de periodistas y activistas LGBTQI+ cuando salían de una reunión LGBTQI+. Los atacantes agredieron con palos y botellas a los periodistas, que debieron recibir atención médica. Los policías que se encontraban cerca no intervinieron. Una asociación de periodistas local responsabilizó del ataque al presidente de RS, Milorad Dodik, por fomentar un ambiente hostil con su retórica contra la prensa y anti-LGBTQI+.
En declaraciones pronunciadas después del ataque, Dodik anunció que RS pronto aprobaría una legislación que restringirá los derechos de las personas LGBTQI+:
“En los próximos meses, RS aprobará una ley por la que se prohibirá el ingreso de miembros de organizaciones LGBT a las instituciones educativas. Eso significa que tendrán prohibido trabajar [en la enseñanza], no podrán acercarse a jardines de infantes, escuelas y universidades, y no podrán difundir propaganda”.
A finales de mes, la Unión Europea de Radiodifusión, la Federación Europea de Periodistas (EFJ) y la Organización de Medios de Europa Sudoriental (SEEMO) instaron a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a tomar medidas urgentes para abordar el agravamiento de la situación de los medios en el país.
Se amplían las restricciones legales a la cobertura de la guerra
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania informó en marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el ejército de Rusia había cometido una amplia variedad de violaciones de los derechos humanos durante la ocupación de Ucrania. Muchas de estas constituyen crímenes de guerra, entre ellos “asesinatos intencionales, ataques contra civiles, confinamiento ilegal, tortura, violación y traslados forzados y deportaciones de niños”.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el Presidente Vladimir Putin y su Comisionada de los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por su presunta participación en el traslado forzoso y la deportación de niños. HRW elaboró una lista útil de preguntas y respuestas sobre este tema y la respuesta de la justicia a la invasión rusa de Ucrania.
Rusia amplió este mes las restricciones legales que impone a la cobertura de la guerra al extender la prohibición de difundir información “falsa” sobre el ejército ruso o que lo “desacredite”. Ahora tampoco se podrá difundir información sobre organizaciones y personas que apoyen la invasión de Rusia, como el grupo mercenario Wagner. La norma fue aprobada el 15 de marzo por la Duma Estatal y, una vez promulgada, quienes sean declarados culpables enfrentarán penas máximas de cinco años de prisión en vez de tres como hasta ahora. El 6 de marzo, con arreglo a la versión anterior de esta ley, el periodista Andrey Novashov fue condenado a ocho meses de trabajo correccional y se le prohibió ejercer el periodismo por un año.
Hacia finales de mes, los servicios de seguridad de Rusia arrestaron a Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal y ciudadano estadounidense, por cargos dudosos de espionaje. Está recluido en prisión preventiva hasta el 29 de mayo y se enfrenta a una sentencia de prisión muy larga si llegara a ser declarado culpable. El Comité para la Protección de los Periodistas, la EFJ, HRW y el Instituto Internacional de Prensa pidieron su liberación inmediata.
La Asociación Bielorrusa de Periodistas fue declarada “organización extremista”
Marzo fue otro mes de sentencias de prisión draconianas y persistente presión sobre la sociedad civil en Bielorrusia. La Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ), miembro regional de IFEX, fue declarada “organización extremista” por las autoridades, decisión que fue condenada por los miembros de IFEX y la Representante para la Libertad de los Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Teresa Ribeiro. Esto coloca a la BAJ en una lista de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación considerados grupos “extremistas” por Bielorrusia.
Tras las duras sentencias pronunciadas en febrero contra voces independientes, la líder exiliada de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya fue condenada in absentia por traición y “conspiración para tomar el poder”. Fue sentenciada a 15 años de prisión.
Más tarde, en el mismo mes de marzo, se dictaron sentencias de prisión de 12 años contra Maryna Zolatava, jefa de redacción del portal de noticias TUT.BY, y Ludmila Chekina, directora ejecutiva de ese medio. Por su parte, Valeryia Kastsiuhova, fundadora y editora del sitio web Nashe Mneniye, fue condenada a 10 años de prisión.
También en marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Bielorrusia desde mayo de 2020. El informe concluyó que existían “motivos suficientes para creer” que entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 se cometieron diversas violaciones de derechos humanos en ese país, entre ellas “la privación arbitraria del derecho a la vida y a la libertad, la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, la denegación de los derechos a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial, la denegación arbitraria del derecho a entrar en su propio país, las vulneraciones de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación y a la igual protección de la ley”. Según el Alto Comisionado, “algunas de estas violaciones también pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe pide la liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión sistemática de las voces críticas.
El 23 de marzo, 38 Estados de la OSCE invocaron el Mecanismo de Moscú para que se examinaran las “presuntas violaciones de los derechos humanos” del régimen de Alexander Lukashenka. Este mecanismo habilita a los Estados participantes a enviar misiones de expertos a otros Estados para investigar problemas relacionados con los derechos humanos y la democracia. La última vez que se invocó en relación con Bielorrusia fue en septiembre de 2020.
Plataforma que monitorea la censura cae víctima de la censura
En Turquía, la reacción autoritaria del gobierno a los devastadores terremotos de febrero continúa afectando a periodistas, usuarios de redes sociales y ciudadanos comunes.
En marzo, el periodista Fırat Bulut fue arrestado en Ankara al regresar de la provincia de Malatya luego de un mes de cubrir los efectos de los terremotos. Fue acusado bajo la nueva ley de “desinformación” de Turquía de difundir información falsa sobre los terremotos.
Días antes, en otro caso, un tribunal había ordenado la eliminación de dos artículos, publicados en dos medios de prensa (el diario BirGün y la agencia de noticias ANKA), que cuestionaban el manejo del gobierno de las secuelas de los terremotos.
Las autoridades continuaron arremetiendo contra particulares por sus publicaciones en las redes sociales relacionadas con el terremoto. A mediados de marzo, la policía había iniciado acciones legales contra 730 usuarios de redes sociales y había arrestado a 43.
Muchos periodistas y defensores de la libertad de prensa temen que se agudice la represión de los medios en Turquía de cara a las elecciones generales de mayo. En marzo hubo numerosos incidentes que alimentaron ese temor, entre ellos el anunciado cierre de la oficina de la Deutsche Welle en Turquía, luego de que el gobierno se negara a extender su licencia de operación, y el bloqueo del acceso a la plataforma EngelliWeb, que, irónicamente, monitorea la censura en internet en Turquía.
