El periodista Juan Alcívar fue acusado por "agresión terrorista a funcionarios públicos", en la que el alcalde solicita que sea sancionado con el pago de daños de USD200.000.
(Fundamedios/IFEX) – El 17 de septiembre de 2010, dos funcionarios públicos, Walter Ocampo Heras, el alcalde de La Concordia, y Miguel Moreta Panchez, Procurador Síndico del Municipio de esa misma localidad, presentaron una acusación particular en contra de Juan Alcívar, corresponsal de «Diario La Hora» y periodista de la radioemisora «El Nuevo Sol», por «agresión terrorista a funcionarios públicos», en la que se solicita que sea sancionado «con el máximo de la pena de reclusión», el pago de daños y perjuicios «lo cual no podrá ser inferior a los USD200.000.
El 20 de agosto, el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, Kléber Samaniego, dispuso prisión preventiva contra Alcívar, después de que el Fiscal de Esmeraldas Gorky Ortiz iniciara una causa pública por la misma acusación y basado en las declaraciones de dos empleados municipales. Por este motivo, y dado que el periodista temía por su vida, estuvo en la clandestinidad cerca de un mes.
El 13 de septiembre, el juez dispuso la sustitución de la orden de prisión que pesaba en contra del comunicador, por una medida cautelar de presentarse cada 15 días en el juzgado, mientras dure la instrucción fiscal. El proceso de investigación continúa.
En la nueva denuncia se acusa al periodista de ser uno de los responsables de haber activado una bomba lacrimógena cuyo gas se habría esparcido hasta el presidente Rafael Correa, quien estuvo de visita en ese cantón el 19 de julio. Además, se lo sindica como causante de daños materiales y humanos. También se lo acusa de «odiosidad» en contra del alcalde, y de «aprovecharse» del medio en donde locuta para insultarlo.
Según pudo comprobar Fundamedios, cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, el periodista Alcívar se encontraba haciendo la cobertura periodística normal de los hechos alrededor de la visita del Primer Mandatario.
Fundamedios rechaza esta nueva acusación del Alcalde que configura una persecución con la utilización del sistema judicial para acallar a un periodista que ha sido crítico con la gestión de este funcionario público.
