Noviembre en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En el mes de noviembre la libertad de expresión y el espacio cívico enfrentaron crecientes desafíos en el continente americano. En Estados Unidos, una nueva norma podría perjudicar a las organizaciones sociales y sin fines de lucro. En Bolivia, numerosos hechos de violencia contra periodistas que cubren protestas ponen de relieve los efectos persistentes de la criminalización de la prensa. El Examen Periódico Universal de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas brindó una oportunidad para reiterar los llamados a salvaguardar los derechos fundamentales en ese país.
La sociedad civil y la libertad de prensa amenazadas
Noviembre fue un mes crítico para la libertad de expresión y el espacio cívico en Estados Unidos, signado por el resultado de las elecciones presidenciales y por novedades legislativas y de políticas que podrían afectar profundamente a la sociedad civil, la libertad de prensa y la gobernanza mundial de Internet. Uno de los elementos determinantes de este giro en la coyuntura fue la aprobación del proyecto de ley H.R. 9495 en la cámara baja estadounidense. En caso de convertirse en ley, esta norma le daría al titular de la Secretaría del Tesoro la potestad de revocarles la exención fiscal a organizaciones sin fines de lucro calificadas de “proterroristas”, planteando también muchas interrogantes con respecto al debido proceso y la transparencia. Organizaciones defensoras de derechos han criticado el proyecto de ley por considerarlo una herramienta peligrosa que emula estrategias autoritarias que se están aplicando a nivel mundial. Al respecto, Sarah Yager, directora en Washington del miembro de IFEX Human Rights Watch, afirmó:
“Esta norma pone en riesgo la capacidad de grupos independientes de interactuar con el gobierno estadounidense en materia de violaciones de derechos humanos en el mundo y genera un clima de miedo e intimidación. El Senado de Estados Unidos debe rechazar este proyecto de ley”.
Periodistas y defensores de la prensa también advierten sobre los posibles desafíos que plantea el segundo mandato de Donald Trump. A tan solo dos meses de su triunfo electoral, Trump “ha estado librando una batalla jurídica”, interponiendo demandas contra medios de comunicación y editoriales que han sido críticos de su accionar. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros miembros de IFEX, han instado a Trump a que detenga sus ataques a la prensa, subrayando los efectos en cascada que ese tipo de retórica y acciones podrían tener para la rendición de cuentas democrática.
Las repercusiones para la libertad de expresión trascienden las fronteras estadounidenses, extendiéndose al resto del continente americano. Los recortes previstos a la asistencia internacional para periodistas independientes, verificadores de datos e investigadores que se ocupan de operaciones de desinformación podrían exacerbar las dificultades en regiones como América Latina, y las promesas de políticas de línea dura contra la inmigración podrían complicar la vida a periodistas exiliados que buscan refugiarse en Estados Unidos o que ya viven en el país. El avance del autoritarismo y el debilitamiento de las instituciones democráticas significa que hay una gran probabilidad de que estos recortes agudicen la situación de países que ya están en riesgo.
Pero estas amenazas van más allá de las dificultades que han afectado tradicionalmente a la libertad de prensa. Según Iria Puyosa, investigadora principal de la Iniciativa Democracia + Tecnología del centro de investigación Atlantic Council, la reducción de la cooperación internacional que se prevé que impulsará Trump descarrilará los esfuerzos mundiales tendientes a establecer estándares en materia de inteligencia artificial, privacidad de datos y gobernanza de Internet. Particularmente preocupante es la intención de rever el Artículo 230, la disposición jurídica que protege a las plataformas de responsabilidad por el contenido generado por los usuarios. Según Puyosa, las críticas de Trump a las empresas de redes sociales por su supuesta parcialidad podrían dar lugar a la adopción de reglamentaciones que obliguen a las plataformas a amplificar contenidos específicos, incluidos discursos conservadores sobre temas tales como el derecho a portar armas, las posturas contrarias al aborto y la retórica antivacunas. Esta política de “obligatoriedad de publicar” podría erosionar la responsabilidad de las plataformas y permitir la proliferación sin control de contenidos nocivos.
El segundo gobierno de Trump podría también envalentonar a quienes promueven prácticas restrictivas en todo el mundo. El proyecto de ley H.R. 9495 tiene evidentes paralelismos con normas similares de países como Nicaragua y Venezuela, donde los gobiernos sofocan a la sociedad civil bajo el pretexto de cuestiones de seguridad nacional. Estas medidas ponen de manifiesto una tendencia alarmante: el avance de líderes con ideologías divergentes pero métodos convergentes de represión de la disidencia.
