(IPYS/IFEX) – En las últimas tres semanas de abril de 2004, el periodista Miguel Ramírez, de la Unidad de Investigación del diario «El Comercio» de Lima, recibió varias llamadas amenazantes a su teléfono celular y al teléfono de la casa de sus padres. Las amenazas consistieron en insultos contra el periodista y también en grabaciones […]
(IPYS/IFEX) – En las últimas tres semanas de abril de 2004, el periodista Miguel Ramírez, de la Unidad de Investigación del diario «El Comercio» de Lima, recibió varias llamadas amenazantes a su teléfono celular y al teléfono de la casa de sus padres.
Las amenazas consistieron en insultos contra el periodista y también en grabaciones donde se podía escuchar rezos de misa grabados.
Además, Ramírez ha advertido que es sujeto de un permanente seguimiento de autos. Sospecha que quienes lo siguen están intentando conseguir la identidad de las fuentes que le proporcionan información.
Ramírez viene investigando desde 1995 el caso de Fernando Zevallos, un empresario aerocomercial, asesor corporativo y fundador de la aerolínea Aerocontinente, a quien se le vincula con el narcotráfico. Las investigaciones sobre el caso Zevallos fueron retomadas en abril y publicadas en «El Comercio» a raíz de la aparición de nuevas pruebas que comprobaría la relación del empresario con estos actos ilícitos.
Recientemente, cuando Ramírez se encontraba recopilando información sobre Zevallos y estaba de viaje en el interior del país, un grupo de delincuentes ingresó a su vivienda en el distrito de Jesús María. Curiosamente, sólo se llevaron el disco duro de la computadora donde el periodista almacenaba valiosa información sobre este caso, dejando intactos otros artefactos y tarjetas de crédito.
El 28 de abril, Zevallos demandó al jefe de la Unidad de Investigación de «El Comercio», Fernando Ampuero, por el presunto delito de difamación, solicitando una reparación civil de cinco millón USD.
En lo que va del año, Ampuero es el tercer periodista enjuiciado por Zevallos a raíz de opiniones vertidas respecto a su controvertida participación en supuestos delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los otros periodistas demandados son Sally Bowen y Jane Holligan, autoras del libro «El espía imperfecto», en el que se recoge el testimonio del narcotraficante Oscar Benítes Linares sobre los vínculos de Vladimiro Montesinos y Zevallos en el tráfico de drogas. Montesinos fue un asesor del ex presidente Alberto Fijimori.
El caso contra Ampuero se ventilará en el juzgado de instrucción 35, según la investigación sumaria abierta por la jueza Luisa Acosta. Zevallos demandó a Ampuero alegando que éste habría «vulnerado su honor y buena reputación» a raíz de las declaraciones que el periodista dio sobre Zevallos enun programa de televisión el 7 de abril.
Ampuero ha declarado que todo lo que dijo, incluyendo opiniones, se basa en hechos ventilados a nivel policial y judicial, así como en documentos manejados por organismos nacionales y extranjeros dedicados a la investigación del narcotráfico, como la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos.
Según Ampuero, la querella no tiene asidero toda vez que la ley no contempla el delito de opinión.
Ante estos hechos, el diario «El Comercio» ha visto conveniente dotar de seguridad personal a ambos periodistas con el fin de evitar algún posible atentado en su contra.
