En una edición especial de año nuevo del resumen mensual de noticias de las Américas elaborado por IFEX, la editora regional Laura Vidal analiza el futuro de Argentina tras la elección de Javier Milei.
Esta es una traducción del artículo original.
La presidencia de Javier Milei en Argentina marca un quiebre para el país, que augura tiempos difíciles para la libertad de expresión y el acceso al espacio cívico. Con Milei en la conducción del gobierno nacional, es posible que en los próximos años el pueblo argentino sufra importantes retrocesos y cambios significativos en políticas, así como recortes de derechos, especialmente para las mujeres. La sociedad civil está llamada a jugar un papel crucial en la protección de la democracia argentina, que tanto costó recuperar.
Un voto por el cambio, un voto por la inestabilidad
El electorado argentino apostó por un cambio radical y el resultado es un país sumido en una mayor incertidumbre. El triunfo de Javier Milei en las urnas se dio en medio de una hiperinflación y un desencanto generalizado, en particular entre las generaciones más jóvenes, desilusionadas con las figuras políticas tradicionales. Pero quienes están comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales se preparan para dar batalla. A juzgar por las promesas y la retórica de Milei, les esperan años para nada fáciles.
La relativización que hace Milei de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura argentina y su intención de revertir la despenalización del aborto – una importante conquista en la lucha por los derechos de las mujeres y una aspiración para el resto de la región – presagian tiempos complicados. En particular, el novel presidente ha dicho que su gobierno desmantelaría la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros cierres de organismos importantes que ha anunciado. Esto constituiría una medida sin precedentes desde la restauración de la democracia en Argentina.
Tecnologías para la represión – la sociedad civil y los gobiernos locales oponen resistencia
La administración de Milei no perdió tiempo en anunciar que reprimiría al espacio cívico, utilizando tecnologías de avanzada para la identificación de manifestantes. Argentina ha estado a la vanguardia en la aplicación de políticas de identificación biométrica, que han ido incorporando cada vez más elementos tecnológicos sofisticados. Según informan medios locales, existen al menos tres sistemas automatizados de reconocimiento facial en el país, que se utilizan en diversos entornos, desde estadios hasta terminales de transporte público. La sociedad civil argentina ha advertido enérgicamente sobre los riesgos de estas tecnologías, lo que ha dado lugar a acciones judiciales y campañas como Con mi cara no.
En su primer discurso como presidente, Milei dejó en claro su postura de mano dura con las protestas, advirtiendo a los potenciales manifestantes que “el que corta, no cobra”, en referencia a la intención de su gobierno de retirarles toda asistencia financiera a quienes corten las calles. Ante las protestas anunciadas para diciembre, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció:
“Vamos a identificar a las personas. Que sepan que las vamos a identificar. Porque vamos a tener cámaras, vamos a tener drones, vamos a tener distintas formas de identificarlas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó comunicaciones ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando el protocolo contra protestas sociales y las medidas del gobierno para impedir y reprimir las manifestaciones públicas. La denuncia fue respaldada por 1.700 firmas de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, grupos ambientales, grupos de pueblos indígenas y migrantes, así como de colectivos transfeministas, religiosos, de infancias, estudiantiles y políticos.
Luego de la multitudinaria manifestación del 20 de diciembre de 2023, se solicitó al gobierno pretransición que facilitara la información recogida por las cámaras. Este se negó, aduciendo que el sistema no estaba habilitado para uso ni técnica ni judicialmente y que la solicitud constituía una criminalización de la protesta.
Pero la lucha recién empieza. El CELS volvió a pedir a la CIDH que intercediera luego de que los días 10 y 11 de enero organizaciones gremiales, sociales y políticas recibieran notificaciones judiciales del gobierno reclamándoles cuantiosas sumas de dinero como pago por haber participado en manifestaciones públicas.
Un panorama preocupante para la libertad de prensa y el movimiento feminista
De lo que no se puede acusar a Milei es de ser inconsecuente. Su accionar se ajusta a un patrón de comportamiento que viene demostrando desde hace años. El desprecio por el periodismo ha sido un elemento destacado de su discurso desde sus épocas de comentarista económico. Su actitud antagónica, caracterizada por ataques verbales y amenazas de demandas judiciales, ha suscitado alarma. Sus planes de desmantelar los medios públicos evidencian un menosprecio inquietante por la libertad de prensa. Organizaciones como Reporteros Sin Frontera (RSF) sigue de cerca esta situación y ha dado la voz de alerta.
El paso de Milei por la televisión y la radio como analista económico comenzó en 2018 y se caracterizó por una serie de ataques contra periodistas, a quienes calificaba de “ignorantes”, “imbéciles” y “burros”. Su actitud hostil hacia la prensa recrudeció justo antes de ser electo diputado en 2021 y luego cuando inició acciones judiciales contra cinco periodistas durante su mandato legislativo. Si bien ya era conocido por sus dichos incendiarios, su agresividad pasó a otro nivel al amenazar a unos periodistas con violencia física, llegando incluso a empujarlos, durante sus apariciones en televisión. Como era de esperarse, desde que asumió la presidencia se han registrado nuevos ejemplos de su discurso estigmatizador; entre otros, tildó de “mentirosa” a una periodista y la acusó de organizar un complot en su contra.