Bolivia: escalada de violencia
Los periodistas en Bolivia enfrentan una oleada inquietante de violencia, fruto de constantes esfuerzos de deslegitimación de la prensa por parte de diversos actores políticos. Este clima hostil fue exacerbado por las recientes protestas antigubernamentales protagonizadas por simpatizantes del expresidente Evo Morales, que han dejado un saldo de más de 25 ataques a periodistas con niveles alarmantes de agresividad, que van desde amenazas y arrebatos de equipos hasta violencia física.
Entre los incidentes más graves que se produjeron está el del periodista Jurgen Guzmán, a quien los manifestantes amenazaron con estrangular, colocándole una cuerda alrededor del cuello, cuando cubría las protestas cerca de Melga, y el del periodista gráfico Jorge Ábrego quien sufrió un infarto cuando una dinamita de alto poder explotó a pasos de él en un bloqueo de carreteras en Parotani, una localidad de la región centro-oeste del país. Reporteros de diversos medios de comunicación han sido atacados con piedras, palos y explosivos, y muchas veces los manifestantes les han arrebatado o destrozado sus equipos, acusándolos de ser parte de la “prensa vendida”, repitiendo así el discurso empleado por muchos actores políticos.
Según Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, miembro de IFEX, esta violencia es el resultado de una campaña deliberada dirigida a desacreditar al periodismo independiente. Chávez explicó que durante la presidencia de Morales, entre 2006 y 2019, el gobierno buscó minar la credibilidad de la prensa, calificando a los periodistas de agentes de intereses capitalistas alineados con Estados Unidos. Este discurso fue reforzado por declaraciones de altos funcionarios de gobierno, como fue el caso del excanciller David Choquehuanca, que en una declaración de 2017 tildó a la prensa de fuerza de la oposición, lo que, como advirtió en ese momento Chávez, ponía en riesgo la labor periodística al incitar a la confrontación.
El gobierno de Morales también adoptó medidas económicas para debilitar a los medios independientes. Entre otras medidas, impuso la obligación de publicar avisos del gobierno en forma gratuita, afectando así desproporcionadamente a los diarios, a la vez que se excluía a medios de radio y televisión, provocándoles importantes pérdidas financieras y reducciones de personal. Además, los medios de prensa independientes debieron enfrentar incesantes auditorias impositivas y multas, y la publicidad estatal fue adjudicada como premio a aquellos medios que apoyaban las políticas gubernamentales, castigando en los hechos a quienes mantenían una línea editorial independiente. Estas estrategias provocaron el cierre de varios medios, entre ellos los diarios La Prensa en 2016 y Página Siete en 2023, que citaron el ahogo financiero como principal causa de su bancarrota.
Estas políticas opresivas han continuado en el actual gobierno del presidente Luis Arce, que hostiga económica y judicialmente en forma constante a los medios independientes. La ANP informa que las entidades responsables de los aportes a la seguridad social y de fiscalizar el cumplimiento de normas laborales son utilizadas para investigar y penalizar a medios que realizan coberturas desfavorables al gobierno, lo que revela un esfuerzo sostenido tendiente a sofocar la libertad de prensa independientemente del gobierno de turno.
La posición de Bolivia en el puesto 124 de los 180 países de la Clasificación mundial de la libertad de prensa 2024 de RSF refleja los graves desafíos que enfrenta el panorama mediático del país. La escalada de violencia contra periodistas pone de relieve las consecuencias peligrosas de prolongadas campañas de deslegitimación de la prensa, generando un entorno en el que se normaliza la hostilidad hacia los reporteros.
Nicaragua: grupos de defensa de derechos reclaman medidas urgentes
El 13 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevó a cabo el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua. Este importante examen se produjo en un momento en que los medios independientes, la sociedad civil y los derechos fundamentales en Nicaragua son constantemente reprimidos. Grupos de defensa de derechos, entre ellos miembros de IFEX y de IFEX-ALC, instaron al Consejo a que abordara las graves restricciones impuestas por el gobierno nicaragüense a las libertades de expresión, reunión y asociación, y a que formulara recomendaciones concretas para garantizar la protección y el respeto de esos derechos.
Entre otros temas, las organizaciones destacaron el acoso generalizado de periodistas, la persecución sistemática de los medios independientes por parte del gobierno y la eliminación de organizaciones de la sociedad civil a través de leyes restrictivas. Hicieron hincapié en la necesidad urgente de supervisión internacional, invocando los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las denuncias documentadas aportadas por la sociedad civil en las que se detallan violaciones generalizadas de derechos.
