(PROBIDAD/IFEX) – La Alianza 72, una coalición de organizaciones de sociedad civil, que promueve el acceso a la información pública en Honduras, entregó al Congreso Nacional sus observaciones al proyecto de Ley de Transparencia que se apresta a discutir en las próximas semanas ese poder del Estado. En una reunión sostenida con los dictaminadores de […]
(PROBIDAD/IFEX) – La Alianza 72, una coalición de organizaciones de sociedad civil, que promueve el acceso a la información pública en Honduras, entregó al Congreso Nacional sus observaciones al proyecto de Ley de Transparencia que se apresta a discutir en las próximas semanas ese poder del Estado.
En una reunión sostenida con los dictaminadores de la Ley y de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Proyectos, los integrantes de la Alianza 72 son del criterio que la Ley de Transparencia introducida el 26 de enero de 2006 al Congreso Nacional, recoge el espíritu de una propuesta original introducida al hemiciclo hace más de un año.
Manifiesta que el proyecto de Ley de Transparencia, que promueve el nuevo gobierno del presidente, Manuel Zelaya Rosales, respeta en la mayoría de los articulados lo concerniente a la información confidencial y reservada; el derecho de petición de los ciudadanos; los recursos de amparo cuando se niegue la entrega de información, así como la fundamentación por escrito cuando la denegatoria se produzca.
No obstante, hace hincapié que «la Alianza 72 rechaza la remisión al Foro Nacional de Participación Ciudadana, creado por la reciente Ley de Participación Ciudadana, sancionada por el Presidente de la República el 27 de enero», como órgano encargado de supervisar y ejecutar la ley. En este sentido, propone al Consejo Nacional Anticorrupción como el ente que se encargue de vigilar la ejecución de esta herramienta legal a fin de no caer en una politización partidaria.
En las reuniones sostenidas con los congresistas y dictaminadores, se les hizo hincapié que la Ley de Transparencia y acceso a la información pública no pretende ser una «cacería» contra los funcionarios públicos, sino una herramienta que permita transparentar la lucha contra la corrupción centrada en la difusión de toda aquella información de interés público como un derecho que atañe a la sociedad.
En este sentido, la congresista del opositor Partido Nacional, Ilsa Díaz Zelaya, dijo que ellos estaban dispuestos a «promover una ley que cambie el curso de la historia del país, que sea coherente con sus días y noches de desvelo. Haremos una ronda de consultas para concertar esta ley», afirmó.
Por su parte, el diputado Toribio Aguilera, del partido de Innovación y Unidad, de tendencia socialcristiana, fue enfático al afirmar que la Ley de Transparencia es de «prioridad nacional», pero «no vamos a correr. Haremos un calendario de trabajo con el pleno de la Comisión de Dictamen, los jefes de bancada de los partidos políticos (ahí representados) donde pondremos esta ley en agenda para aprobarla en un plazo razonable, que espero no sea mucho tiempo».
En la cita sostenida con los parlamentarios, los integrantes de la Alianza 72, de la cual es parte el C-Libre, entregó también una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, en la cual le manifiesta la importancia de volver transparentes las ejecutorias de la administración pública como un mecanismo que no sólo fortalece la lucha anticorrupción, sino que afianza la democracia misma.
La Ley de Transparencia fue una promesa de campaña del actual presidente electo, Zelaya. Éste se comprometió a sancionarla en su toma de posesión el 27 de enero, pero no pudo lograr su objetivo al no haber consenso en el congreso ni en su bancada al respecto. En este sentido, Zelaya los exhortó a darle prioridad a la ley porque Honduras necesita una herramienta «de ésta naturaleza para el desenvolvimiento y desarrollo del país».
La Alianza 72 toma su nombre en base a un artículo constitucional que garantiza el derecho a la libertad de expresión, así como del artículo 80 que aborda el derecho de petición. Surgió como un grupo de presión que busca garantizar el derecho de y a la información en Honduras, en todo lo vinculado al acceso a la información pública.
