Diciembre de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El “año más represivo” para los medios en Bielorrusia; la policía arremete contra periodistas y ataca y tortura a manifestantes en Georgia; las SLAPP “se emplean cada vez más como forma de censura privada” en Europa; violencia en línea contra mujeres periodistas en Ucrania; IFEX pide la retirada del proyecto de ley sobre “agentes de influencia” de Turquía.
“El año más oscuro y represivo”
El 26 de enero de 2025 se celebrarán las elecciones presidenciales en Bielorrusia y no hay realmente ninguna duda en cuanto a cuál será el resultado: el presidente Alexander Lukashenka permanecerá en el poder.
Las anteriores elecciones presidenciales (agosto de 2020) se desarrollaron en un entorno muy diferente. En ese momento, había un movimiento de oposición fuerte y pujante en el país y una sociedad civil que se podía manifestar como tal (si es que se puede decir que la sociedad civil pudo en algún momento manifestarse libremente bajo el régimen de Lukashenka).
En los días previos a esos comicios y a lo largo de las siguientes semanas, los candidatos de la oposición fueron arrestados, encarcelados u obligados a exiliarse. Tras un dudoso escrutinio, el día de las elecciones se anunció que Lukashenka había obtenido más del 80 % de los votos. Ese resultado desencadenó una oleada de manifestaciones sin precedentes a lo largo y ancho de Bielorrusia y una igualmente inédita respuesta violenta de las autoridades. Miles de ciudadanos bielorrusos fueron golpeados o arrestados; muchos fueron torturados.
Desde entonces, los medios independientes y la sociedad civil de Bielorrusia han sido diezmados en lo que el propio Lukashenka ha descrito como una “purga”. Bielorrusia tiene actualmente aproximadamente 1.300 presos políticos, muchos de los cuales están en prisión por participar en las protestas de 2020. Todos los candidatos de la oposición bielorrusa de 2020 siguen tras las rejas. Y, como señala la líder de la oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya en un artículo para la organización Index on Censorship, la represión se ha recrudecido en los últimos meses.
Las noticias provenientes de Bielorrusia en 2024 fueron desalentadoras. En su resumen del año, el Centro Viasna de Derechos Humanos describe a 2024 como “el año más oscuro y represivo” para los medios bielorrusos. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ, por sus siglas en inglés) está de acuerdo con esa calificación y estima que al menos 45 periodistas se encontraban tras las rejas a finales de 2024. Casi todos los medios de comunicación, según la asociación, han sido declarados “organizaciones extremistas”.
En una entrevista brindada en diciembre a la emisora bielorrusa Radyjo Racyja, el vicepresidente de la BAJ, Barys Haretski, señaló que los ataques contra periodistas bielorrusos en el exilio constituyen una tendencia particularmente representativa de 2024:
“El término ‘procesamiento en rebeldía’ es probablemente la frase del año para la comunidad de medios de comunicación bielorrusa. Este año, las medidas represivas de las autoridades contra periodistas que debieron abandonar Bielorrusia se han intensificado significativamente. Hasta el momento se han registrado cerca de 60 allanamientos. Me temo que para finales de año habrá aún más. Y la mayoría de estos casos son allanamientos dirigidos contra personas que abandonaron Bielorrusia y que las fuerzas de seguridad realizaron en vez en domicilios de sus familiares en Minsk y otras ciudades. En el marco de estos procedimientos en rebeldía, confiscan bienes y quitan carnets de prensa. Este es uno de los aspectos más deplorables de este año.”
Barys Haretski, vicepresidente de BAJ
En el último trimestre de 2024, decenas de periodistas y activistas fueron condenados en rebeldía. Entre ellos se encontraban 20 acusados (periodistas, investigadores y políticos) que fueron juzgados por sus vínculos con Sviatlana Tsikhanouskaya: todos ellos recibieron duras penas de prisión y fueron agregados a la lista de “terroristas” de la KGB.
