El mes de abril en las Américas: un resumen sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Durante el mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución importante, recordando a los Estados de la región las obligaciones y garantías relativas a los derechos humanos que deben cumplir durante la pandemia. A continuación ofrecemos una descripción detallada de las recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión e información. Pero primero, celebraremos la concesión del premio Guillermo Cano a la libertad de prensa a la periodista colombiana Jineth Bedoya y les contamos acerca de la grave situación de la libertad de expresión en Venezuela, que continúa deteriorándose. Asimismo, compartimos, más abajo, otros desarrollos importantes, como la regulación de las «ciber patrullas» en Argentina; el uso de tecnología biométrica para acceder a servicios de salud en Chile; el gasto oficial en publicidad en Colombia; la libertad de prensa en Nicaragua; las deficiencias de los mecanismos estatales para la protección de periodistas en la región; y el estado de la democracia en Brasil.
Un premio para las mujeres periodistas de América Latina.
Jineth Bedoya Lima recibió el Premio Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2020 en una ceremonia virtual celebrada el 30 de abril de 2020. Podrán consultar su perfil en nuestra sección Las caras de la libertad de expresión para obtener más información sobre el trabajo de Jineth, incluyendo dos décadas cubriendo el conflicto armado en Colombia y la libertad de prensa en ese país.
Al recibir el premio, Jineth celebró el trabajo de las mujeres periodistas en América Latina. En su discurso, afirmó que «buscar justicia significa no quedarse callado, y este es un legado de Guillermo Cano». Añadió que su lucha no es contra el gobierno colombiano, sino «contra la impunidad; el Estado necesita entender que proteger a un periodista es proteger a una comunidad. Este no es un problema personal, es un problema de derechos; y no de un individuo, sino de una comunidad».
Pueden obtener más información a través del video producido por la UNESCO para el premio, o a través del video Dignidad y resistencia: la lucha contra la impunidad en Colombia, coproducido por IFEX y el miembro colombiano de IFEX, FLIP, que fue lanzado a principios de este año.
Silenciar a quienes informan sobre la crisis de salud en Venezuela
En Venezuela, el número de detenciones arbitrarias sigue siendo alto. La mayoría de los casos involucran a periodistas que cubren la crisis de COVID-19 y aquellos que expresan puntos de vista críticos sobre cómo las autoridades están lidiando con la pandemia. Durante el mes de marzo, el miembro de IFEX-ALC, Espacio Público, denunció 120 violaciones a la libertad de expresión, en su mayoría referidas a casos de acoso, censura y restricciones administrativas impuestas a los medios de comunicación. Mientras escribo este articulo, los números parciales para el mes de abril han alcanzado ya más de 60 violaciones.
El abogado y defensor de los derechos humanos Iván Virgüez, por ejemplo, fue arrestado en Yaracuy el 18 de abril, por realizar comentarios críticos en Facebook. Jesús Hidalgo Rincón, un presentador de radio de Zulia, fue encarcelado el 23 de abril. La reportera Natalia Roca fue hostigada por la Guardia Bolivariana mientras realizaba entrevistas en Caracas el 25 de abril.
IPYS-Venezuela informó el 17 de abril que en menos de 24 horas dos periodistas habían sido detenidos en Guárico y Apure. Uno de ellos, Eduardo Galindo, fue detenido el 15 de abril y permanece en prisión a pesar de una orden judicial para su liberación. Su esposa y su sobrino también fueron detenidos cuando se negaron a entregar su computadora y otros equipos de trabajo.
También se han informado restricciones a la libertad de expresión e información en línea. Durante meses, el principal proveedor de servicios de Internet en Venezuela, Cantv, ha sido acusado de aplicar una serie de medidas destinadas a restringir el acceso de los venezolanos a la información. El 22 de abril, por ejemplo, el portal web de la Asamblea Nacional fue bloqueado después de publicar información sobre el estado de COVID-19 en Venezuela. Según IPYS-Venezuela, los principales proveedores de servicios del país han bloqueado al menos 12 sitios web que informan sobre COVID-19 y están vinculados a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó.
Estándares Regionales: COVID-19 y derechos humanos en las Américas
A principios de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que muchos gobiernos de la región habían declarado un «estado de emergencia», «emergencia de salud», o habían adoptado otras medidas de contención para abordar COVID-19 que suspendían o restringían algunos derechos.
La Comisión señaló medidas que limitan la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la libertad individual. La CIDH también observó que la tecnología de vigilancia se había utilizado para rastrear la propagación del coronavirus y almacenar datos a gran escala.
En vista de esto, el 10 de abril, la Comisión adoptó la Resolución 1/2020. El objetivo era proporcionar orientación a los Estados sobre cómo cumplir con sus compromisos de derechos humanos durante la pandemia.
