(RSF/IFEX) – RSF ha manifestado su preocupacion porque una juez del Estado de Chihuahua (Norte) podría dictar una orden de aprehension contra ocho periodistas del diario «Norte de Ciudad Juárez». Violando las leyes mejicanas, no se les aviso de los cargos que pesan contra ellos. «Es fundamental para la transparencia de la vida pública que […]
(RSF/IFEX) – RSF ha manifestado su preocupacion porque una juez del Estado de Chihuahua (Norte) podría dictar una orden de aprehension contra ocho periodistas del diario «Norte de Ciudad Juárez». Violando las leyes mejicanas, no se les aviso de los cargos que pesan contra ellos. «Es fundamental para la transparencia de la vida pública que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos actos de corrupcion sin arriesgar su libertad», explico Robert Ménard, secretario general de RSF. En una carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la organizacion pidio que no se dicte ninguna orden de aprehension contra los periodistas. También pidio que se respeten sus derechos y que tengan un juicio justo e imparcial.
El 17 de octubre de 2002, la juez Catalina Ruiz Pacheco acepto considerar la posibilidad de dictar una orden de aprehension, solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, contra Oscar Cantú Murguía, editor y director general del diario «Norte de Ciudad Juárez», y contra Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huertas, del mismo periodico. Según una nota publicada el 18 de octubre por «Norte de Ciudad Juárez», hasta ese día, no se había entregado ninguna copia de la denuncia a los periodistas, lo que es contrario a la ley.
Todos ellos fueron denunciados por «difamacion» por Manuel Quevedo Reyes, ex alcalde de Ciudad Juárez y hoy empresario inmobiliario, quien puso una denuncia penal en enero, tras la publicacion de reportajes sobre el importe de la venta de unos terrenos suyos al Estado de Chihuahua. Según el periodico, el precio pagado por el Estado era superior al del mercado. El diario cuestiono la integridad de los funcionarios que evaluaron el precio de la transaccion. El ex alcalde y empresario pide una compensacion de 50 millones de pesos (aproximadamente 5,030,000 USD; 5,165,000 euros) y el cierre del periodico.
