(RSF/IFEX) – En las últimas semanas, la Justicia ha citado a siete periodistas para preguntarles sobre sus fuentes informativas. «Cuando los periodistas se ven obligados a revelar sus fuentes, ya nadie les confía informaciones. Y entonces lo que peligra es el derecho de la sociedad a estar informada», manifesto Robert Ménard, secretario general de RSF, […]
(RSF/IFEX) – En las últimas semanas, la Justicia ha citado a siete periodistas para preguntarles sobre sus fuentes informativas. «Cuando los periodistas se ven obligados a revelar sus fuentes, ya nadie les confía informaciones. Y entonces lo que peligra es el derecho de la sociedad a estar informada», manifesto Robert Ménard, secretario general de RSF, en una carta dirigida al presidente Vicente Fox Quesada. «El principio de la proteccion de las fuentes es la única garantía para un periodismo independiente de investigacion, indispensable para la transparencia de la vida pública», añadio.
Por otra parte, la organizacion se ha sentido «chocada» por las palabras que el presidente Fox pronuncio, el 15 de noviembre de 2002, durante una reunion organizada en París con diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, en la que participaba RSF. Entre otras cosas, el presidente Fox declaro que no hay ninguna razon para no perseguir a los periodistas que publiquen informaciones conseguidas ilegalmente. La organizacion ha pedido al presidente Fox que en el Codigo de Procedimientos Penales mexicano se incluya un artículo protegiendo el secreto de las fuentes.
El 3 de diciembre, Daniel Moreno, periodista y director de informacion del diario «El Universal», fue citado por la justicia para que compareciera, con el fin de que revelara las fuentes de un artículo, publicado el 16 de junio. El periodista se nego a hacerlo, alegando su derecho a proteger sus fuentes. El artículo en cuestion trataba de un escándalo de corrupcion en la compañía pública petrolera Petroleos Mexicanos (Pemex). Después de la publicacion del artículo, las autoridades decidieron poner en marcha una investigacion, precisando que algunas de las informaciones, clasificadas como secretas, solo podían haberse conseguido a través de filtraciones no autorizadas. El 3 de diciembre, el Procurador General de la República explico que su objetivo no era atacar a los periodistas sino tomar medidas contra los funcionarios que transmiten a los medios de comunicacion informaciones clasificadas como secretas por ley.
El 18 de noviembre, fueron citados para comparecer, a causa de varios artículos publicados en enero, sobre los mismos asuntos de corrupcion, Enrique Méndez, Gustavo Castillo, Rubén Villalpando, Andrea Becerril, Ciro Pérez y Roberto Garduño. Los seis periodistas, del diario «La Jornada», se negaron a revelar sus fuentes a pesar de las presiones del procurador general de la República. Posteriormente, los reporteros presentaron una denuncia ante la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (ver la alerta de IFEX del 3 de diciembre de 2002).
Como resultado de esta denuncia, la CNDH, a través de su presidente José Luis Soberanes, emitio un comunicado en el que afirmaba que «es derecho y a la vez obligacion de los periodistas preservar el secreto profesional y negarse a revelar la identidad de sus fuentes del modo en que lo hacen también otros profesionales como los médicos y los abogados». Subrayo que la repeticion de las citaciones «termina siendo un ejercicio intimidatorio y de inhibicion al informador».
RSF ha pedido al presidente Fox que se incluya, en el Codigo de Procedimientos Penales, el siguiente artículo:
«Todos los periodistas tienen derecho al respeto de la confidencialidad sobre el origen de sus informaciones. Cualquier periodista preguntado, a cualquier título, sobre informaciones recogidas en el ejercicio de su actividad, podrá no revelar su origen y nadie podrá adoptar disposiciones para obligarle a que lo haga».
