(PFC/IFEX) – En enero de 2003 se cumplió un año de la entrada en vigencia de la Ley 6, que dicta normas sobre el libre acceso a la información pública y para la acción de habeas data. De 65 recursos por incumplimiento a esta ley presentados ante la Corte Suprema de Justicia durante el año […]
(PFC/IFEX) – En enero de 2003 se cumplió un año de la entrada en vigencia de la Ley 6, que dicta normas sobre el libre acceso a la información pública y para la acción de habeas data. De 65 recursos por incumplimiento a esta ley presentados ante la Corte Suprema de Justicia durante el año 2002, solo 10 fueron resueltos en favor de los peticionarios de la información.
La tendencia judicial a ignorar las violaciones al derecho a la información pública ha validado la resistencia a cumplir con la Ley 6 observada en la mayoría de funcionarios e instituciones gubernamentales panameñas. El golpe más duro a la Ley de Transparencia fue dado por la Presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien en mayo de 2002 dictó un reglamento a través del cual se impusieron restricciones adicionales para accesar a la información pública.
Juan Antonio Tejada, titular de la Defensoría del Pueblo, ente gubernamental que ha asumido la defensa de la Ley de Transparencia, interpuso un recurso de ilegalidad contra el reglamento dictado por la Presidenta Moscoso, sin embargo la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sigue sin darle resolución.
PFC dirigió una carta a la Presidenta Moscoso señalando frustración por los negativos resultados en la implementación de la Ley de Transparencia. PFC señaló cómo numerosos hechos de corrupción ocurridos en los últimos años continúan en la impunidad, y que esto se debe en buena parte a las restricciones para accesar a la información pública.
En su carta a la Presidenta Moscoso, donde se pidió la derogación del reglamento de la Ley de Transparencia, PFC advirtió que «ocultar información sobre la actuación de los funcionarios y la gestión de las instituciones, además de violentar derechos humanos fundamentales, propicia el cometimiento de irregularidades, facilita la evasión de responsabilidades y deslegimita la representatividad política». La misma petición, de derogar el citado reglamento, fue hecha en días recientes por Transparencia Internacional, organización que calificó a la normativa dictada por el Órgano Ejecutivo como un «decreto mordaza».
El abogado y activista de derechos humanos Miguel Bernal declaró a PFC que «la forma en que la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo en Panamá han acogido la Ley de Transparencia, revelan un absoluto desprecio a los principios sobre libertad de expresión y una firme negativa al ejercicio del acceso a la información en poder del Estado que tienen los ciudadanos», agregando que «la posición asumida por dichos órganos del Estado contribuye a distanciar aun más a Panamá de ser un Estado democrático de Derecho y a favorecer aún más la corrupción reinante en las estructuras gubernamentales».
La carta enviada por PFC a la Presidenta Moscoso, el texto de la Ley 6, una extensa colección de reportajes periodísticos sobre la misma y otras referencias, se encuentran en:
http://probidad.org/regional/legislacion/2001/024.html
Recommended Action
Remitir apelaciones a la Presidenta Moscoso:
– pidiéndole derogar el reglamento de la Ley de Transparencia
– urgiéndole adoptar los mecanismos necesarios para que la ley de acceso a la información pública (Ley 6) no se siga siendo violada por los funcionarios públicos
Appeals To
Sra. Mireya Moscoso
Presidenta de la República de Panamá
Fax: +507 227 00 76
Correo-e: ofasin@presidencia.gob.pa
Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.
