Mayo de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 22 de marzo de 2023.
La reelección de Erdoğan augura persistentes violaciones de derechos y persecución de la prensa independiente; mayo fue un mal mes para el espacio cívico en el Reino Unido; expertos de las Naciones Unidas piden la liberación de los presos políticos de Bielorrusia; y legisladores de Hungría votan a favor de despenalizar parcialmente la difamación.
Libres pero injustas
“El sesgo de los medios y las continuas restricciones a la libertad de expresión crearon condiciones desiguales y contribuyeron a darle una ventaja injustificada al presidente en funciones”.
Así fue como una misión conjunta de observadores internacionales describió la reelección del presidente Recep Tayyip Erdoğan en Turquía el pasado 28 de mayo.
Aunque los expertos electorales reconocieron que desde el punto de vista “técnico” el proceso se desarrolló correctamente y que los votantes tuvieron alternativas claras, destacaron la prevalencia de “lenguaje incendiario y discriminatorio” por parte de ambos contendientes durante la campaña, así como de “intimidación y acoso hacia simpatizantes de algunos partidos de oposición”.
Tan pronto como se confirmó su reelección, Erdoğan no defraudó a sus seguidores y demostró nuevamente ser un experto en el uso del lenguaje incendiario y discriminatorio.
En dos discursos de victoria pronunciados en la noche de las elecciones, desacreditó a los partidos de la oposición calificándolos de “pro-LGBT”, advirtió sobre la “infiltración” de “movimientos pervertidos” (que es como él ve a los movimientos LGBTQI+) y reiteró su compromiso de mantener en prisión al político opositor Selahattin Demirtaş, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido su liberación inmediata.
Entre la primera y la segunda ronda de las elecciones presidenciales, Reporteros sin Fronteras había advertido que la abrumadora parcialidad de los medios nacionales de Turquía a favor de Erdoğan “manipuló masivamente” el proceso, privando a los ciudadanos “de los medios para tomar decisiones democráticas”.
Tras la confirmación del resultado, el Sindicato de Periodistas de Turquía dijo que no iba a “permitir que se destruya el periodismo en este país”, a pesar de que la victoria de Erdoğan augura la continuación de las políticas contra la libertad de prensa.
Un mal mes para el espacio cívico en el Reino Unido
Mayo fue un mes preocupante para los derechos de libertad de reunión, libertad de expresión y otros derechos en el Reino Unido.
“Molestias públicas”
El Día de la Coronación (6 de mayo), cuando se coronó al Rey Carlos, la Policía Metropolitana de Londres arrestó a más de 60 manifestantes y activistas pacíficos.
Muchos de estos activistas planeaban manifestarse pacíficamente contra la institución de la monarquía y varios de los detenidos fueron arrestados antes de que comenzara cualquier protesta o celebración. Hubo incluso algunos activistas que no pensaban manifestarse y aun así fueron detenidos.
Entre los objetivos contra los que apuntó la policía estuvieron el grupo Republic (que aboga por reemplazar la monarquía con una república), cuyos integrantes habían estado coordinando sus planes de protesta con la policía antes de ser arrestados; catorce miembros de Animal Rising (un grupo que lleva adelante campañas por los derechos de los animales y el cambio climático), que participaban en un taller de no violencia a varios kilómetros de las celebraciones de coronación; el grupo de voluntarios Night Stars, que trabaja con la policía en iniciativas para brindar seguridad a las mujeres y cuyos miembros fueron arrestados por portar alarmas antiviolación; y miembros del grupo de protesta contra el cambio climático Just Stop Oil, detenidos junto al periodista Richard Felgate que filmaba al grupo en el momento de los arrestos.
[ Traducción: Ayer me arrestaron mientras filmaba a un simpatizante de @JustStop_Oil que sostenía una pancarta en la acera cerca de la ruta de la coronación. Soy cineasta y llevaba mi identificación de prensa @BECTU bien visible. La policía consideró que se trataba de una “conspiración para alterar el orden público”.]
