La Comisión "podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura" ... "con llamativa frecuencia, en América Latina y en otras latitudes los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad de expresión o buscan imponer una verdad oficial".
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 14 de julio de 2023.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que subsisten «luces de alarma» por las funciones que tendrá la Comisión contra la Desinformación recientemente creada en Chile, la que podría afectar las libertades de prensa y de expresión.
El presidente de la Comisión Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, fue invitado por la Comisión de Constitución del Senado de Chile para exponer el punto de vista de la organización. También expuso la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, y la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén EtchevGerry.
En su presentación inicial, Vallejo dijo que en su primera sesión, el grupo asesor de la Presidencia precisó que «la prensa no estará alcanzada por el análisis de la comisión», que la comisión «no definirá lo que es verdad y lo que no lo es» y que «una de las cosas que no se hará es tomar medidas punitivas», en momentos que hay el Congreso proyectos que «hasta hablan de penas de cárcel para quienes difundan desinformación».
Jornet dijo que esas palabras despejan algunas de las dudas que había planteado la SIP, pero consideró una contradicción que la ministra haya señalado la necesidad de preservar y proteger al periodismo pero sin consultar previamente a representantes del sector.
«En el tema de la desinformación –dijo Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior-, no sólo no debe haber políticas dirigidas específicamente contra los medios, sino que tiene que trabajarse en políticas activas. Porque los medios somos en parte víctimas de este fenómeno, ya que enfrentamos una creciente competencia de redes sociales, con un volumen extraordinario de información que muchas veces la sociedad no está preparada para recibir».
En concordancia con la posición expresada por la SIP en junio sobre que la Comisión «podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura», Jornet agregó: «Con llamativa frecuencia, en América Latina y en otras latitudes los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad de expresión o buscan imponer una verdad oficial».
«Los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí y luego van virando rápidamente a medidas que generan censura y resuelven qué es real y qué no es verdad.»
Jornet añadió que si bien esto posiblemente no ocurra en Chile «sí se activan luces de alarma, y esperamos que no se termine afectando las libertades de prensa y de expresión».
El directivo de la SIP elogió el debate en la Comisión del Senado. «Es un debate que todas las democracias tienen que realizar y debe estar integrado con políticas claras dirigidas a proteger la actividad periodística». En ese sentido, dijo que «si bien la desinformación es un tema que nos preocupa, no creemos que regular sea el camino».
Por último, Jornet coincidió con Vallejo sobre que el gobierno debe trabajar intensamente en programas de alfabetización mediática y digital, y reforzar con políticas públicas claras para alentar la sustentabilidad del periodismo y los medios, «debilitados por las acciones de las plataformas digitales».
Vallejo concluyó diciendo que después de que la Comisión emita su informe final, en noviembre, se organizarán discusiones públicas sobre el tema, y agregó que «esto no excluye al Congreso Nacional, para que debatir y tramite los proyectos de ley».
En su momento, la SIP observó que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación. «El espíritu de estos documentos es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura».
El Diario Oficial publicó el 20 de junio el decreto de creación de la Comisión contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tiene como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales; y hará recomendaciones sobre políticas públicas.