(RSF/IFEX) – RSF protesta por las presiones ejercidas por el gobierno de la provincia de Neuquén, al centro-oeste del país, sobre el diario «Río Negro», para que revele sus fuentes. El periódico acababa de publicar una investigación en la que se implica al Ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia en un asunto de […]
(RSF/IFEX) – RSF protesta por las presiones ejercidas por el gobierno de la provincia de Neuquén, al centro-oeste del país, sobre el diario «Río Negro», para que revele sus fuentes. El periódico acababa de publicar una investigación en la que se implica al Ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia en un asunto de desvío de fondos.
«El secreto de las fuentes es la piedra angular de la libertad de prensa. Si a los periodistas no se les garantiza el secreto de las fuentes, nadie que disponga de informaciones delicadas se atreverá a publicarlas. Queriendo obligar al diario ‘Río Negro’ a revelar la identidad de sus informadores, su gobierno pone gravemente en peligro al periodismo de investigación, tan importante para la democracia», ha manifestado RSF en una carta dirigida a Jorge Sobisch, gobernador de la provincia.
«Le recordamos que la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece claramente en su artículo 8 que todos los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes de información», ha subrayado la organización.
El 6 de agosto de 2004, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una querella ante la justicia provincial contra el diario «Río Negro» para que revele el origen de unas informaciones publicadas en un artículo del 4 de agosto. En su investigación, el periódico revelaba que la Fiscalía de Delitos contra la Administracíon Pública estaba investigando la presunta implicación del Banco Provincial de Neuquén (BPN) en un caso de desvío de fondos en la época en que estaba presidido por Luis Manganaro, actual Ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia de Neuquén. A través del BPN se habrían desviado de la Administración Federal de Fondos Públicos (AFIP-DGI) entre 500,000 y 700,000 pesos (entre aproximadamente US$165,000 y 229,500; 135,000 y 190,000 euros).
Manganaro pidió que se abriera una investigación sobre las fuentes de los periodistas que escribieron el artículo y sobre los funcionarios judiciales que, teniendo acceso al dossier, podrían haberles proporcionado información. La redacción de «Río Negro» ha calificado la querella presentada por el gobierno local de un «ataque inadmisible a la libertad de prensa» e una «invasión de la independencia del poder judicial».
Hector Mauriño, responsable de la redacción del diario «La Nación» en Neuquen, subraya que este asunto no es un caso aislado, sino que se enmarca en las conflictivas relaciones que mantienen el diario y el gobierno provincial. En enero de 2003, todas las instituciones públicas de la provincia dejaron de incluir publicidad oficial en «Río Negro» después de que el periódico implicara al gobernador en un caso de corrupción (ver las alertas de IFEX del 21 de marzo y 10 de enero de 2003).
