Las reformas de "regeneración democrática" propuestas por el presidente Sánchez no abordan la urgente necesidad de derogar la infame ley de Seguridad Ciudadana, apodada "Ley Mordaza".
Este artículo fue publicado originalmente en europeanjournalists.org el 20 de agosto de 2024.
Las organizaciones del consorcio Media Freedom Rapid Response (MFRR) hacen un llamado al gobierno español para que derogue por completo la denominada ‘Ley Mordaza’ como parte de sus anunciados esfuerzos de “regeneración democrática”. Si bien acogemos con satisfacción los cambios iniciales propuestos a la ley, estos son insuficientes con respecto a la derogación total de la misma, necesaria para proteger la libertad de expresión en España.
En España, una problemática ley de hace una década sigue dificultando la capacidad de los periodistas para desempeñar sus labores, a pesar de una evaluación general positiva sobre la libertad de prensa por parte de la Comisión Europea en su último informe sobre el estado de derecho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio su intención de aprobar un paquete de reformas de “regeneración democrática” con la intención de mejorar el panorama mediático nacional. Lamentablemente, estas reformas no abordan la necesidad urgente de derogar la tristemente célebre Ley de Seguridad Ciudadana, apodada ‘Ley Mordaza’ por sus críticos ya desde antes de su aprobación. Esta ley, problemática en muchos aspectos, representa un obstáculo significativo para la libertad de prensa y debe ser derogada – no simplemente modificada.
Una década de periodismo amordazado en España
La llamada ‘Ley Mordaza’, formalmente conocida como la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, fue aprobada por el Partido Popular (PP) a pesar de una fuerte oposición. La ley otorga amplios poderes a las fuerzas del orden e impone altas multas para una serie de actos entre los que se incluyen el resistir o faltar al respeto a las autoridades, negarse a identificarse y la difusión no autorizada de imágenes de agentes durante operaciones policiales.
Desde el principio, grupos defensores de la libertad de prensa y de expresión criticaron el lenguaje vago de la ley por temor a que sus disposiciones pudieran usarse para atacar a periodistas, especialmente, durante la cobertura de manifestaciones o actos de desobediencia civil. Estos temores se han confirmado en la práctica con numerosos periodistas multados, en particular, fotoperiodistas por publicar imágenes de policías como parte de su trabajo de información, creando así un efecto disuasorio.
Entre los casos más destacados existe el del fotoperiodista de El País, Albert García, quien se enfrentó a una pena de prisión y, posteriormente, a una multa antes de ser finalmente absuelto en noviembre de 2021. En total, la ‘Ley Mordaza’ ha resultado en casi 300,000 sanciones desde su aprobación.
Los desacuerdos sobre aspectos clave de la ley han bloqueado algunos intentos tímidos de reformarla e impedido que se siguiera debatiendo sobre ella en el Parlamento. El Tribunal Constitucional español también ratificó la mayor parte de la ley en el año 2021, excepto por una modificación al artículo 36.23 sobre el uso no autorizado de imágenes de agentes de policía, que desde entonces ya no es una infracción “grave”.
Por qué las nuevas propuestas son insuficientes
La nueva propuesta de modificación de PSOE y Sumar requeriría que las imágenes difundidas presenten un riesgo “verificable” para las fuerzas de seguridad del Estado, el cual debería detallarse en un informe policial. Aunque la modificación planteada por el gobierno sugiere que “la mera toma de imágenes en lugares públicos y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá una infracción”, esta reforma es insuficiente.
Si bien esta reforma es un paso en la dirección correcta, la ley sigue incluyendo disposiciones excesivamente amplias que pueden interferir con la capacidad de los periodistas para cubrir eventos de interés público. Esto es particularmente preocupante ya que la ‘Ley Mordaza’ aplica un sistema de sanciones desproporcionado, lo que pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, protegidos por la Constitución española.
La derogación de la ‘Ley Mordaza’ es una antigua promesa del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, la cual ha llegado la hora de cumplir. Los miembros del MFRR instan al gobierno español a derogar completamente la ‘Ley Mordaza’ para equiparar su legislación con los estándares internacionales.
La ley choca con los compromisos de España en materia de derechos humanos y de libertad de prensa como miembro de la Unión Europea. Nuestra coalición enfatiza que solo una derogación completa garantizará que la ley no continúe socavando, como lo ha hecho durante casi una década, el papel esencial de la prensa en una sociedad democrática.