Junio de 2023 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Perú rechaza la llamada “Ley Mordaza” ante la movilización de periodistas e instituciones en defensa de la libertad de prensa. La nueva Ley de Comunicación Social de Cuba intensifica el control sobre los medios de comunicación independientes. Guatemala es escenario de agresiones a periodistas en un clima de creciente inquietud y altas expectativas tras la primera vuelta electoral. La violenta represión de manifestaciones en Argentina alcanza a la prensa con detenciones de periodistas. La Organización de Estados Americanos (OEA) elige a nuevos comisionados y casos de censura gubernamental en Estados Unidos provocan indignación.
Un triunfo: Perú rechaza “ley mordaza”
En una decisiva segunda votación, Perú frenó la propuesta de “Ley Mordaza”, cuya aprobación habría representado una amenaza potencial a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. El rechazo de una ley que pretendía imponer penas más severas en casos de difamación constituye una importante victoria para las instituciones periodísticas del país.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) celebraron este resultado favorable, atribuyendo el logro a su constante movilización y a los colegas de Lima y otras regiones que protestaron activamente contra el proyecto de ley.
No obstante, las organizaciones de la sociedad civil siguen preocupadas, ya que este triunfo no significa que las autoridades hayan abandonado su tendencia a emplear mecanismos legales para acallar a periodistas que osan ser críticos o que consideran molestos.
La nueva ley cubana asesta otro golpe a los medios de comunicación independientes
La aprobación de la Ley de Comunicación Social por la Asamblea Nacional del Poder Popular representa un nuevo revés para la libertad de expresión y los medios independientes en Cuba. Esta ley pretende regular el panorama de los medios en la isla, pero con ella se limita de manera desproporcionada a las voces de las organizaciones de prensa independientes. La norma estipula que las agencias de noticias, las radios, los canales de televisión y los medios impresos y digitales se consideran “propiedad socialista de todo el pueblo” o asociadas a organizaciones políticas, de masas o sociales, con lo que se excluye efectivamente a la prensa independiente.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenaron enfáticamente la aprobación de la ley, destacando la clara intención del régimen cubano de aumentar las formas de censura a través de restricciones administrativas y jurídicas, silenciando de esa manera el descontento social. Si bien el derecho al acceso a información veraz y objetiva está supuestamente consagrado en la constitución cubana, periodistas y organizaciones sostienen que en los hechos no se respeta plenamente. La nueva normativa restringe en gran medida el manejo de la información pública a los medios estatales, que actúan como intermediarios.
Curiosamente, la ley introduce disposiciones que permiten a los medios estatales obtener fondos a través de “publicidad socialista” y fuentes internacionales, lo que plantea una posible contradicción con la ideología anticapitalista del régimen. Dentro del capítulo de la ley sobre “comunicación social en el ciberespacio”, en el artículo 51 se afirma la necesidad de proteger los contenidos y su uso por terceros, tanto nacionales como extranjeros, salvo que medie consentimiento expreso de los usuarios o de las autoridades competentes. Además, la ley prohíbe la creación de realidades distorsionadas a partir de imágenes, textos y contenidos de audio y video preexistentes.
Es difícil no ver a esta nueva ley como otra medida más del gobierno cubano para instrumentalizar gradualmente normas dirigidas a controlar el acceso a la información y desalentar a voces críticas. En 2021, por ejemplo, el gobierno adoptó una regulación que penalizaba la difusión de información “falsa” y “ofensiva” en línea, facultando ampliamente a las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio. Mediante esa norma se prohibió específicamente la divulgación de mensajes o noticias falsas y contenidos considerados ofensivos o que incitaran a actos que alteraran el orden público. Además, se estableció un mecanismo para que la ciudadanía denunciara posibles infracciones, mientras todo aquel que se considerara que intentaba “subvertir el orden constitucional” podría ser calificado de “ciberterrorista”.
Guatemala: la libertad de expresión amenazada de cara a los comicios presidenciales
El reciente fallo que condena a seis años de prisión al periodista José Rubén Zamora ha suscitado preocupación por la situación de la libertad de expresión en Guatemala, en particular en vista de las elecciones presidenciales en curso. Medios de prensa y organizaciones criticaron ampliamente la sentencia, a la que calificaron de ataque a la libertad de prensa, y expresaron temor por los efectos que podría tener en los procesos democráticos del país. La falta de independencia judicial en Guatemala ha sido fuertemente criticada desde la SIP, que ve la condena de Zamora como un nuevo agravamiento de las amenazas a la labor periodística. Según la SIP, este caso es un claro ejemplo de cómo se está utilizando el sistema judicial para silenciar voces críticas.
