IPYS Venezuela rechaza los ataques contra 19 reporteros durante la cobertura de una protesta por comida desarrollada en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 3 de junio de 2016.
IPYS Venezuela rechaza los ataques contra 19 reporteros durante la cobertura de una protesta por comida desarrollada en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas.
Estos hechos vulneran lo establecido en una declaración conjunta emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2013, en la que exhortan, a los Estados partes, garantizar que los periodistas y comunicadores sociales no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados durante el cumplimiento de sus funciones informativas en cobertura de manifestaciones sociales. De igual manera, se ordena que las herramientas y los materiales periodísticos no sean destruidos ni confiscados por las autoridades de orden público.
En horas de la mañana del jueves 2 de junio de 2016 se desarrolló una protesta en las inmediaciones del elevado de las Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas, donde personas esperaban, en largas filas, para comprar comida de primera necesidad.
De acuerdo con varios testimonios, personas que se encontraban en el lugar se alteraron cuando representantes de consejos comunales -unidad de organización popular impulsada por el gobierno- intentaron desviar un camión cargado con alimentos a uno de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Algunas personas se quejaban por la falta de alimentos y otras exigían la activación del referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según las notas informativas publicadas en diversos medios de comunicación.
Este hecho ocurrió tres semanas después de que el presidente Maduro ordenara un proceso de reestructuración del sistema de distribución de alimentos con la consigna: “Todo el poder para los Clap”, que anunció durante una alocución oficial y que luego legalizó a través del Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, que entró en vigencia el 13 de mayo.
Los funcionarios de seguridad del Estado, Guardias Nacionales y Policía Nacional, acudieron a la zona para controlar la situación. Reprimieron con bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Poco después llegaron civiles armados que comenzaron a agredir y atacar a los periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y choferes.
Los afectados fueron: Andrea Cedeño, William Ríos, Felipe Martínez y Amanda Sánchez, del portal digital Vivo Play; Deivis Ramírez, Pablo Pupo, Luis Morillo y Adolfo Acosta, del impreso El Universal; Oriana Vielma, reportera de El Pitazo, Reynaldo Mozo y Vanessa Moreno, reporteros de Efecto Cocuyo; Raúl Romero, de El Nacional; Irene Mejías y Felipe Romero, de Caraota Digital; Francisco Bruzco de Diario 2001; Nicole Kolster, de NTN24; Mabel Sarmientos y Miguel González, de Crónica Uno, y Giovanni Martínez, de Diario La Voz.
Ante la mirada de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de seguridad del Estado, el equipo reporteril de Vivo Play, conformado por la periodista Andrea Cedeño; el reportero gráfico, William Ríos, y el chofer que trabaja para el medio, Felipe Martínez, fue amedrentado por civiles armados que los despojaron de sus herramientas de trabajo, según denunció Cedeño a IPYS Venezuela.
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