Enero en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico, producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El asesinato de periodistas en México, Colombia y Perú en el mes de enero puso brutalmente de manifiesto la constante violencia que sufre la prensa. En Venezuela, la desaparición forzada de Carlos Correa, director del miembro de IFEX Espacio Público, y los crecientes ataques contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil, reflejan la agudización de la represión del espacio cívico por parte del gobierno. En Guatemala, por otra parte, un fallo de la Corte Suprema que permite a José Rubén Zamora permanecer en su domicilio hasta su juicio representa un raro atisbo de esperanza para la libertad de prensa. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil trabajan juntas más intensamente que nunca para defender los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa a pesar del clima cada vez más hostil.
Un comienzo de año mortal
Antes de que culminara el mes de enero ya habían sido asesinados cuatro periodistas en la región: Gastón Medina en Perú, Óscar Gómez Agudelo en Colombia y Calletano de Jesús Guerrero y Alejandro Gallegos León en México. Los asesinatos fueron un brutal recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan los periodistas que investigan casos de corrupción, crímenes y conductas políticas indebidas, pero también de la incapacidad de las autoridades, junto a una aparente falta de voluntad política, para proteger a los trabajadores de la prensa ante la violencia creciente.
El 20 de enero, el periodista Gastón Medina, director de noticias de Cadena Sur TV, fue acribillado frente a su casa. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un agresor le disparaba al menos ocho veces antes de darse a la fuga en moto. Medina era un destacado crítico de las autoridades locales y regionales y había denunciado irregularidades en el poder judicial, así como casos de extorsión.
Su asesinato fue perpetrado luego de una larga sucesión de amenazas y ataques. En 2022, el miembro de IFEX Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que Medina había recibido un arreglo floral funerario, su canal de televisión había sido vandalizado, además de que lanzaron un cartucho de dinamita hacia las instalaciones del canal y depositaron un perro muerto en la puerta. A pesar de que claramente corría riesgo de muerte, las autoridades no le brindaron protección adecuada. El IPYS, junto a miembros de la red IFEX, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenaron el asesinato de Medina y ahora exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. La violencia contra la prensa en Perú se está recrudeciendo, multiplicándose los ataques contra periodistas en forma de acoso judicial, amenazas y desinformación difundida por integrantes del ejército y del gobierno, así como agresiones de parte de manifestantes y militantes de ultraderecha.
El 24 de enero, Óscar Gómez Agudelo fue asesinado de un disparo en el departamento colombiano de Quindío. El sicario, que no fue identificado, huyó del lugar. Gómez Agudelo era bien conocido por su incisivo periodismo de investigación y en particular por su programa La comunidad por la comunidad, en el que denunciaba casos de corrupción y abusos de poder. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de IFEX, señala que el asesinato de Gómez Agudelo hace parte de una tendencia alarmante. La creciente influencia de grupos armados y sus disputas territoriales han sumido desde hace años a regiones enteras en silencio y exacerbado los riesgos que enfrentan los medios de comunicación. Al menos siete periodistas fueron asesinados en Colombia desde octubre de 2022 a la fecha. A poco de iniciarse el año 2025, la FLIP ya había documentado cinco amenazas más de las que se habían registrado contra periodistas en el mismo período de 2024.
Por su parte, en México, considerado desde hace tiempo uno de los países más peligrosos para los trabajadores de la prensa, dos reporteros fueron asesinados en enero de este año. Calletano de Jesús Guerrero llevaba más de diez años bajo protección federal debido a las constantes amenazas que recibía a raíz de su trabajo. Guerrero, subdirector de Global México, cubría regularmente las noticias relacionadas con delitos, violencia y política en el Estado de México.
El 13 de enero, individuos no identificados lo amenazaron frente a su hogar. Cinco días después lo mataron.
Alejandro Gallegos León, el segundo periodista asesinado en México en enero, fue encontrado sin vida al costado de una carretera en Tabasco, con heridas de bala. El periodista cubría temas de educación y política local para el medio Tabasco Hoy y dirigía la plataforma independiente La Voz del Pueblo. A pesar de la naturaleza de su labor, las autoridades rápidamente descartaron que ese fuera el motivo de su asesinato, actitud que grupos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión critican desde hace tiempo. El miembro de IFEX ARTICLE 19 México y Centroamérica también condenó que se desestimara de plano que la causa fuera esa y advirtió que descartar prematuramente el trabajo periodístico como móvil compromete la integridad de la investigación. Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19, dijo:
“Lo que ya se ha convertido en un patrón de las fiscalías cuando asesinan a periodistas es inmediatamente descartar públicamente la motivación o el móvil periodístico como razón del crimen. Y eso es inaceptable en términos de los estándares internacionales [y] los sistemas de derechos humanos regionales […]. En las condiciones en que se encuentran países como México, de violencia recurrente en contra de la prensa, particularmente violencia letal, lo primero que se tiene que incluir como hipótesis de investigación criminal es la labor periodística de la víctima. Pero es lo primero que descartan […] por un razonamiento más bien político: tratar de disminuir los costos políticos por esta situación tan grave que vive la prensa en México”.
En “Nadie garantiza mi seguridad”, un informe conjunto del CPJ y Amnistía Internacional publicado en 2024, se destacó la incapacidad persistente de los mecanismos de protección estatales de México para salvaguardar la integridad física de los periodistas, debido a la falta de recursos, inadecuadas evaluaciones de riesgo y la deficiente aplicación de la ley. RSF ha documentado carencias similares en otros países de la región y ha hecho hincapié en cómo la injerencia política y el escaso apoyo institucional tornan ineficaces a estos mecanismos.