La Resolución recuerda a los Estados que cualquier política o medida que restrinja los derechos protegidos debe cumplir con los estándares internacionales. Solo deben adoptarse en casos extremos y excepcionales, y seguir reglas estrictas destinadas a garantizar su legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad. Esto es especialmente importante para evitar que el «estado de emergencia» y declaraciones similares se usen ilegalmente o de manera abusiva o desproporcionada, causando violaciones de los derechos humanos o daños a la democracia.
La Comisión reconoce explícitamente el papel fundamental de la prensa, el acceso universal a Internet a través de las fronteras, la transparencia y el acceso a la información pública sobre la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla y hacer frente a las necesidades básicas de las personas.
El organismo internacional también pide a los Estados que se abstengan de suspender los procedimientos legales que podrían usarse para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades, como por ejemplo, el hábeas corpus y el amparo. Entre dichos procedimientos, los que se utilizan para monitorear las acciones de las autoridades deben ser especialmente preservados.
También se solicita a los Estados que se abstengan de restringir el trabajo y el movimiento de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que estos individuos desempeñan una función clave durante una emergencia de salud pública. La Comisión recuerda a los Estados que están obligados a permitir que todos los medios, independientemente de su política editorial, tengan acceso a conferencias de prensa oficiales. La protección de las fuentes también es un deber importante que debe respetarse.
Se recomienda a los Estados que evalúen los riesgos particulares que enfrentan los periodistas y trabajadores de comunicaciones, proporcionen medidas adecuadas de bioprotección y les den acceso prioritario a las pruebas de salud.
Se debe respetar la prohibición de la censura previa y no se debe bloquear sitios de medios, plataformas o cuentas privadas de Internet. También se debe garantizar a todos el acceso más amplio posible a Internet, y se deben desarrollar medidas afirmativas para cerrar rápidamente la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables de bajos ingresos.
El orden público o la seguridad nacional no deben usarse como justificación para imponer restricciones al acceso a la información pública en el contexto de la crisis originada por COVID-19. Los organismos y funcionarios que garantizan el derecho de acceso a la información pública deben dar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionada con la emergencia de salud pública, así como informar de manera proactiva y en detalle sobre el impacto de la pandemia y el gasto de emergencia. La divulgación debe realizarse en un formato abierto y ser accesible para todos los grupos vulnerables, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Si se deben extender los plazos para las solicitudes de información sobre asuntos no relacionados con la pandemia, los gobiernos deben explicar el motivo, establecer un período de tiempo en el que se cumpla la obligación y permitir apelaciones contra tales decisiones.
Los altos funcionarios del gobierno deben tener especial cuidado al hacer afirmaciones o declaraciones sobre la evolución de la pandemia. En las circunstancias actuales, es deber de las autoridades informar a la población y, al hacerlo, deben actuar con diligencia y dar informes razonados que tengan una base científica. Los gobiernos y las compañías de Internet deben contrarrestar y ser transparentes sobre cualquier desinformación que circule sobre la pandemia.
Se debe proteger el derecho a la privacidad y a los datos personales, en particular la información personal confidencial sobre pacientes y personas que se someten a pruebas durante la pandemia. Los gobiernos, los proveedores de salud, las empresas y otros actores económicos involucrados en los esfuerzos por contener y tratar la pandemia deben obtener el consentimiento de dichas personas al recopilar o compartir sus datos confidenciales. Los datos personales recopilados durante la emergencia solo deben almacenarse con el propósito limitado de combatir la pandemia, y los datos no deben compartirse con fines comerciales u otros. Las personas afectadas y los pacientes deben conservar su derecho a eliminar sus datos confidenciales.
Los Estados deben asegurarse de que si se utilizan herramientas de vigilancia digital para determinar, controlar o contener la expansión de la epidemia o para rastrear a las personas infectadas, deben estar estrictamente limitadas, tanto en términos de tiempo como de propósito, para proteger rigurosamente los derechos individuales, el principio de no discriminación y las libertades fundamentales. Deben establecerse herramientas de transparencia y rendición de cuentas, garantizando una supervisión independiente.
No se deben realizar detenciones arbitrarias durante el tiempo en que se encuentre en estado de emergencia o cuando se impongan restricciones a la circulación de personas.
La Comisión también pidió a los Estados que incluyan una perspectiva de género, basada en enfoques interseccionales, en todas las respuestas del gobierno para contener la pandemia. Las mujeres deben ocupar puestos de toma de decisiones en comités y grupos de trabajo que puedan establecerse en respuesta a la crisis de salud de COVID-19.