La red Rompe el Miedo Guatemala, gestionada por ARTICLE 19 México y Centroamérica, también ha manifestado su preocupación ante la condena de Zamora, destacando que se da en el marco de una tendencia más amplia de incremento de los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos en Guatemala. Al pronunciarse justo antes de las elecciones generales, la sentencia suscitó inquietudes respecto al impacto que podría tener en la libertad de expresión y la democracia en el país. En una entrevista concedida a El hilo, un pódcast producido por Radio Ambulante Estudios, Zamora hizo hincapié en que su caso no es un incidente aislado sino que forma parte de un patrón de ataques a periodistas en Guatemala.
En mayo, ocho organizaciones internacionales, apoyadas por dos redes defensoras de la libertad de expresión y de prensa, entre ellas IFEX-ALC, visitaron Guatemala con el fin de evaluar la situación de cara a las elecciones generales. La misión evidenció la estigmatización, criminalización y judicialización de periodistas y comunicadores en el país.
En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, la creciente indignación ante la corrupción política y el deterioro de la democracia ha generado altas expectativas. El candidato centrista Bernardo Arévalo fue la gran sorpresa del fin de semana electoral al asegurarse un lugar en la segunda vuelta, tras enfrentar a figuras del establishment como Sandra Torres, veterana política y ex primera dama acusada de corrupción, y Zury Ríos, hija del ex dictador militar Efraín Ríos Montt.
El inesperado surgimiento de Arévalo como uno de los favoritos, lo ha catapultado al centro de la atención de todo un país que espera ansiosamente los resultados del balotaje previsto para el 20 agosto.
Argentina: represión y detenciones en Jujuy
La aprobación de una nueva constitución en la provincia argentina de Jujuy desató protestas y dio lugar a violentas represiones contra manifestantes y periodistas. Las protestas se prolongaron durante casi dos semanas, alcanzando su pico más alto en el fin de semana del 20 de junio, que terminó con la detención de una veintena de manifestantes y dos periodistas. Comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales se levantaron en contra de la reforma constitucional, cuya aprobación llevó menos de un mes y que fue sancionada en una sesión cerrada.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que no se consultó a la ciudadanía para redactar la nueva constitución y que esta criminaliza el derecho a la protesta e ignora las voces de los pueblos indígenas de la región sobre el uso de las tierras que habitan, en una zona del país conocida por la minería y la explotación de litio.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció la “feroz represión” en Jujuy, tras la detención de decenas de personas durante los operativos policiales contra las protestas por la reforma constitucional. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se sumó a la indignación, repudiando la detención por parte de las autoridades de dos trabajadores de la prensa que estaban “claramente identificados” como tales.
“Los colegas Luciano Aguilar (La Izquierda Diario) y Camilo Galli (corresponsal en la Quebrada del diario digital El Submarino) cubrían la represión policial contra militantes de comunidades indígenas y vecinos que protestaban contra la reforma constitucional”, denunció FOPEA en redes sociales. “Entre empujones y golpes de efectivos policiales, fueron arrastrados, subidos a una camioneta policial y trasladados al penal de Alto Comedero, a 60 kilómetros del lugar”.
FOPEA también expresó su preocupación por la inclusión de los teléfonos de dos periodistas en un listado de líneas peritadas por la Justicia de Jujuy.
En breve
La 53a Asamblea de la OEA reeligió al comisionado Stuardo Ralón de Guatemala y eligió a Christopher Arif Bulkan de Guyana, Gloria Monique de Mees de Surinam y Andrea Pochak de Argentina para integrar el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el período 2024-2027.
Estados Unidos: PEN América reaccionó a la eliminación del aclamado libro autobiográfico de Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me (Entre el mundo y yo), de un curso de nivel avanzado de la enseñanza secundaria del estado de Carolina del Sur, calificando al hecho de “vergonzosa censura gubernamental”. A principios de junio, alumnos de un grupo de la secundaria Chapin High School habían denunciado a una docente por incluir el libro de Ta-Nehisi Coates y dos videos cortos relacionados en los materiales de su unidad de ensayo argumentativo. La unidad, que forma parte de la preparación para la prueba de Lenguaje de Nivel Avanzado, que puede ser revalidada por créditos en muchas universidades, incluía preguntas de reflexión tales como: “¿Cree que el racismo es un problema endémico en Estados Unidos? Explique por qué o por qué no.”
RSF condenó enérgicamente la sentencia dictada en Estados Unidos contra las reporteras Matilda Bliss y Veronica Coit el 16 de junio por ingresar ilegalmente a una propiedad. Las periodistas habían sido detenidas en la noche de Navidad de 2021 cuando cubrían un operativo policial nocturno contra un asentamiento de personas sin hogar en un parque público de la ciudad de Asheville, en el estado de Carolina del Norte. RSF expresó su preocupación sobre las implicancias de este fallo para la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para informar sobre temas que afectan a comunidades vulnerables.