Estos informes también documentan el impacto desproporcionado que sufren las mujeres periodistas. La mayoría de los mecanismos de protección estatales carecen de un enfoque sensible a las cuestiones de género, minimizan los riesgos e ignoran los problemas de salud mental relacionados con su profesión y sus responsabilidades familiares. En el informe del CPJ y Amnistía Internacional muchas mujeres periodistas expresaron que el personal de los mecanismos de protección no tenía en cuenta la doble función que cumplen como periodistas y principales cuidadoras en sus familias, a menudo siendo madres solteras, lo que puede hacerlas más vulnerables.
“Son muy crueles con las mujeres, muchas de ellas desplazadas con hijos pequeños y las tratan muy mal”, dijo una mujer refiriéndose al personal del mecanismo de protección de México. Otra señaló que “no consideran si tienen o no discapacidad y cuál es esta”.
Venezuela: nuevos y más violentos intentos de clausurar el espacio cívico
En enero en Venezuela se agudizaron las tensiones ante el anuncio del líder de la oposición Edmundo González Urrutia de que su intención era volver al país y tomar posesión del gobierno luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, algunos temores se disiparon cuando se tornó evidente que la oposición no tenía previsto actuar en el futuro cercano. Por consiguiente, la asunción de Nicolás Maduro se desarrolló de acuerdo a lo planeado, con la asistencia de aliados regionales clave y acompañada por nuevas promesas de mano dura contra la disidencia, a la vez que el gobierno se preparaba para una “lucha armada” contra una “intervención internacional”.
Entre los hechos más alarmantes estuvo la intensificación de la represión contra la prensa y la sociedad civil, que dejó un saldo de 75 detenidos, según la organización no gubernamental Foro Penal.
Cerca de la fecha de la asunción de Maduro, el 7 de enero, Carlos Correa, director del miembro de IFEX Espacio Público fue víctima de desaparición forzada durante nueve días. Las autoridades le negaron a sus familiares información sobre su paradero y su situación e impidieron que se contactara con ellos o con un abogado. Tras ser liberado, Correa fue sometido a medidas cautelares, incluida la obligación de presentarse regularmente ante un tribunal, una táctica utilizada con frecuencia contra presos políticos en Venezuela.
Junto con muchas organizaciones locales e internacionales, IFEX emitió un comunicado resaltando que esta desaparición forzada se produjo en un contexto de intensificación del hostigamiento y la persecución sistemática contra actores y organizaciones de la sociedad civil que representan voces críticas en defensa de libertades civiles y políticas. IFEX también subrayó que estos patrones de represión están bien documentados por organismos internacionales, como la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas .
Incluso antes de que asumiera Maduro, el 9 de enero, las autoridades detuvieron a Leandro Palmar, director de noticias de Luz Radio, y a su asistente Belises Salvador Cubillán, cuando cubrían protestas antigubernamentales en Maracaibo. Se les imputó los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio y alteración del orden público, cargos que se utilizan frecuentemente como arma contra los medios independientes. El 11 de enero un tribunal penal ordenó que continuaran detenidos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que se les negó a ambos periodistas acceso a defensa privada y que les fue asignado un defensor público.
“Las autoridades venezolanas están buscando claramente impedir que los ciudadanos puedan informarse sobre los abusos de poder del gobierno arrestando y acusando a periodistas que cubren protestas antigubernamentales”, dijo la coordinadora de programas de América Latina del CPJ, Cristina Zahar. El miembro de IFEX IPYS Venezuela informó que al 22 de enero seguían detenidos diez periodistas en Venezuela. De esos diez, tres fueron detenidos en enero de 2025, seis en 2024 y uno en 2022.
En breve
- Ante la realización del Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador, la comunidad internacional exhorta al gobierno salvadoreño a respetar la libertad de expresión y suspender el estado de excepción vigente, citando preocupación por las prolongadas restricciones a las libertades civiles.
- Miembros de IFEX suscribieron una declaración celebrando la decisión de la Corte Suprema de Guatemala de hacer lugar a la apelación del periodista José Rubén Zamora Marroquín. Este fallo permite a Zamora permanecer en su domicilio mientras lleva adelante su defensa contra los cargos imputados por motivos políticos que lo habían mantenido tras las rejas.
- La iniciativa “Acoso judicial de periodistas en Brasil: Monitor de Assédio Judicial Contra Jornalistas”, lanzado por el miembro de IFEX Abraji en mayo de 2024, ha registrado 654 juicios contra periodistas, en un total de 84 casos entre 2008 y 2024. Una de las periodistas afectadas es Amanda Miranda, que ha enfrentado tres juicios relacionados con su labor periodística de investigación.
- El diario El País publicó una investigación audiovisual producida por FLIP y ARTICLE 19, en la que se expone el uso de tecnologías de vigilancia como herramientas de censura y control político en México, Colombia y El Salvador. El proyecto recoge testimonios de los periodistas Carmen Aristegui, Claudia Julieta Duque y Carlos Martínez, que relatan la angustia y las violaciones de derechos que debieron soportar debido a la vigilancia gubernamental. Expertos resaltan las consecuencias que tienen para los derechos humanos estas tácticas de seguimiento.