Se realizaron varios arrestos en virtud de dos nuevas leyes draconianas diseñadas para aplastar las protestas públicas en el Reino Unido: la Ley de Policía, Delitos, Sentencias y Tribunales de 2022, que tipifica como delito el hecho de “causar intencionalmente molestias públicas”; y la Ley de Orden Público de 2023, que otorga a la policía poderes muy amplios para reprimir prácticamente cualquier manifestación.
La Ley de Orden Público de 2023 ha sido criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por imponer “graves e injustificadas restricciones sobre estos derechos [de libertad de expresión y reunión] que no son necesarias ni proporcionadas para lograr un propósito legítimo según lo establecido en el derecho internacional”.
Muchos de los arrestados pasaron el día en la cárcel. Solo cuatro personas fueron finalmente imputadas.
[ Traducción: Seas monárquico o republicano, el arresto de manifestantes pacíficos en el día de hoy debería preocuparte mucho. El derecho a la protesta es un pilar de nuestra democracia; desde las sufragistas hasta Tolpuddle, hablar en contra del poder es una noble tradición que debemos celebrar. ]
“Efecto paralizador para el periodismo de interés público”
Este mes se produjo otro desajuste entre la ley y la justicia en el Reino Unido cuando el tribunal de apelaciones ordenó a la periodista Carole Cadwalladr que pagara más de un millón de libras esterlinas por concepto de gastos judiciales al empresario y destacado partidario de Brexit Arron Banks.
El fallo fue ampliamente condenado por grupos defensores de la libertad de prensa que argumentaron que tiene un “efecto paralizador para el periodismo de interés público”.
Varios grupos defensores de la libertad de expresión sostienen desde hace tiempo que la demanda de Banks contra Cadwalladr es lo que se conoce como una demanda judicial estratégica contra la participación pública (o SLAPP, por sus siglas en inglés), y que la intención del demandante era intimidar a la periodista para silenciarla.
Banks había presentado la demanda por difamación contra Cadwalladr en 2019, luego de que la periodista afirmara en una charla TED que Banks mentía sobre “su relación encubierta con el gobierno ruso” y de que publicara un tuit con un enlace a la charla. Banks argumentó que con esas afirmaciones se estaba insinuando que, a cambio de dinero, ayudaría al gobierno ruso a actuar contra el gobierno británico.
Banks había perdido originalmente la demanda, ya que en 2022, el juez determinó que los comentarios de Cadwalladr habían sido hechos teniendo en cuenta el interés público de ese momento. Sin embargo, el juez también dictaminó que la defensa de interés público no era válida después de abril de 2020, cuando la Comisión Electoral del Reino Unido ratificó una opinión anterior del Organismo Nacional contra el Delito de que no había pruebas que respaldaran las afirmaciones de Cadwalladr.
Aunque se consideró que no se había perjudicado gravemente su reputación, Banks acudió al tribunal de apelaciones que, en febrero de 2023, falló parcialmente a su favor. Concluyó que había sufrido daños después de abril de 2020 debido a los comentarios de la charla TED de Cadwalladr que seguía publicada.
Resulta revelador que Banks no haya demandado ni a TED ni al periódico The Observer (donde aparecieron por primera vez los comentarios de Cadwalladr). Ambos medios tienen muchos más recursos financieros que Cadwalladr y no habrían sido afectados por el mismo tipo de presión que ella ha debido soportar.
[ Traducción: Nuevo: Estoy solicitando permiso para apelar en la Corte Suprema. No puede haber libertad de expresión verdadera en este país si después de probar que tus dichos son legales, te obligan a pagar £££ en gastos: un fallo devastador que paralizará el periodismo de interés público. Por @_EmmaGH]
“La naturaleza tóxica del debate público”
Una encuesta reciente de periodistas LGBTQI+ en el Reino Unido arrojó que el 78 % de los encuestados sentía que el país se estaba volviendo un “lugar más peligroso” para ser periodista LGBTQI+: el 86 % había experimentado abuso y acoso; y el 78 % dijo que los medios de comunicación no estaban haciendo lo suficiente para proteger a sus empleados LGBTQI+. El estudio también concluyó que el riesgo de abuso era particularmente alto cuando había cobertura mediática de temas trans.
El creciente abuso contra periodistas LGBTQI+ se refleja en la experiencia de la población LGBTQI+ del Reino Unido en general.
