El 23 de junio se cumplirán dos años de vigencia de la Ley de Comunicación, a la que la SIP ha calificado como "un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas".
A pocos días del segundo aniversario de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hace un llamado a la comunidad internacional, en especial a la Asamblea General de la OEA, para que se advierta «el flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país.»
El 23 de junio se cumplirán dos años de vigencia de la Ley de Comunicación, a la que la SIP ha calificado como «un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas». La organización criticó esta legislación desde que el Presidente la propuso hace cuatro años, vaticinando que sería utilizada para acallar a sus adversarios políticos, al periodismo independiente y a los ciudadanos en su uso de redes sociales e internet.
La SIP viene indicando que la ley es ilegítima, que se aplica en forma discriminatoria y revanchista contra los medios y periodistas independientes a través de organismos que dependen del Poder Ejecutivo, con el ánimo explícito de censurar el libre flujo informativo y las distintas corrientes de opinión. En los últimos meses y ante casos irrisorios de censura previa, la SIP se solidarizó con varios medios y periodistas que desafiaron al gobierno no acatando las sanciones, amparándose en su derecho constitucional a la resistencia.
«No estábamos equivocados – dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mohme – sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores, al ver vapuleado su derecho humano a estar debidamente informados».
Mohme, en referencia al discurso de esta semana del nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, al inicio de la 45 Asamblea General en Washington, DC, en el que pidió una «agenda positiva», indicó que «no hay nada más positivo que este organismo empiece a exigirle a los estados que cumplan con la Carta Democrática Interamericana».
Mohme, director del diario La República de Perú, dijo que en esta nueva etapa de la OEA, a la que se le está deseando que sea más eficiente, «debe haber un compromiso mayor para que se entienda que sin libertad de prensa y de expresión no puede haber verdadera democracia, como indica la Carta».
La SIP resaltó que las estadísticas sobre las sanciones muestran claramente cómo la Ley de Comunicación es aplicada en forma discriminatoria y como escudo de funcionarios, muchos de los cuales la utilizan como mecanismo de revancha ante críticas a su función. De 270 procesos entre 2013 y febrero de este año, 231 fueron en contra de medios privados y 142 de ellos se debieron a quejas presentadas por autoridades y funcionarios.
Debido a estos procesos y otros mecanismos de presión gubernamental, en este período cerraron una revista – Vanguardia-, tres periódicos -diario Hoy, diario La Hora de Manabí, Diario Meridiano – y decenas de radioemisoras.
La SIP ha desacreditado esta ley por la falta de independencia de los organismos encargados de ejecutarla: la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) responden, directamente, a las directivas que impone el presidente Correa. Entre las sanciones aplicadas están la publicación de rectificaciones obligatorias, disculpas públicas del director del medio y sanciones económicas que se multiplican en caso de «reincidencia».
Esto ocurrió con El Universo al que la Supercom impuso el pago de una multa equivalente al 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses (350 mil dólares aproximadamente) porque el diario publicó de manera parcial una réplica y le cambió el título. El Universo se acogió al derecho constitucional a la resistencia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, dijo que la SIP «suele respaldar a los medios cuando deciden desafiar los reglamentos que, por más que sean legales, no siempre son lícitos, especialmente cuando violentan los derechos universales a la libertad de prensa y de expresión».
«Las dictaduras de Pinochet, Stroessner, Videla, Trujillo, Fujimori y Somoza, por citar algunos casos, también tenían su «legalidad» contra la libertad de expresión. Pero eso no significaba que, porque actuaran bajo la «legalidad» que ellos habían inventado, se tratara acciones legítimas», explicó.»
Paolillo, director de director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo que «siempre los medios y los periodistas tenemos el deber de desafiar la censura oficial sea cual sea su nombre, ya que en el futuro se nos reclamará por ser condescendientes con los regímenes autoritarios y totalitarios».
Mohme y Paolillo, en una nueva referencia a los discursos de estos días en la OEA, dijeron que nadie puede quedar indiferente ante una ley que estableció el delito de «linchamiento mediático», como solicitó a su antojo el presidente Correa para poder contrarrestar las críticas contra su gobierno.
«Además reclamaron la comunidad internacional ha permitido que el gobierno ecuatoriano haga lo impensable, que estableciera que la información es un «servicio público», una justificación y coartada perfecta. De esta forma, puede cortar la información y disponer de ella como quiera, como si se tratara del agua, la electricidad o la salud».
La SIP recordó además que esta legislación borró de un plumazo las obligaciones del gobierno para con los ciudadanos haciendo desaparecer la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de 2004. También indicó que la Corte Constitucional en setiembre de 2014 rechazó tres demandas por inconstitucionalidad contra esta ley.
Así como alguna vez el régimen de ex presidente Hugo Chávez trató de exportar el concepto de «información veraz» que en la Constitución venezolana sirvió para reglamentar la censura contra los medios, el gobierno de Correa impulsó en el Parlatino la cláusula de información como «servicio público». El organismo la descartó de plano.
La situación actual contra la prensa impulsó a ONGs, periodistas y medios locales a solicitar a organismos internacionales que viajen a Ecuador para «constatar in situ la gravedad de la situación en la que deben trabajar los periodistas». El pedido se hizo a 14 organizaciones internacionales que vigilan la libertad de expresión, así como a los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA.
Indicaron que en Ecuador «se ha impuesto un silencioso, pero muy efectivo régimen de censura previa que asfixia a los medios de comunicación y silencia periodistas, día tras día».