“La pregunta es cómo seguir informando mientras temblamos de miedo”
Los seguidores de Milei, emulando su retórica, han incrementado el acoso a periodistas, especialmente a periodistas mujeres. Ha llegado a un punto tal que algunas periodistas optan por mantener un perfil más bajo o preservar su integridad física abandonando el país. Ese es el caso de la periodista Luciana Peker, que se fue de Argentina tras recibir amenazas violentas: “Nos enfrentamos a una caza de brujas de la ultraderecha”, declaró al diario británico The Guardian.
Camila Parodi, antropóloga social y periodista feminista, dijo al medio Latin America Journalism que la libertad de expresión era particularmente problemática para periodistas que cubren o trabajan desde la periferia social y geográfica, y que quienes ejercen el periodismo desde medios feministas, populares o autogestivos sufren persecución y ataques.
Se prevé que su labor en el período que se inicia será aún más difícil.
Claudia Piñeiro y Giselle Leclercq, que cubren el movimiento de mujeres y el movimiento libertario, respectivamente, han sufrido un intenso acoso en línea y son víctimas de la práctica conocida como doxxing, que consiste en la difusión de información privada o datos identificativos en internet con intenciones maliciosas.
Según Leclercq, el mensaje de Milei ha resonado entre una parte de la población que está “muy enojada con el avance de los derechos de género, enojada con el feminismo y los escolares amargados porque sus compañeras de clase de repente se empoderaron y los enfrentaron”. Ante esta reacción, la pregunta que se plantea Claudia Acuña, fundadora de Periodistas Argentinas, un grupo feminista de libertad de prensa integrado por 220 mujeres comunicadoras, es “¿cómo seguir informando mientras temblamos de miedo?”.
Promesas de erosionar los derechos de las mujeres
A tres años del histórico logro que colocó a Argentina entre los primeros países grandes de América Latina en despenalizar el aborto, las activistas por los derechos de las mujeres se preparan ahora para dar batalla nuevamente. El movimiento feminista argentino está profundamente preocupado por la oposición de Milei al aborto, a la educación sexual obligatoria en las escuelas y a la cobertura médica gratuita para tratamientos de reasignación de género, entre otros temas.
La tajante calificación de Milei del aborto como “asesinato” y la promesa que hizo en campaña de que convocaría a un plebiscito para derogar la ley de aborto si llegaba a la presidencia exacerban aún más estas preocupaciones. También ha tildado a quienes defienden el derecho al aborto de “personas con el cerebro lavado por una política asesina”.
Los argentinos que llevaron a Milei al triunfo electoral esperan cambios económicos drásticos. Si su gobierno no cumple con lo prometido en ese tema, podrían enfrentarse a un panorama económico ya conocido. Pero esta vez vendrá acompañado de un costo adicional: el posible sacrificio de derechos fundamentales y el debilitamiento de la democracia.
En este clima político, el papel de la sociedad civil y los gobiernos locales en Argentina resulta crucial. Estos actores han trabajado constantemente para contrarrestar políticas que amenazan los logros conquistados. Las manifestaciones de diciembre, así como las iniciativas de muchos grupos contra usos abusivos de la tecnología, son testimonio de su compromiso y efectividad. Han impulsado cambios positivos de políticas en el pasado y están preparados para mantenerse firmes frente a los intentos por revertir esos avances.
La región en breve
La dramática escalada de violencia que vive Ecuador llegó a un punto álgido el 9 de enero cuando bandas criminales tomaron las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil. Este ataque se produjo en el marco de una serie de asaltos en distintas partes del país y llevó al gobierno ecuatoriano a declarar un estado de conflicto armado interno. El canal estuvo 24 horas fuera del aire tras el ataque, lo que pone de relieve la situación precaria de la libertad de prensa en la región. Unos días después, en una estación de radio local, un periodista fue obligado a leer una declaración de un grupo criminal dirigida a distintos sectores de la ciudad de Tulcán y de la provincia de Carchi, ambas fronterizas con Colombia.
¿Por qué matan a periodistas en México? El miembro de IFEX ARTICLE 19 México y Centroamérica publicó Veracruz de los Silencios, un estudio sobre la violencia contra los trabajadores de la prensa en el Estado mexicano de Veracruz entre los años 2010 y 2016, período en el que hubo al menos 17 periodistas asesinados y 3 desaparecidos. El estudio subraya el papel de los cárteles de la droga y de las autoridades gubernamentales, y señala también a las compañías de medios como fuerza perjudicial. Revela un panorama de miedo, investigaciones ineficaces y creciente poder de los autores de los hechos de violencia.
En colaboración con el miembro de IFEX Abraji, Farol Jornalismo publicó un informe especial titulado Periodismo en Brasil: 2024. Destaca los desafíos que enfrentará el periodismo este año, entre ellos la crisis climática, las elecciones municipales, el uso de la inteligencia artificial, la cuestión de la desinformación y los esfuerzos por conquistar al público. Se trata de la octava edición de este informe especial, que contiene análisis y proyecciones de periodistas e investigadores sobre el año que comienza.
