Las autoridades nicaragüenses deben retirar las acusaciones penales por injuria y calumnia contra el periodista David Quintana, y Nicaragua debe reformar las leyes que inhiben la libertad de expresión.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 19 de agosto de 2020.
Las autoridades nicaragüenses deben retirar las acusaciones penales por injuria y calumnia contra el periodista David Quintana, y Nicaragua debe reformar las leyes que inhiben la libertad de expresión, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 10 de julio, Nelson Vázquez Oporta y Junieth Dávila Cruz, habitantes de Managua, interpusieron una querella por los delitos de calumnia e injuria contra Quintana, director del medio digital independiente Boletín Ecológico, según informaciones de prensa y el testimonio de Quintana, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
La querella aludía a una transmisión de Facebook Live del 17 de junio que Quintana realizó en la página de Boletín Ecológico, en la cual entrevistó a dos personas que dijeron haber sido desalojadas violentamente el día anterior, a raíz de una disputa que sostenían con Vázquez y Dávila por la propiedad de una vivienda.
Dávila declaró al CPJ en entrevista telefónica que ella y Vázquez, su esposo, habían sentido que el reportaje de Quintana sobre los hechos estaba incompleto porque éste se había negado a dar su versión de la historia.
De ser condenado, Quintana pudiera enfrentar una multa máxima equivalente a 300 días de salario, según el Código Penal de Nicaragua.
“Las anticuadas disposiciones penales sobre la calumnia y la injuria vigentes en Nicaragua se vuelven a emplear contra la prensa: en esta ocasión, el periodista David Quintana enfrenta un proceso penal, cuando un proceso en el ámbito civil debería ser suficiente para resolver cualquier disputa por un reportaje”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “El ámbito penal no es un foro adecuado para las demandas por calumnia e injuria. Los funcionarios nicaragüenses deben poner fin al proceso penal contra Quintana y reformar las leyes nicaragüenses”.
Quintana declaró ayer al CPJ que no había recibido ninguna notificación oficial de la querella, sino que se había enterado por medio de la familia desalojada, a la cual Vázquez y Dávila también han querellado por injuria y calumnia.
Según los documentos judiciales revisados por el CPJ, ya se han realizado dos audiencias judiciales en el proceso, el 30 de julio y el 11 de agosto, en ausencia de Quintana.
“No estamos en contra de la información ni del trabajo de los periodistas, pero él nunca quiso añadir nuestra versión. Él hizo acusaciones falsas y dijo que teníamos vínculos con el Gobierno y nos denunció en las redes sociales”, Dávila declaró al CPJ.
Boletín Ecológico es un medio basado en las redes sociales que se dedica a la cobertura de noticias en desarrollo y al periodismo ambiental. Recientemente ha cubierto la convulsión social en Nicaragua, según Quintana.
En marzo, partidarios del oficialismo atacaron a Quintana y a un grupo de reporteros que cubrían el funeral del poeta Ernesto Cardenal, como el CPJ lo documentó en la época.
A principios de mes, el 10 de agosto, tres empleados municipales del sureste nicaragüense interpusieron una querella por el delito de calumnia contra Kalúa Salazar, jefa de prensa de la radioemisora La Costeñísima, por un reportaje sobre presuntos actos de corrupción, conforme el CPJ lo documentó.