El 18 de abril, el Relator Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresión emitió una declaración en la que expresó su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en las respuestas de los Estados a la pandemia de COVID-19. Estas incluyeron restricciones en el acceso de periodistas a conferencias de prensa y la posibilidad de hacer preguntas sobre la pandemia; algunos Estados también han recurrido a delitos de derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información clasificadas como falsas, y la incitación al pánico con respecto a la salud pública; entre otros. El Relator Especial comentó sobre medidas concretas llevadas a cabo por los gobiernos de la región, señalando posibles violaciones de la libertad de expresión e información. Lea el texto completo de la declaración aquí.
En defensa de la democracia en Brasil
Los miembros de IFEX ABRAJI – Brasil, CAInfo – Uruguay y FOPEA – Argentina, junto con FOPEP de Paraguay, emitieron una declaración conjunta en la que las organizaciones, que representan a periodistas del Cono Sur (Mercosur) – una región geográfica y cultural compuesta por las áreas más meridionales de América del Sur, al sur del Trópico de Capricornio -, llama a la defensa de la democracia en Brasil. Según las organizaciones, las declaraciones públicas que solicitan poderes discrecionales para el presidente y el regreso de la dictadura militar han sido comunes en los últimos años, pero ahora los miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial han estado apoyando abiertamente estas posiciones. Estos grupos testifican que, recientemente, el uso del acoso y la intimidación legal para silenciar a la prensa se ha acelerado hacia la violencia física. Las organizaciones afirman que Brasil y América Latina no deberían repetir los errores del pasado que condujeron a regímenes autoritarios que violaron la libertad de expresión y prensa, deteniendo, torturando y asesinando a periodistas y sus familias.
Ciber patrullas
Desde 2018, el miembro de IFEX ADC ha estado documentando casos de monitoreo desproporcionado y discrecional de la actividad en línea en las redes sociales y fuentes de datos abiertas por parte de las fuerzas de seguridad, conocidas como «ciber patrullas», en Argentina. En ese momento, hubo informes de un uso creciente de la inteligencia de código abierto (OSINT) y la inteligencia de las redes sociales (SOCMINT) por parte del Estado. Los grupos de la sociedad civil solicitaron más transparencia y la adopción de una regulación específica sobre tales prácticas. En abril de 2020, las organizaciones se reunieron con el Ministerio de Seguridad para discutir propuestas para abordar este tema y solicitaron un mayor debate legislativo y participativo en la redacción de cualquier norma en el área. ADC presentó recomendaciones para garantizar que el texto y el propósito de la regulación respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
Mecanismos de protección y sus deficiencias
La Asociación Interamericana de Prensa (SIP) llevó a cabo un estudio que analiza los mecanismos oficiales establecidos por Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay para proporcionar medidas de protección a periodistas y trabajadores de medios en riesgo en esos países. El estudio afirma que los mecanismos carecen de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ser eficientes. A pesar de tales deficiencias, los mecanismos han ayudado a salvar muchas vidas. Además de resolver las deficiencias identificadas, la SIP pidió a los Estados que promuevan una relación de trabajo más estrecha entre las diversas agencias ejecutivas y judiciales relevantes. Una mayor coordinación y responsabilidades más claras podrían mejorar los mecanismos de prevención de riesgos para los periodistas.
Publicidad oficial y propaganda personal
La Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) pidieron a las autoridades colombianas que aumenten la transparencia en la contratación de servicios de comunicación y el gasto general de publicidad oficial durante la emergencia de COVID-19. Las organizaciones quieren reglas claras que restrinjan el uso de fondos públicos para promover personalmente a los titulares de mandatos. Los grupos presentaron los resultados de un estudio conjunto en el que se analizaron 2.128 piezas de comunicación, relacionadas con 30 contratos firmados por los gobiernos municipales de nueve capitales estatales en 2018. Entre ellos, 1.237 piezas (58%) se clasificaron como «autopromoción».
Huellas digitales y salud pública en Chile
Derechos Digitales ha lanzado un nuevo informe que presenta las historias de los usuarios del Fondo Nacional de Salud de Chile (FONASA) y sus experiencias tratando de acceder a los servicios mediante el uso de huellas digitales como la tecnología biométrica que se ha adoptado para la identificación. El estudio se basa en entrevistas y explora tres problemas principales identificados con el uso de dicha tecnología: limitaciones en el acceso a la salud; gestión del tiempo; y seguridad/privacidad y eficiencia.
Informe conjunto sobre Nicaragua destaca preocupaciones por la libertad de los medios
IFEX-ALC, en asociación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) y la Asociación Interamericana de Prensa (SIP), presentarán un informe conjunto sobre la libertad de expresión en Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su próxima sesión, programada del 29 de junio al 24 de julio de 2020. El documento señala los continuos ataques, amenazas, intimidación y censura contra la prensa independiente; también destaca la necesidad de garantizar las condiciones adecuadas para el regreso del gran número de periodistas en el exilio.
