Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico, producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En los últimos meses, en muchos países de América Latina se han adoptado reformas legislativas y decisiones políticas que erosionan libertades fundamentales. De México a Perú, nuevas leyes atentan contra la transparencia, la privacidad y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Mientras que se multiplican las agresiones a periodistas y los ataques a la libertad de expresión, las mujeres de toda la región reafirman su derecho a protestar, organizarse e informar, tanto en las calles como en línea.
Las mujeres defienden sus derechos en Internet y en las calles
En toda América Latina, la sociedad civil conmemoró el Día Internacional de la Mujer con actividades que destacaron tanto las amenazas constantes a los derechos de las mujeres como las múltiples maneras en que las mujeres continúan resistiendo y reclamando justicia, en línea y fuera de línea.
En México, ARTICLE 19 México y Centroamérica y la red Rompe el Miedo activaron sus mecanismos de seguimiento y monitoreo durante las manifestaciones del 8 de marzo para garantizar que en varias ciudades se respetara el derecho a la protesta de las mujeres. Otras redes que son miembros de IFEX publicaron informes y organizaron charlas dedicadas a la temática de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.
En Argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó las conclusiones de Periodistas amenazadas: investigar para protegerlas, un estudio de múltiples casos que documenta las experiencias de mujeres periodistas y la violencia que sufren cotidianamente en el ejercicio de su profesión. FOPEA también anunció dos instancias de capacitación gratuitas y abiertas a todo público previstas para el mes de abril y dirigidas a promover entornos laborales más seguros y equitativos en los medios de comunicación.
En Paraguay, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) organizó unas jornadas de charlas sobre representación de género en los medios, cobertura mediática de la violencia de género y prácticas periodísticas inclusivas. Entre otras actividades se realizó un taller sobre información periodística con perspectiva género que se centró en cómo reconocer y evitar sesgos de género en la cobertura de noticias.
En Colombia, Fundación Karisma llamó la atención sobre un desafío digital creciente: el acceso a información confiable sobre el derecho al aborto. A pesar de que ya han transcurrido dos años de la despenalización del aborto en ese país, muchas mujeres colombianas siguen sin saber que el aborto no es un delito. “Las mujeres necesitan información de calidad y oportuna para que puedan ejercer ese derecho”, afirmó Catalina Moreno, la codirectora de Karisma en el espacio de la organización en la red social X. Según explicó Moreno, Karisma ha recibido denuncias de eliminación de contenidos en Internet relacionados con el aborto, o de disminución de la visualización de esos contenidos, en particular de grupos que brindan información sobre salud reproductiva. Las clínicas de aborto legales de Colombia y de otros países latinoamericanos tienen dificultades para acceder a los servicios de Google Ads, que actualmente solo certifica a centros de Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido que practican abortos.
Por su parte, Derechos Digitales publicó una informe especial en el que analiza la situación de Venezuela, El Salvador y Nicaragua, donde la represión estatal ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, especialmente en aquellas que se encuentran en la intersección de múltiples vulnerabilidades. Periodistas, defensoras de los derechos humanos y personas LGBTQI+ son perseguidas y criminalizadas, en contextos en los que la violencia de género es exacerbada por las acciones de una policía militarizada y por medidas políticas de mano dura. Pero la lucha continúa y se extiende a toda la región:
“Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios”.
México: reformas legislativas erosionan la transparencia y la protección de datos
El poder legislativo de México aprobó reformas que debilitan considerablemente el marco institucional que protege los derechos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), estas normas de reciente promulgación “representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales”. La eliminación de la autonomía del órgano fiscal plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el futuro, a la vez que se amplían los argumentos para denegar la divulgación de información de interés público.
ARTICLE 19 México y Centroamérica también denunció la ausencia de mecanismos de consulta ciudadana a lo largo del proceso de reforma, a pesar de reiterados reclamos de abrir una instancia de ejercicio de parlamento abierto formulados desde la sociedad civil, la prensa y personas defensoras de los derechos humanos. En “menos de un mes, el trabajo de más de 20 años para construir una institucionalidad robusta en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales ha sido desmantelado”.
R3D alertó además que los sindicatos y cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos o ejerza autoridad no están sujetos a la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esta redefinición debilita el alcance de la protección de datos al reducir el número de sujetos que deben cumplir las normas de protección de datos personales. Por otra parte, a diferencia de la ley anterior, la reforma no establece un órgano desconcentrado que fiscalice la protección de datos.
Estas no son las únicas medidas legislativas que preocupan a la sociedad civil en México. El 13 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al poder legislativo dos iniciativas en materia de seguridad pública e inteligencia: la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Si bien se presentan como “herramientas para combatir la inseguridad”, R3D advirtió que ambos proyectos de ley contienen disposiciones que amenazan gravemente la privacidad, la seguridad y los derechos de la población.
