Noviembre de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Las expresiones de solidaridad con los palestinos reciben una respuesta amedrentadora; se celebra el Día Internacional de Solidaridad con Bielorrusia; y Rusia continúa su persecución de disidentes, “agentes extranjeros” y personas LGBTQI+.
Intentos por silenciar las manifestaciones pro-Palestina en Europa
En octubre y noviembre el espacio cívico se vio crecientemente asediado por las autoridades de varios países europeos que buscaron restringir (y hasta calumniar) las expresiones populares de solidaridad con los palestinos y las protestas contra el bombardeo israelí de Gaza.
En noviembre, ARTICLE 19 y PEN International emitieron declaraciones condenando la imposición de prohibiciones, restricciones y presiones políticas contra manifestaciones y actos pro-Palestina en Austria, Francia, Alemania, Hungría, Suiza y el Reino Unido. Ambas organizaciones recordaron a los Estados la obligación que tienen de proteger los derechos de sus ciudadanos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica en una democracia real.
En Alemania, la respuesta de las autoridades a los actos de solidaridad con el pueblo palestino, especialmente en las primeras semanas después del ataque perpetrado por Hamás contra civiles israelíes el 7 de octubre, fue dura y generó un ambiente intimidante para la libertad de expresión. Miembros de la comunidad palestina de Berlín declararon a Reuters que “no se animan a manifestar por miedo a que los acusen de ser partidarios de Hamás, en un país donde el apoyo a Israel es sagrado”.
En un artículo que describe la reacción de las autoridades alemanas (explicada en parte por el enfoque muy parcial del Estado alemán con respecto a la cuestión de Israel y los Territorios Ocupados), el periodista Ben Mauk analiza algunas de las prohibiciones impuestas y los arrestos efectuados en lo que han sido muchas veces actos menores de solidaridad con el pueblo palestino. También describe las posturas islamófobas y antiinmigrantes expresadas por algunos destacados políticos tras el 7 de octubre, la fuerte presencia policial que suele haber en barrios con grandes poblaciones musulmanas y lo que él mismo vivió cuando cubría una protesta no autorizada en su barrio de Berlín:
“Durante varios días, el barrio parecía estar bajo ocupación policial, con una presencia constante en las calles de patrullas armadas y furgonetas policiales. En la manifestación, vi cómo decenas de policías antidisturbios incitaban y agudizaban confrontaciones con los manifestantes, golpeando y agrediendo brutalmente a todo el que cantara “Palestina libre, libre” en la calle o agitara banderas palestinas. Cuando intenté filmar un arresto particularmente violento de una persona con una bandera palestina, un oficial de policía me roció con gas lacrimógeno a pesar de que tenía a la vista mi carné de prensa”.
Mauk es uno de los más de 100 escritores, periodistas, académicos y trabajadores de la cultura judíos que publicaron una carta abierta en octubre en la que exhortaban a Alemania a “respetar sus propios compromisos con la libertad de expresión y el derecho de reunión”.
[ Traducción: Este es el momento en que agentes de policía de Berlín atacaron a un hombre que estaba parado en la acera sosteniendo una bandera palestina. El video no llega a captar cuando varios policías lo agarran violentamente, empujándolo contra un auto y golpeándolo. Luego de rociar al manifestante con gas pimienta, un oficial arremetió contra quienes filmaban, rociándolos también a ellos.
El oficial roció deliberadamente a un grupo de personas que filmaban, entre las que me encontraba (lo que me hizo perder el video). Es posible que varios otros hayan grabado esta agresión (agradezco que me envíenme lo que puedan conseguir), pero para mí ¡ese fue el final de la noche! ]
En octubre, el Ministerio del Interior de Francia emitió una directiva que prohibía toda manifestación pro-Palestina. Inmediatamente después de que se anunciara la prohibición, la policía disolvió una protesta de miles de personas en París utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua. El Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Francia, dictaminó posteriormente que se podía continuar con las prohibiciones de protestas, pero que estas debían autorizarse caso por caso.
