La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena al régimen dictatorial de Cuba por su ardid de "legalizar la censura", al aprobar una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa de los medios y periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 7 de junio de 2023.
«El régimen legaliza la censura con una nueva ley que le permite, a sus anchas, acabar con las críticas del periodismo independiente y con las opiniones de sus ciudadanos en internet.»
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena al régimen dictatorial de Cuba por su ardid de «legalizar la censura», al aprobar una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa de los medios y periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que «es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social». Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, dijo que «en sus más de seis décadas de existencia la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos».
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el 26 de mayo la Ley de Comunicación Social, que da amplios poderes al gobierno para controlar o cerrar medios de comunicación independientes y ensalzar la propaganda de los medios oficialistas, los únicos autorizados a operar en el país según la Constitución: «Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad», dice la norma.
Greenspon recordó que el gobierno cubano desató momentos implacables en contra de la libertad de prensa en años recientes, cuando el periodismo independiente pudo ser más crítico y libre. Recordó épocas en las que el régimen cerró todos los medios privados, la Primavera Negra de 2003, cuando fueron encarceladas 75 personas señaladas como disidentes, entre ellas más de dos docenas de periodistas, incluido el entonces vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP en Cuba, Raúl Rivero. También recordó que tras las protestas sociales de julio de 2021, el «11J», fueron detenidos numerosos ciudadanos y periodistas, entre otros, Henry Constantín, actual vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP, y que el régimen bloqueó los servicios de internet, telefonía móvil y las redes sociales.
«Ahora, después de expulsar a varios periodistas del país y restringir a medios y periodistas, el régimen legaliza la censura con una nueva ley que le permite, a sus anchas, acabar con las críticas del periodismo independiente y con las opiniones de sus ciudadanos en internet», subrayó Greenspon.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: «Queda claro que esta norma legitima al Estado para seguir censurando sin culpas, perseguir y amordazar. Es sorprendente la saña del régimen, si se tiene en cuenta su férreo sistema de censura, para el que utiliza el Código Penal, la Ley 88 y otros decretos».
El Código Penal castiga con prisión al autor de críticas a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. En su artículo 143, establece condenas de hasta 10 años de cárcel por la recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero.
La Ley 88, sobre protección de la independencia nacional y la economía, conocida como «ley mordaza», tipifica como delitos y condena con cárcel y confiscación de bienes a quien «suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley Helms-Burton», promulgada en 1996 para desalentar la inversión extranjera e internacionalizar y fortalecer el bloqueo económico contra Cuba. Esa fue la ley empleada contra 29 periodistas, condenados en 2003 a penas de hasta 28 años de cárcel.
El Decreto 370, que regula el uso de la internet, es utilizado para aplicar severas multas y decomisar equipos por, entre otros delitos, compartir publicaciones en redes sociales consideradas contrarias al gobierno.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, añadió que «el régimen cubano viola continuamente los estándares interamericanos favorables a las libertades de prensa y expresión, como la eliminación de la colegiación obligatoria de periodistas, la descriminalización de los delitos de difamación, la eliminación del delito de desacato para permitir críticas abiertas a las autoridades, y la creación de leyes de acceso a la información pública y de transparencia, para facilitar la fiscalización de los gobiernos por parte de periodistas y de la ciudadanía en general».
Las normas internacionales de protección de los derechos humanos prevén que eventuales restricciones de la libertad de expresión deben estar previstas por la ley, perseguir un fin legítimo, ser adecuadas para alcanzar ese fin legítimo, ser necesarias y proporcionadas o razonables. «Pero además –advirtió Jornet– establecen que las leyes nacionales que las dispongan se ajusten a normas y convenios internacionales, para no poner en peligro el derecho que se debe garantizar».
A lo largo de más de seis décadas de dictadura militar en Cuba, la SIP ha denunciado en forma permanente las atrocidades del régimen respecto de violaciones a las libertades de prensa y expresión.
El Índice Chapultepec, un barómetro de la SIP que desde 2019 mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas, ha mantenido a Cuba en lo más bajo del ranquin. Entre los mayores escollos a la libertad de prensa, el Índice pone énfasis en los siguientes hechos: represión policial, espionaje y bloqueo de internet con el apoyo de la estatal Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa), propaganda difamatoria contra periodistas y medios independientes a través de medios estatales y en redes sociales, falta de acceso a fuentes de información pública, criminalización de la actividad periodística a través de detenciones ilegales y citaciones policiales, y estricto control de la libertad de asociación mediante deportaciones y prohibiciones para que no puedan circular o hacer coberturas libremente por el país.