Viasna brinda un análisis exhaustivo sobre cómo el gobierno de Lukashenka acosó a bielorrusos en el exilio en 2024. Además de enfrentar juicios en rebeldía y presiones a familiares que permanecieron en el país, estos exiliados recibieron amenazas tanto por escrito como por teléfono por parte de las autoridades bielorrusas. En los casos de exiliados calificados de “extremistas” o “terroristas”, cualquier comunicación con ellos se consideró como un delito, incluso las comunicaciones mantenidas en el marco de una relación profesional.
Con respecto a periodistas que permanecen en Bielorrusia, en diciembre hubo varias detenciones y condenas de prisión. Entre ellos se encontraban: Volha Radzivonava, que recibió una sentencia de cuatro años por colaborar con el periódico alemán Die Tageszeitung; Ihar Karnei, que recibió ocho meses adicionales de prisión por presunta desobediencia a las autoridades penitenciarias; Andrei Tolchyn, que volvió a ser detenido menos de tres meses después de haber sido liberado por indulto presidencial; y siete empleados de Intex-Press, un periódico privado recientemente clausurado, que fueron detenidos bajo sospecha de “promover actividades extremistas”.
Sin embargo, una buena noticia procedente de Bielorrusia en diciembre fue la liberación de la jefa de redacción de BelaPAN, Iryna Leushyna. Había sido encarcelada en agosto de 2021 y condenada por el delito de “crear y dirigir una organización extremista”. Fue puesta en libertad tras cumplir su condena.
“Perseguido, detenido violentamente”
En Georgia, las masivas protestas antigubernamentales continuaron durante todo el mes de diciembre, avivadas por la decisión del gobernante Partido Sueño Georgiano de detener las negociaciones para el ingreso a la Unión Europea (UE), así como por la indignación generada por los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre, que mantuvieron al Partido Sueño Georgiano en el poder.
La ex presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili (reemplazada el 29 de diciembre por Mikheil Kavelashvilion, un aliado de Sueño Georgiano), ha denunciado públicamente que los resultados de las elecciones de octubre fueron manipulados; los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también han planteado “serias preocupaciones” sobre la imparcialidad del acto electoral; miembros del Parlamento Europeo han condenado el resultado de las elecciones aduciendo “graves irregularidades” y han pedido que se impongan sanciones al primer ministro de Georgia y otros altos funcionarios, y que se convoquen nuevas elecciones.
La represión de las protestas por parte de las autoridades ha sido dura y muchas veces feroz. Ya a principios de diciembre, cientos de manifestantes habían sido arrestados, la policía había allanado sedes de partidos opositores y habían trascendido filmaciones de hombres enmascarados agrediendo al equipo de filmación de una emisora partidaria de la oposición. Human Rights Watch (HRW) informó que las fuerzas de seguridad habían “perseguido, detenido violentamente y golpeado a manifestantes [y que]… la policía también los torturó y maltrató de otras maneras”.
Decenas de periodistas que cubrían las protestas sufrieron agresiones físicas, abusos verbales e intimidaciones por parte de la policía. Varios miembros de IFEX pidieron a la UE que presionara a Georgia para que pusiera fin a estos ataques a los medios. HRW pidió a los Estados miembros de la UE que aplicaran “el régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos de la UE para sancionar a los funcionarios responsables de autorizar y llevar a cabo palizas y ejercer violencia contra los manifestantes de Georgia”.
Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP)
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) –utilizadas por ricos y poderosos para silenciar a quienes ejercen una función de fiscalización pública– continúan representando una amenaza seria para la libertad de expresión en Europa. Si bien hubo avances positivos en 2024, como la adopción por parte de la UE de la Directiva Anti-SLAPP y una Recomendación del Consejo de Europa dirigida a contrarrestar las SLAPP, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil siguen estando expuestos a litigios abusivos.
En diciembre, CASE (Coalición contra las SLAPP en Europa) publicó su informe SLAPP para 2024, que abarca el período 2010 a 2023. El informe subraya el hecho de que “con cada nuevo año, las SLAPP se emplean cada vez más como forma de censura privada”. Los autores reconocen las dificultades que supone hacer un seguimiento de la enorme cantidad de demandas de amordazamiento interpuestas en tantas jurisdicciones, por lo que señalan que sus hallazgos apenas “rozan la superficie del problema de las SLAPP en Europa” y que “es probable que haya cientos de SLAPP más que no trascienden”.