En el Reino Unido, una nefasta mezcla de islamofobia y oportunismo político marcó la respuesta del gobierno a las acciones de solidaridad con Palestina y a las protestas contra la guerra. Con el respaldo de varios tabloides de orientación derechista, la ministra del interior de extrema derecha, Suella Braverman, que luego fue destituida, tildó a estas manifestaciones abrumadoramente pacíficas de “marchas del odio” antisemitas, “islamistas” y “afirmaciones de primacía” por parte de extremistas. También pretendía prohibir una manifestación pro-Palestina prevista para el Día del Armisticio (11 de noviembre) y fue acusada de “incitar” a grupos de extrema derecha a salir al choque de ese acto. Ese día, los islamófobos de extrema derecha se volcaron al centro de Londres donde atacaron a la policía entonando cánticos de “Ya no eres inglés” e “Inglaterra hasta la muerte”.
Las manifestaciones a favor de Palestina también sufrieron fuertes presiones en los campus universitarios del Reino Unido. Muchos académicos han reportado un aumento de la vigilancia en redes sociales, lo que ha llevado a que tanto docentes como estudiantes sean denunciados ante las autoridades universitarias y la policía y en el marco de la estrategia antiterrorista Prevent. Los palestinos y las personas de color representan la gran mayoría de los denunciados y en algunos casos han llegado a ser investigados o suspendidos de sus instituciones académicas. El sitio de noticias Middle East Eye entrevistó a una estudiante que “fue denunciada por una publicación en redes sociales que no era de ella” y que estuvo “detenida durante 15 horas en una celda policial bajo vigilancia por riesgo de suicidio”.
En las semanas posteriores al ataque de Hamás en octubre, en Europa se sucedieron casos de lo que se conoce como “cancelación”, en los que destacadas figuras culturales o producciones artísticas consideradas simpatizantes del pueblo palestino (o críticas de Israel) son censuradas o marginadas en una práctica que se conoce como “deplatform”, que implica impedir que alguien exprese su opinión en plataformas o foros públicos.
Algunos ejemplos destacados incluyen la cancelación por parte de la Feria del Libro de Fráncfort de una ceremonia de premiación de una novela de la escritora palestina Adiana Shibili; la decisión de la Universidad Liverpool Hope de suspender una conferencia del renombrado historiador y crítico israelí Avi Shlaim; la eliminación de la película Wajib, una comedia palestina, de la programación de la cadena de televisión alemana ARD debido a su “enfoque narrativo”; y la cancelación de un festival de cine palestino en Bristol (Reino Unido).
El periódico Forward ha publicado una lista no exhaustiva de cancelaciones y despidos de personas y eventos (que va más allá de Europa) por sus supuestas simpatías pro-Palestina.
Solidaridad con Bielorrusia
Si bien continúa la represión de voces críticas en Bielorrusia, también continúan los actos internacionales de solidaridad con quienes son atacados por el régimen de Alexander Lukashenka.
En noviembre, grupos de la sociedad civil, activistas y políticos conmemoraron el Día Internacional de Solidaridad con Bielorrusia, y la Unión Europea (UE) volvió a pedir la liberación inmediata e incondicional de los casi 1.500 presos políticos de Bielorrusia.
Continuó el Maratón de Solidaridad mundial de apoyo a periodistas encarcelados, impulsado por la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ, por sus siglas en inglés), al que se sumó la líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya desde el exilio, así como políticos de alto rango de Lituania e Irlanda y miembros de IFEX. También hubo actos de solidaridad en la República Checa, Canadá, Polonia, Ucrania y el Reino Unido.
[ Traducción: “Cada día de sus vidas que pasan en prisión significa planes sin cumplir y oportunidades perdidas de abrazar a sus hijos”.
