De acuerdo a diversas fuentes, Alexis Marrero, autor del blog "En política", fue informado de una orden de arresto en su contra.
Un mes negro para la libertad de prensa
(ARTICLE 19/IFEX) – La semana pasada se emprendieron acciones judiciales contra el bloguero de oposición Alexis Marrero, Globovisión fue atacada, las licencias de transmisión de por lo menos 34 estaciones fueron canceladas y se hizo pública la propuesta de «Ley Especial de Delitos Mediáticos». Estos sucesos atestiguan la continua y vehemente confrontación en contra de los medios de comunicación, la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de opiniones en Venezuela.
El 3 de agosto, sujetos armados no identificados, supuestamente dirigidos por la líder social y simpatizante chavista Lina Ron, irrumpieron en las instalaciones de Globovisión al tiempo que arrojaban gas lacrimógeno al interior del edificio. Éste es el suceso más reciente de intimidación de una larga lista de agresiones en contra de la estación y sus empleados. Actualmente esta emisora enfrenta cinco procesos administrativos que podrían provocar la cancelación definitiva de sus transmisiones. Lina Ron fue arrestada y presentada ante un juez.
Existen reportes sobre casos de acoso a periodistas. De acuerdo a diversas fuentes, Alexis Marrero, autor del blog «En política», fue informado de una orden de arresto en su contra. A principios de 2009, el bloguero fue citado en las oficinas de la Fiscalía para comunicarle que una investigación había sido iniciada por incitar al asesinato de una figura política importante, hacer propaganda de guerra y vilipendiar al presidente de la república. Las acusaciones estaban basadas en su blog intitulado «Basta de miseria Muerte al traidor, Muerte a Hugo Chávez», ( http://alexismarrero.blogspot.com/2008/07/basta-de-miseria-muerte-al-traidor.html ) en el que deliberadamente utilizó hipérboles para expresar su opinión política.
El 31 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció el retiro de licencias a 34 transmisoras en 15 estados del país. Entre éstas, 13 estaciones detuvieron abruptamente sus transmisiones después del aviso. CONATEL justificó estas acciones con argumentos técnicos y administrativos por supuestas faltas en la entrega de los papeles de registro. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que estas estaciones estaban acusadas de «jugar a desestabilizar Venezuela».
La semana pasada el procurador general de Venezuela presentó un proyecto de ley ante el Congreso para castigar con hasta cuatro años de cárcel los «Delitos Mediáticos» derivados de la difusión de información falsa o contraria a los intereses del Estado. De la misma forma, se sanciona con penas de hasta dos años de prisión a los editores, gerentes o directores que se rehúsen a revelar «la identidad del autor de una emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima». Algunos de los puntos más problemáticos de la propuesta son:
– El proyecto es una ley especial contra crímenes mediáticos y no debe ser confundido con una ley de medios. La legislación criminal específica, con el consecuente uso extensivo de términos poco claros, abre la posibilidad de que surjan limitaciones arbitrarias y abusos en contra de la libertad de expresión y de prensa.
– Las restricciones que plantea extralimitan las restricciones fundadas en el derecho internacional y por ende no están reconocidas en el marco de derechos humanos de los pactos internacionales.
– La propuesta incluye términos muy vagos y amplios que se prestan a distintas interpretaciones. Por ejemplo, «información oportuna», «sensación de impunidad o inseguridad» o «coacción mediática» son considerados crímenes, lo que contraviene el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ARTICLE19 exhorta al gobierno de Venezuela a retractarse de la postura y acciones que ha emprendido durante la última semana y a implementar inmediatamente medidas positivas que promuevan, defiendan y protejan el derecho a la libertad de expresión, lo que implica:
– Retirar el proyecto de «Ley Especial de Delitos Mediáticos». Un replanteamiento de detalles en dicha ley no servirá de nada pues está mal formulada en su estructura jurídica e intención de fondo. Esta propuesta representa una mácula en los anales del derecho venezolano.
– Detener las acciones de intimidación y acoso en contra de voces disidentes, particularmente en el caso de bloggers, los trabajadores de Globovisión y otros medios con una opinión política crítica.
– Investigar y presentar ante las instancias de justicia a todos los involucrados en el ataque contra Globovisión y sus empleados.
– Reconsiderar la decisión de CONATEL sobre la renovación de licencias para emisoras. Si existen cuestiones administrativas que impidan concluir satisfactoriamente las renovaciones, CONATEL debe extender el plazo para presentar la documentación y finiquitar los procedimientos debidos. De hecho, el retiro masivo de concesiones implica necesariamente que los procedimientos son inadecuados y por lo tanto deben ser revisados. Finalmente, todas las estaciones deben tener el derecho de apelar el fallo sobre la decisión de no renovar su respectiva licencia de transmisión. La existencia de medios diversos y plurales es esencial para la sociedad y debe ser un motivo de orgullo para Venezuela. Todas las medidas posibles deben ser tomadas para preservar este ambiente de diversidad mediática.