En un informe basado en su reciente visita al Reino Unido, Victor Madrigal-Borloz (experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género) atribuye este aumento de abusos homofóbicos, así como el “aumento desenfrenado de los crímenes de odio”, a la “naturaleza tóxica del debate público en torno a la orientación sexual y la identidad de género”. Señala como responsables a los políticos, los medios y los comentaristas de las redes sociales cuya “retórica abusiva” ha alimentado esta peligrosa tendencia.
[ Traducción: #ReinoUnido: Mantenga la calma y respete la diversidad –@victor_madrigal: La retórica abusiva de los políticos, los medios y los comentaristas sociales ha llevado a un discurso de odio cada vez mayor contra las personas #LGBT y podría poner en peligro los logros en el combate contra la discriminación en el Reino Unido. ]
En su Rainbow Europe Map and Index (publicado este mes), ILGA-Europa también atribuye responsabilidad a prominentes políticos británicos y a los principales periódicos del Reino Unido. En ese informe, la organización muestra de manera clara la relación que existe entre la retórica antitrans de voces destacadas y el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI+.
Presos políticos y un indulto presidencial
Mayo en Bielorrusia terminó con la sorprendente noticia del indulto presidencial del editor de NEXTA, Raman Pratasevich, menos de tres semanas después de que fuera sentenciado a ocho años de prisión por varios cargos falsos.
Si bien los miembros de IFEX celebraron el indulto de Pratasevich, también pidieron la liberación de los más de 30 periodistas encarcelados en Bielorrusia. En declaraciones a Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) expresó además su preocupación de que Pratasevich pudiera ahora ser utilizado como herramienta de propaganda por el régimen del presidente Alexander Lukashenka.
El indulto de Pratasevich fue comunicado un día después del Día de Solidaridad con los Presos Políticos de Bielorrusia (21 de mayo).
El Centro de Derechos Humanos Viasna—cuyo presidente, el ganador del Premio Nobel Ales Bialiatski, cumple actualmente una sentencia de prisión de diez años por cargos falsos—designó el 21 de mayo como Día de la Solidaridad, al cumplirse dos años de la muerte en prisión del activista Vitold Ashurak.
Se organizaron varios eventos solidarios en Europa y Estados Unidos.
Más de 100 premios Nobel firmaron la carta pública de PEN International pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Ales Bialiatski y el fin de la represión de las voces independientes en Bielorrusia.
IFEX también se unió a organizaciones de derechos humanos en una declaración pública en la que manifiestan su solidaridad con los presos políticos y condenan las duras y degradantes condiciones de detención de muchos de ellos.
A finales de mes, tras un juicio a puertas cerradas, el periodista Yauhen Merkis fue condenado a cuatro años de prisión por dudosos cargos de “extremismo”. El mismo día, expertos de las Naciones Unidas pidieron a Bielorrusia que liberara a todos los detenidos políticos.
Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, actualmente hay más de 1.490 presos políticos en Bielorrusia.
[ Traducción: ✊ En este momento en #Vilna, representantes de las embajadas de Lituania, Polonia, República Checa, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Estonia, Irlanda y Países Bajos están leyendo los nombres de los presos políticos en #Bielorrusia #liberaralospresospolíticos #LibertadViasna ]
En breve
En Eslovaquia, Alena Zsuzsová fue condenada por ordenar el asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida en 2018. El empresario encarcelado Marian Kocner, cómplice de Zsuzsová, fue absuelto por falta de pruebas, a pesar de que había amenazado a Kuciak. RSF calificó al procedimiento judicial (que fue un nuevo juicio) de “debacle”. Zsuzsová, que también fue condenada por planear el asesinato de fiscales eslovacos, fue sentenciada a 25 años de prisión.
Legisladores en Hungría votaron este mes la despenalización parcial de la difamación. Ya no se considerará delito cuando se produzca “en el marco de la discusión de asuntos públicos y se haga a través de un producto periodístico o medio de comunicación”, y cuando quede claro que el comentario no tiene por objeto lesionar “la dignidad humana de la víctima”. Sin embargo, la difamación seguirá siendo un delito penal en toda otra circunstancia.