(PFC/IFEX) – El periodista holándes Okke Ornstein y la periodista panameña Carmen Boyd («El Siglo»), quienes han investigado y reportado sobre la empresa de bienes raíces sociedad San Cristobal que estaría estafando a inversionistas extranjeros, han sufrido amenazas, mientras que el abogado del primero apareció muerto a inicios de mayo de 2003. El 22 de […]
(PFC/IFEX) – El periodista holándes Okke Ornstein y la periodista panameña Carmen Boyd («El Siglo»), quienes han investigado y reportado sobre la empresa de bienes raíces sociedad San Cristobal que estaría estafando a inversionistas extranjeros, han sufrido amenazas, mientras que el abogado del primero apareció muerto a inicios de mayo de 2003.
El 22 de abril el presidente de dicha empresa, Tom McMurrain, le escribió por correo electrónico al periodista Ornstein que lo tenía investigado, que sabía donde vivía, donde comía, quienes eran sus amigas, la placa de su carro y quien era su abogado. Catorce días después, el abogado de Ornstein, Tomás Urriola, quien le tramitó el permiso de trabajo para realizar la investigación periodística en el país canalero, apareció muerto de un disparo en una de las calles próximas al casco antiguo de la ciudad de Panamá. Las autoridades calificaron la muerte como un suicidio, sin embargo sus familiares han rechazado esa tesis. Ornstein también denunció haber sufrido persecusiones vehículares.
Por otro lado, la mañana del 23 de mayo en las instalaciones del periódico «El Siglo», un sujeto desconocido advirtió a la periodista Boyd que debía «tener cuidado, porque podría pasarle algo». La periodista recién terminaba de publicar una serie de reportajes recogiendo las investigaciones de Ornstein acerca de la sociedad San Cristobal y las amenazas contra éste. El sujeto que la amenazó había llegado al periódico a comprar los ejemplares donde aparecieron tales reportajes.
Ornstein descubrió que McMurrain tenía dos órdenes de arresto en su contra, giradas en Atlanta, Estados Unidos, bajo los cargos de hurto y apropiación indebida. Otros de sus socios y trabajadores, según Orstein, también enfrentan problemas judiciales. La empresa de McMurrain estaría involucrada en una supuesta estafa a inversionistas extranjeros, a los que les vende propiedades en la provincia de «Bocas del Toro», por valores que oscilan entre 71,000 y 126,000 USD. La investigación de Ornstein pusó en tela de duda si San Cristobal tiene derechos sobre tales tierras y si la venta de las mismas es legal. San Cristobal promete a sus clientes el retorno de su inversión a través de la plantación de árboles en sus propiedades y la venta de las maderas y productos medicinales que estos producen.
Ornstein y Boyd declararon a PFC temer por su integridad física, luego de la muerte del abogado Urriola y de constatar que empleados de McMurrain, que trabajan para su empresa de seguridad en la zona de Bocas del Toro, son conocidos por los lugareños como matones.
PFC dirigió una carta al Procurador General de la República, José Antonio Sossa, expresándole preocupación por la seguridad de los periodistas antes referidos y pidiéndole disponer medidas de protección para estos. A su vez, PFC pidió al procurador Sossa «abrir una investigación sobre las operaciones de la sociedad San Cristobal, retomando los hallazgos del periodista Ornstein, para detener las operaciones de estafa que ésta presuntamente estaría cometiendo en perjuicio de inversionistas extranjeros».
La carta enviada por PFC al procurador Sossa, reportajes y otra información relacionada al caso se encuentra en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/066.html