La vivienda del periodista Walter Castillo Chávez, de Radio Libertad, fue apedreada por desconocidos en Arequipa, ciudad al sur del país. Por otra parte, un grupo de simpatizantes del ex alcalde de Huarmey intentó irrumpir en Radio Manantial para agredir al personal y destruir los equipos.
(IPYS/IFEX) – La madrugada del 9 de abril de 2009, la vivienda del periodista Walter Castillo Chávez, de Radio Libertad, fue apedreada por desconocidos en Arequipa, ciudad al sur del país. No hubo heridos, pero rompieron los vidrios de las ventanas. El periodista dijo al IPYS que días antes fue amenazado por teléfono para que dejara de criticar en su programa al ex presidente Alberto Fujimori tras conocerse su sentencia a 25 años de cárcel. No descarta que las agresiones estén relacionadas.
La tarde antes del atentado, el periodista volvió a tratar el tema en la radio con defensores y detractores de Fujimori, provocando una polémica.
Castillo Chávez denunció el ataque contra su casa y las amenazas en la comisaría de Alto Selva Alegre, jurisdicción a la que pertenece su domicilio.
Por otra parte, el 15 de abril, un grupo de simpatizantes del ex alcalde de Huarmey, Pedro Gorki Tapia Marcelo, intentó irrumpir en Radio Manantial para agredir al personal y destruir los equipos. Dos días después, desconocidos cortaron el cable de la antena de transmisión suspendiendo la señal de la radio. El cable fue sustituido horas después. La radio había denunciado de corrupción a Tapia Marcelo, lo que provocó que fuera vacado el 11 de abril. Huarmey es una ciudad de la región Áncash, al noroeste del país.
La radio fiscaliza permanentemente la gestión pública. Su periodista Alberto Fernando Egúsquiza, que conduce un programa concesionado en la emisora, informó sobre la presunta corrupción en la alcaldía. Desde entonces, el medio ha sido hostilizado. La emisora está asociada a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
El director de la CNR, Óscar Fajardo, denunció al IPYS que el ex alcalde ha querellado a Radio Manantial, pero no ha logrado desmentir las denuncias periodísticas.
IPYS rechaza este acoso que limita la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse, y solicita a las autoridades investigar el caso y sancionar a los responsables.
