La Cámara de Representantes ha abierto un procedimiento para permitir interrogar al ex presidente por su supuesta implicación en el caso.
(RSF/IFEX) – La investigación sobre el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de las «chuzadas» (interceptaciones) acaba de dar un nuevo paso, el 12 de octubre de 2010, con la apertura de un procedimiento en la Cámara de Representantes para permitir interrogar al ex presidente Álvaro Uribe por su supuesta implicación en el caso. El ex jefe de estado negó primero toda responsabilidad en los disparates de los servicios de inteligencia bajo su doble mandato, para oponerse a cualquier crítica con su política llamada de «seguridad democrática». Dicho escándalo, que ha padecido de sobra la prensa colombiana, fue objeto de una misión y de un informe de Reporteros sin Fronteras en el mes de mayo. Según los documentos que pudimos consultar, dieciséis periodistas empleados por una decena de medios de comunicación fueron víctimas de ello.
Aunque tomamos nota de la acción – de consecuencias judiciales a priori limitadas – emprendida en el Congreso y de los últimos progresos en la investigación, también debemos señalar las insuficiencias de éstas. El «DASgate» no se limita a algunas escuchas telefónicas salvajes. Se trata, primero, de un real movimiento de infiltración del paramilitarismo dentro de los órganos de inteligencia del estado. En la práctica, además, el espionaje dirigido contra políticos, magistrados, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas se ha acompañado de maniobras de intimidación, desvío de los programas de protección de los que se beneficiaban ciudadanos amenazados, y actos de sabotaje y censura.
Recordemos, por ejemplo, los seguimientos realizados a la periodista de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, víctima de un curioso «accidente» de tránsito en 2008. Acordémonos también de los repetidos cortes del programa de su compañero Hollman Morris, «Contravía», uno de los pocos espacios televisivos dedicados a los temas más sensibles (conflicto armado, cuestión de las tierras indígenas, derechos humanos), emitido en Canal Uno. Para la misma cadena trabajan Daniel Coronell e Ignacio Gómez. Un robo sospechoso – el quinto en tres años – de su computador fue cometido recientemente en el domicilio de Gómez, y Uribe no dudó, bajo su presidencia, en tomar la palabra públicamente para estigmatizar y descalificar a Coronell.
Todos los periodistas anteriormente citados, junto con otros, sufrieron los efectos de esta «propaganda negra» orquestada por los servicios de inteligencia con el aval de la Casa de Nariño (el palacio presidencial). Algunos tuvieron que exiliarse ante el peligro. Morris reside actualmente en Estados Unidos, en el marco de un programa universitario.
Estos graves elementos no aparecen en los considerandos de las sanciones disciplinarias tomadas, el 1 de octubre, contra nueve altos funcionarios, entre los que se encuentran tres antiguos directores del DAS – Jorge Noguera Cotes, Andrés Peñate Giraldo y María del Pilar Hurtado -, y el ex secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, al que se ha prohibido ocupar un cargo público por dieciocho años. El documento de la Procuraduría General de la Nación no menciona a los periodistas ni demás víctimas conocidas del DAS ni tampoco pone de relieve sus testimonios. Un recurso de Duque fue puesto por su abogado ante la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación el 6 de octubre. Hemos recibido copia de ello. Pedimos que se lo examine a fondo y que se inicie la investigación correspondiente.
Las prácticas del DAS y de su dirección no sólo deben ser objeto de sanciones administrativas sino también penales. Reporteros sin Fronteras apoya cualquier trámite por parte de los periodistas afectados para que obtengan la reparación debida a su situación. Finalmente, esperamos que la declaración del propio Uribe ante el Congreso ayude por lo menos a reconstituir el hilo de esta trama. Los ciudadanos colombianos tienen derecho a conocer toda la verdad.
