Marzo en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El primer caso confirmado de COVID-19 en América Latina se produjo en Brasil, el 26 de febrero de 2020, y muy pronto fue seguido de noticias de posibles casos en Ecuador, México y Argentina. El virus llegó a América Latina ‘tardíamente’, cuando la situación ya se consideraba grave en China, Irán e Italia y se propagaba con rapidez en otros lugares.
Esto significó que muchos gobiernos de la región tuvieron algo de tiempo para prepararse para la llegada del coronavirus, cuya urgencia ya había sido advertida claramente por los especialistas. Sin embargo, prepararse no fue una prioridad para todos.
Algunos líderes – entre ellos Trump, Bolsonaro, López Obrador (AMLO) y Ortega – optaron por la negación o por minimizar la gravedad de la crisis. Esta es una decisión muy peligrosa, ya que los investigadores médicos y las autoridades gubernamentales de los países fuertemente afectados por la pandemia han hecho hincapié en las consecuencias mortales de no tomar medidas a tiempo.
Según un reciente informe del Imperial College de Londres se estima que podrían morir entre 1,3 y 40 millones de personas por COVID-19. La cifra más alta se calcula con “las muertes predecibles por ausencia de intervenciones médicas o del distanciamiento social voluntario [mientras que la más baja] viene del cálculo de contra lo que se podría lograr con políticas dirigidas a mitigar o evitar la transmisión”.
La llegada del COVID-19 a América Latina tendrá otros efectos duraderos.
Actualmente, el 95 % de los niños de la región no está asistiendo a clases y, según UNICEF, “si se extiende más el cierre de las escuelas, hay un gran riesgo que los niños y niñas se queden atrás en su curva de aprendizaje y que los alumnos y alumnas más vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas”. Con respecto a la economía, según informa el diario The Economist, “el virus ha atacado a un paciente que en términos económicos tiene una grave patología preexistente”. El crecimiento económico anual de América Latina ha sido muy bajo; las pequeñas empresas y los trabajadores informales representan una porción significativa de la economía, y se verán afectados de manera desproporcionada por la recesión que muy probablemente seguirá a la pandemia.
Otro tema que preocupa es la agudización de la desigualdad. En una entrevista publicada en El País, Eliana Silva, de la ONG carioca Redes da Mare, subrayó que las condiciones de vida de las favelas son tierra fértil para la propagación del coronavirus. Según Silva, el distanciamiento social en esas zonas es imposible, dado que las viviendas son pequeñas y mal ventiladas, y además no hay acceso a agua corriente y demás infraestructura urbana.
El género también jugará un papel importante, poniendo de manifiesto el componente de género de los efectos de la pandemia de coronavirus tanto hoy como en el futuro próximo.
El COVID-19 supone asimismo graves riesgos para las sociedades democráticas y para nuestros derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión e información. Un breve recorrido por la región da cuenta de esto:
Muy poca información y demasiada desinformación
El derecho de acceso a la información pública no se limita a las solicitudes de información presentadas ante organismos públicos (que en algunos países se conocen como solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información, o FoIA, por su sigla en inglés). Comprende una responsabilidad más amplia del Estado de brindar información pertinente en forma proactiva; de divulgar dicha información de manera significativa y que sea fácilmente comprensible; y de crear un entorno informativo en el que las noticias y los datos oficiales se perciban como creíbles, pertinentes y correctos.
A pesar de esta obligación, diversos estudios señalan que muchos países de la región han tenido dificultades para brindar información sanitaria completa a sus ciudadanos. La llegada del coronavirus ha agudizado este problema.
En Brasil, por ejemplo, el personal médico ha señalado que habría un número importante de casos no reportados de COVID-19 en el país, no solo porque no se estarían haciendo suficientes tests de diagnóstico, sino también debido a errores en el protocolo y los formularios enviados a hospitales y clínicas al comienzo de la pandemia cuando se recogieron datos para contabilizar las muertes. Actualmente, las discrepancias en las cifras de casos divulgadas por las autoridades federales y estatales han contribuido a generar más incertidumbre.
En Venezuela, según el miembro de IFEX Espacio Público, en 2014 el Ministerio de Salud dejó de publicar boletines epidemiológicos. Si bien en 2016 y 2017 se lograron difundir boletines, la ministra a cargo fue luego destituida, supuestamente porque los datos mostraban un deterioro y aumentos en la mortalidad infantil y en los casos de malaria y difteria.
En lo que va de la crisis de coronavirus, aunque desde el gobierno se han emitido declaraciones públicas sobre la pandemia, los datos brindados son muy generales y están desactualizados.
Si bien la mayoría de los países de la región ha legislado específicamente en la materia, promulgando Leyes de Acceso a la Información, en la situación actual muchos han declarado algún tipo de ‘estado de emergencia’, lo que ha significado suspender los plazos de tramitación de procedimientos administrativos, incluidas las solicitudes relacionadas con la libertad de expresión. El Salvador, México, Honduras y Brasil son algunos ejemplos de ello.
En Brasil se introdujeron enmiendas en la Ley de Acceso a la Información mediante un decreto presidencial que fue repudiado por diversas organizaciones – entre otras, los miembros de IFEX ARTIGO 19 y ABRAJI – por su vaguedad y contenido contradictorio y por restringir de manera desproporcionada el derecho de las personas a contar con información durante una crisis de salud pública. Tres días más tarde, el decreto fue revocado por decisión de la Suprema Corte de Brasil.