Una de las medidas más alarmantes es la propuesta de crear un registro de usuarios de teléfonos móviles en una plataforma digital centralizada, asociado a documentos de identidad oficiales, como la CURP (Clave Única de Registro de Población) o el RFC (número del Registro Federal de Contribuyentes). R3D también señaló que este registro evoca el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y desmantelado en 2011, luego de que su base de datos se filtrara y vendiera en el mercado negro.
R3D identificó los riesgos que supone establecer una base de datos masiva, obligatoria y centralizada sin control judicial, gestionada por autoridades que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), funcionaría sin supervisión profesional o independiente. “No se contemplan salvaguardas, como el derecho de notificación a las personas afectadas” en caso de una filtración de datos, señaló la organización.
Estas preocupaciones se ven acentuadas por los altos niveles de inseguridad en el país y la frecuente colusión entre grupos criminales y autoridades municipales, estatales o hasta federales. En este contexto, el acceso a una plataforma de este tipo podría utilizarse como arma contra la población que dice proteger. El reciente hackeo del teléfono de la propia Presidenta Sheinbaum ha puesto aún más de relieve los peligros que entraña la debilidad de los protocolos de seguridad de datos.
Perú: mano dura con las ONG en un contexto de amenazas crecientes a la libertad de expresión
El congreso de Perú aprobó una controvertida ley que ha sido denunciada por la sociedad civil de toda la región por su inconstitucionalidad, dado que viola las libertades de asociación, de pensamiento y de participación política. La ley fue aprobada con el pretexto de fortalecer la fiscalización de los fondos internacionales recibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG).
La reforma modifica el marco jurídico de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo estatal con competencia en la materia, otorgándole amplios poderes para controlar y sancionar a las ONG que reciben asistencia internacional.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también rechazó públicamente la ley. Alertó que la intrusión propuesta por la reforma es incompatible con el carácter privado de las ONG en el marco constitucional de Perú y que se parece mucho a leyes promulgadas por regímenes autoritarios en otros países de América Latina. Esta “ley establece un control propio de un régimen policíaco”, se afirmó desde el IPYS. Conforme a esta ley, se podría cancelar el registro de una ONG si se determina que ha cometido actos de definición vaga que afecten al “orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y orden interno”. Asimismo, la ley clasifica a todas las ONG, sin distinción, de entidades obligadas dentro del Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
Si bien la letra de la reforma se centra en el abuso de fondos, el IPYS alertó que el propósito subyacente no es la rendición de cuentas financiera sino el control ideológico y político de la sociedad civil.
La promulgación de esta ley se da en el marco de un ambiente crecientemente hostil hacia la libertad de prensa en Perú. Tras una misión de determinación de hechos que realizó al país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación sobre el “serio deterioro” de las libertades de prensa y de expresión en el contexto de persistentes crisis políticas e institucionales de cara a las elecciones generales de 2026.
La delegación de la SIP constató una creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales, que contribuyen a generar un clima adverso para el ejercicio de la profesión y socavan el derecho del público a estar informado.
En enero, el periodista Gastón Medina fue asesinado en la región de Ica. La falta de avances significativos en la investigación, así como las denuncias de que las autoridades habrían intentado impedir la cobertura periodística del crimen, reflejan un patrón de impunidad, pero también son una muestra patente de la escalada de violencia.
En breve
- México: El periodista y abogado Raúl Irán Villareal Belmont fue asesinado el día 13 de marzo en Guanajuato, uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa.
- Argentina: FOPEA exigió que se inicie una investigación por la gravísima agresión sufrida por el periodista gráfico Pablo Grillo, que se encuentra en estado crítico luego de ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad durante una protesta en las inmediaciones del Congreso Nacional.
- Honduras: ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó la instrumentalización de delitos contra el honor por parte de funcionarios públicos para censurar a la prensa. El 17 de marzo, el Ministerio de Finanzas y del Tesoro General de la República de Honduras presentó una demanda contra Radio Cadena Voces (RCV).
- Guatemala: Diversas organizaciones internacionales exigieron la liberación del periodista José Rubén Zamora y la inmediata aplicación de garantías del debido proceso luego de que el 4 de marzo se revocara su prisión domiciliaria.
- Venezuela: La organización local de derechos digitales Ve Sin Filtro registró 949 instancias de bloqueo de sitios web y publicó un nuevo informe que, sobre la base del trabajo de IPYS Venezuela y Espacio Público, expone la censura y represión digital oficial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.