Lo que sigue es un resumen de algunas de las principales conclusiones del informe:
- CASE registró 1.049 SLAPP interpuestas en el período 2010-2023, de las cuales 166 corresponden tan solo al último año;
- En 2023, se entabló un gran número de SLAPP en Italia, Rumania, Serbia y Turquía;
- Durante el período 2010-2023, el 64,3 % de las SLAPP fueron demandas civiles mientras que el 21,7 % fueron penales;
- La gran mayoría de las SLAPP se fundamentaron en leyes nacionales de difamación (tanto penales como civiles), o normas similares referidas a la injuria o al honor;
- Se detectaron SLAPP en países como Mónaco, Lituania, Azerbaiyán y Dinamarca, en los que en informes anteriores de CASE no se habían registrado este tipo de demandas;
- Los periodistas son quienes más probabilidades tienen de ser objeto de SLAPP, seguidos por los medios de comunicación, los editores, los activistas y las organizaciones de la sociedad civil;
- En el período 2010-2023, quienes más interpusieron SLAPP fueron empresarios (45,2 %) y políticos (35,5 %);
- En 2023, la mayoría de las SLAPP estuvieron dirigidas a amordazar a quienes buscan exponer casos de corrupción (36,1 %) o quienes trabajan por la justicia ambiental (16,3 %);
- Entre los costos de las demandas, especialmente las presentadas por grandes empresas de combustibles fósiles contra grupos de justicia ambiental, hubo nuevamente reclamos exorbitantes, incluido uno por el equivalente a 8,6 millones de dólares;
- ciertas jurisdicciones, como Italia y Eslovaquia, quienes son objeto de SLAPP siguieron enfrentando posibles penas privativas de libertad en casos penales de difamación .
Los autores esperan que el informe “sirva para que los gobiernos de toda Europa tengan presente la importancia de elaborar leyes anti-SLAPP sólidas que se ajusten a las mejores prácticas internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos”.
En breve
En diciembre, el grupo de periodismo de datos Texty.org.ua publicó un informe sobre su investigación acerca de la violencia en línea contra mujeres periodistas en Ucrania. El estudio se centró en 15 canales de YouTube —entre ellos los diez canales de noticias en ucraniano más populares y los que son considerados más fiables— y analizó 285.000 comentarios publicados por espectadores. Los resultados arrojaron que el 9 % de esos comentarios constituían violencia de género en línea. Los tipos más comunes de violencia encontrados por los investigadores fueron: discurso de odio (incluidos insultos misóginos), amenazas de violencia física y misoginia en general. Los investigadores destacan el “efecto paralizante” que esta violencia tiene en la libertad de expresión de las mujeres periodistas en particular y de las mujeres en general. En un contexto más amplio, Texty.org.ua menciona una encuesta de 2024 que reveló que el 81 % de las periodistas ucranianas habían sufrido violencia en línea y que esa violencia se extendía muchas veces al ámbito físico: “el 14 % de esas [mujeres periodistas] que sufrieron violencia en línea informaron que las amenazas contra ellas habían trascendido del espacio digital a la dimensión física”.
IFEX, junto a varios grupos de defensa de la libertad de expresión, suscribió una carta conjunta instando a la UE a exigir a Turquía que retirara su controvertido proyecto de ley sobre “agentes de influencia”. El proyecto de ley busca proteger la seguridad y los intereses políticos del Estado turco imponiendo una serie de sanciones (incluidas penas de prisión) por presuntas instancias de influencia extranjera en Turquía. La carta subraya la amenaza que representa la norma propuesta para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información: “La ambigua redacción del proyecto de ley y el hecho de que no define claramente sus términos, sumado a la falta de independencia judicial en Turquía, permitirían a los tribunales tratar a los críticos del gobierno como espías”.