Policías municipales intentaron ingresar por la fuerza al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en Cancún, Quintana Roo.
(ARTICLE 19/IFEX) – 31 de mayo de 2010 – Policías municipales intentaron ingresar por la fuerza al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), exigiendo la entrega de una familia que había sido víctima de violencia física y psicológica y quien recibe atención por esta organización.
El 31 de mayo de 2010 a las 11:20 horas, Cruz Antonio García Javier, policía del municipio de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo (Sureste), responsable de causar violencia física y psicológica a su esposa e hijos, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones del CIAM con la intención de evitar que sus familiares recibiesen asesoría y ayuda.
García Javier se acompañó de cinco policías armados y uniformados quienes haciendo uso indebido de su cargo público amenazaron e intimidaron a las defensoras de derechos humanos. Anteriormente, la víctima había presentado dos denuncias que fueron descartadas por las influencias de García Javier. Al no encontrar respuesta en las autoridades acudió por ayuda al Centro.
El CIAM es una organización de defensa a víctimas de violencia doméstica sexual y trata de personas. Las integrantes del Centro han recibido amenazas y sufrido actos de hostigamiento con objeto de silenciar los abusos y violaciones de las que son víctimas las mujeres, niñas y niños. Por ello desde agosto de 2009 junto con su fundadora y presidenta Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, esta Comisión solicitó al Estado mexicano que adoptase las medidas de protección para la salvaguarda de la integridad y vida de Cacho y de quienes conforman la organización. Con base en estas medidas el equipo Legal y de Protección de ARTICLE 19 activaron los mecanismos estatales para que cesaran las agresiones que se suscitaron el día de hoy.
«La denuncia pública de las agresiones en contra de las mujeres y menores siempre implica nuevas amenazas personalizadas; los agresores primero intentan callar a sus víctimas y después silenciar a quienes hacen eco de su voz y reclaman sus derechos», afirma Lydia Cacho.
El 12 de mayo la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas hicieron un llamamiento al Gobierno mexicano «a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades.»
ARTICLE 19 extiende un enérgico llamado a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, para que en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos instrumente las medidas necesarias para que cesen las agresiones contra el CIAM y prevenga cualquier agresión futura.
ARTICLE 19 urge a que la Policía Federal resguarde las instalaciones sin interferir en las actividades del CIAM a fin de que proteja a las colaboradoras del Centro y a las usuarias del mismo así como la propiedad.
ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la vida e integridad de las personas que acuden al Centro además de cumplir, respetar e implementar de manera efectiva las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las integrantes del CIAM.
ARTICLE 19 urge a que las autoridades de procuración de justicia efectúen las acciones de investigación, detención y procesamiento de los responsables.