Las organizaciones de defensa de derechos solicitaron medidas específicas para abordar el creciente clima de miedo y control reinante en el escenario informativo del país. Estas medidas incluyen desmantelar marcos jurídicos restrictivos y brindar protecciones a periodistas y defensores de derechos humanos que sufren amenazas constantes.
El Grupo de Trabajo aprobó un proyecto de informe con 279 recomendaciones centradas en los derechos humanos, formuladas por 88 países, en las que se destacan graves preocupaciones por la constante represión de los medios independientes y las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación. La representante de Nicaragua, Rosalía Bohorquez, aseguró que el país había “tomado nota” de estas recomendaciones.
Se prevé que el gobierno de Nicaragua presente su respuesta a más tardar durante el 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre febrero y abril de 2025.
Promoción de iniciativas para combatir la violencia de género: miembros de IFEX se suman a las campañas del 25 de noviembre
Miembros de IFEX de las Américas participaron activamente en campañas relacionadas con el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y compartieron impactantes publicaciones, iniciativas y datos para resaltar los constante desafíos y las respuestas actuales a la violencia de género.
En México, ARTICLE 19 México y Centroamérica y la red Rompe el Miedo realizaron un seguimiento de las protestas con el fin de garantizar que se destacaran incidentes, amplificando el importante papel que cumplen estas movilizaciones en México y ofreciendo recomendaciones de seguridad. En Colombia, Karisma hizo hincapié en las singulares barreras que enfrentan las mujeres en la política cuando denuncian casos de violencia, especialmente en espacios digitales, donde los prejuicios de género pueden trivializar sus experiencias y desalentar la participación en la actividad pública. Fundamedios resaltó el doble riesgo que corren las mujeres periodistas en Ecuador, señalando que desde 2007 se denunciaron más de 3.400 agresiones a trabajadoras de la prensa. Derechos Digitales produjo recursos vitales, incluidas líneas de ayuda para víctimas de violencia de género en entornos digitales en Bolivia, Brasil y Ecuador, y compartió enfoques feministas de resistencia y transformación de la violencia digital, mientras que FLIP, en Colombia, presentó una “Anatomía del acoso digital contra periodistas”, que se centra en particular en casos que tuvieron como objetivo principal a mujeres periodistas.
En breve
En Ecuador, el periodista Leonardo Rivas, director de noticias de una emisora de radio local, fue acribillado el 23 de noviembre en lo que se ha descrito como un asesinato al estilo sicariato.
Derechos Digitales publicó su informe anual titulado “El poder popular bajo presión”, en el que se destacan los crecientes riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en toda América Latina, incluidos quienes trabajan en cuestiones de tecnología y derechos digitales.
En Venezuela, un nuevo informe de Espacio Público documenta 49 detenciones y 11 periodistas encarcelados en el período postelectoral, dando cuenta así de la intensificación de la represión y la censura.
Un tribunal ordenó el regreso a la cárcel del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, luego de que este fuera puesto brevemente bajo arresto domiciliario. Grupos de defensa de derechos continúan abogando por su liberación incondicional.
Una coalición de 24 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el CPJ, publicó un informe titulado “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas”. El informe, presentado en el marco del 190° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2024, analiza los crecientes desafíos que enfrenta la libertad de prensa y el impacto que tiene la censura estatal en toda América Latina.
Un nuevo informe de Artistic Freedom Initiative, una organización de apoyo a artistas internacionales en riesgo, examina la grave represión que sufren artistas y trabajadores de la cultura en Nicaragua, destacando las restricciones del régimen de Daniel Ortega a la expresión creativa.
Costa Rica aprobó recientemente una histórica ley de acceso a la información que consagra la transparencia gubernamental y garantiza el acceso de la ciudadanía a la información. La norma se considera un importante avance hacia la rendición de cuentas en la región.
Radio Ambulante, uno de los pódcasts más influyentes de América Latina, convoca a periodistas a presentar propuestas de contenido referidas a la región (incluido Estados Unidos), en particular relatos a fondo y auténticas historias humanas.
Human Rights Watch advierte sobre el aumento de ataques a la libertad académica en Estados Unidos, ante las crecientes presiones ejercidas sobre las universidades para que repriman las protestas estudiantiles. En su informe destaca la urgente necesidad de salvaguardar el derecho a la libertad de expresión en los campus universitarios.