La líder de la oposición exiliada @Tsihanouskaya y políticos y diplomáticos de la UE se unieron al maratón de solidaridad con los periodistas encarcelados impulsado por @baj_by. https://ow.ly/1kyU50QaeE9 #StandWithBelarus ]
Reporteros Sin Fronteras (RSF) realizó una actividad de solidaridad con la editora bielorrusa encarcelada Maryna Zolatava, enviando a las embajadas de Bielorrusia en París, Londres, Berlín, Berna, Estocolmo, Viena y Washington DC cientos de mensajes de apoyo a la periodista en el día de su cumpleaños.
El invaluable trabajo de BAJ, que publicó un informe en noviembre sobre la situación de los medios independientes y la sociedad civil en el último año, fue reconocido una vez más cuando la organización recibió el Premio de la Sociedad Civil 2023 del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental.
En noviembre, Alexander Mantsevich, director del periódico Regionalnaya Gazeta, fue condenado a cuatro años de prisión por “desacreditar a Bielorrusia”.
Ese mismo mes, el Tribunal Supremo redujo en seis meses la condena del periodista independiente Viachaslau Lazarau, quien ahora deberá cumplir cinco años en prisión. También se conmutó la condena de tres años de su esposa, Tatsiana Pytsko, por una pena no privativa de libertad por igual cantidad de años. En septiembre, la pareja había sido declarada culpable de trabajar con el canal de televisión Belsat TV, calificado de “extremista” por las autoridades.
Una sentencia impactante y un indulto inquietante
En Rusia, las autoridades continúan persiguiendo a quienes critican la invasión de Ucrania.
Este mes impactó la sentencia de siete años de prisión dictada contra Aleksandra Skochilenko. La artista y activista fue condenada en virtud de una ley introducida poco después de que Rusia invadiera Ucrania que prohíbe la difusión de información “falsa” sobre el ejército. La acusación se basó en un acto de denuncia que llevó a cabo Skochilenko en marzo de 2022 reemplazando los precios de productos de supermercado con información sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.
[ Traducción: En el tribunal para escuchar la sentencia de Sasha Skochilenko, condenada a 7 años de prisión. Fue arrestada el año pasado después de reemplazar las etiquetas de los precios de productos de supermercado con mensajes críticos contra la guerra de Rusia en Ucrania. En San Petersburgo fue declarada culpable de difundir “información falsa” sobre el ejército ruso.]
Otra noticia inquietante de Rusia fue el indulto de Sergei Khadzhikurbanov, uno de los hombres condenados por el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) calificó la decisión de indultar a Khadzhikurbanov de “repudiable perversión de la justicia” y su abogado dijo que se concedió el indulto a cambio de que su cliente aceptara combatir junto al ejército ruso en Ucrania.
En noviembre también se sumaron nuevas incorporaciones a la lista rusa de los llamados “agentes extranjeros”. Entre ellos están el ex primer ministro exiliado y crítico de la guerra contra Ucrania, Mikhail Kasyanov, y The Moscow Times.
Grupos de derechos humanos y organizaciones de medios de comunicación continúan haciendo campaña por la liberación de la periodista de Radio Free Europe Radio Liberty (RFE/RL), Alsu Kurmasheva, detenida a la espera de juicio. El crimen del que se la acusa es el no haberse registrado como “agente extranjero”.
La continua guerra legislativa de las autoridades rusas contra las personas LGBTQI+ no muestra señal alguna de disminuir. Este mes, el Ministerio de Justicia inició procedimientos legales para que se declare extremista al “movimiento LGBT público internacional” y se prohíban sus actividades. El hecho fue ampliamente condenado, entre otros por Amnistía Internacional, que comentó:
“De concretarse, esto dejaría a las personas LGBTQI+ en Rusia a merced de medidas arbitrarias por parte de las autoridades. Convertiría en delito todo acto en defensa de los derechos LGBTQI+. Se podría encarcelar a cualquiera por acusaciones infundadas de extremismo si el Estado simplemente considera a esa persona como parte del llamado “movimiento LGBT público internacional”. Incluso símbolos como la bandera del arco iris podrían prohibirse por extremistas”.
En Rusia, toda persona que participe en las actividades de una organización declarada “extremista” podría ser acusada penalmente y en caso de ser condena podría enfrentar penas de prisión muy largas.