La situación en Brasil se ve exacerbada por el volumen de información falsa que circula, especialmente por las redes sociales. La información divulgada por distintas autoridades ha sido contradictoria y el Presidente y algunos de sus seguidores siguen negando la gravedad de la pandemia. Bolsonaro se ha dedicado a refutar los datos difundidos por otros países y por la Organización Mundial de la Salud. Ante cuestionamientos de periodistas, su reacción ha sido atacar a los medios, acusándolos de provocar histeria, y se refiere al COVID-19 como un “truco” o “fantasía” de los medios de comunicación.
En Honduras, paradójicamente, a pesar de las restricciones impuestas a las solicitudes de información, el gobierno circuló internamente una lista con los nombres y datos personales – entre ellos la edad y el domicilio – de los casos confirmados de infectados en el país. La lista se filtró y se volvió de conocimiento público. El incidente evidencia las deficiencias en los estándares aplicados por el Estado en el manejo de información sanitaria delicada y constituye una grave violación del derecho a la privacidad de las personas afectadas.
Censura y abuso de la fuerza
Honduras fue otro de los países que promulgó legislación de emergencia mediante un decreto presidencial. El Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 dispuso la suspensión de ciertas garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión y la prohibición de censura, por un plazo de siete días. IFEX-ALC hizo un llamado conjunto a que se revocara la norma.
En Venezuela, el miembro local de IFEX IPYS Venezuela documentó varios casos de periodistas a quienes se les impidió cubrir la situación de COVID-19 en el país, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza. Algunos medios también recibieron amenazas y el gobernador del estado Falcón acusó de terrorista a un diario de su región.
Quizás uno de los casos más paradigmáticos hasta el momento sea el de la detención del periodista Darvinson Rojas por las Fuerzas de Acciones Especiales el 21 de marzo. Los agentes policiales inicialmente alegaron que estaban investigando un supuesto caso de COVID-19, pero luego mencionaron unos tuits que Rojas había publicado como parte de su cobertura de la pandemia de coronavirus. Además de arrestar a Rojas, los oficiales confiscaron materiales de trabajo del periodista. También detuvieron a sus padres, aunque los liberaron a las pocas horas. En la noche del 23 de marzo, en una audiencia en la que Rojas estuvo representado por un abogado defensor asignado por el Ministerio Público, en vez de los abogados elegidos por él, se le imputaron los delitos de incitación al odio e instigación pública. El 27 de marzo, IFEX-ALC exigió a las autoridades venezolanas que liberaran de inmediato a Darvinson Rojas y que retiraran los cargos en su contra.
Privacidad y uso de tecnología
Como vimos en el caso de Honduras, hay países en la región que enfrentan dificultades para proteger tanto el derecho a la información como el derecho a la privacidad. En Colombia, los miembros de IFEX Fundación Karisma y FLIP alertaron sobre las posibles amenazas a la privacidad planteadas por una circular excesivamente amplia que fue emitida recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio y que permitiría a ciertas entidades gubernamentales requerir que las compañías de telecomunicaciones proporcionen datos de sus usuarios.
Es precisamente en el ámbito de la tecnología donde este desafío ha resultado particularmente difícil, ya que los gobiernos de todo el mundo – y los de la región no son una excepción – están recurriendo a aplicaciones y dispositivos de rastreo para hacer frente a la pandemia, lo que podría significar una mayor vigilancia con consecuencias potencialmente serias en el largo plazo.
El 20 de marzo, un grupo de organizaciones latinoamericanas, entre las que se contaban los miembros de IFEX Fundación Karisma, Derechos Digitales, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), emitieron una declaración en la que alertaban sobre ciertas iniciativas preocupantes que se estaban poniendo en marcha en Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. Además de vulnerar el derecho de las personas a la privacidad, algunas de estas iniciativas ni siquiera han demostrado ser eficaces, y otras podrían llevar a la estigmatización de grupos marginados si se aplican sin protocolos claros.
La declaración exhorta a los Estados a no perder de vista que el uso de tecnología digital para combatir la pandemia debe ser acompañado de un examen de la necesidad y proporcionalidad de ese uso, teniendo en cuenta eventuales efectos negativos en los derechos fundamentales.
El otro lado de la moneda: acceso a internet
Mientras que algunas organizaciones están preocupadas por el empleo abusivo de la tecnología por los gobiernos durante la pandemia de COVID-19, el miembro de IFEX OBSERVACOM nos recuerda la necesidad de asegurar que la gente tenga acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones, a fin de garantizar la circulación de información vital y evitar el aislamiento. La organización ha identificado varias iniciativas importantes en este sentido. Estas incluyen la prohibición de desconectar a usuarios por falta de pago y esfuerzos tendientes a asegurar que haya capacidad para hacer frente al gran crecimiento en el tráfico de datos provocado por las medidas de cuarentena y distanciamiento social.
Algunos recursos
Los esfuerzos por detener la propagación del coronavirus ponen a los Estados bajo una presión sin precedentes, a la vez que deben mantener su compromiso con los derechos humanos. Autoridades internacionales y regionales en materia de derechos humanos han recordado a los Estados sus obligaciones, incluido su deber de garantizar los derechos de libertad de expresión, información y privacidad.
El 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna para garantizar la adopción de medidas rápidas y coordinadas durante la pandemia de COVID-19. La Comisión reafirmó su voluntad de apoyar a los Estados en la protección y defensa de los derechos humanos en el contexto de la crisis. La Sala recabará y sistematizará información, además de articular y formular propuestas para la toma de decisiones de la Comisión.
Los miembros de IFEX en las Américas están produciendo excelentes recursos para apoyar la defensa de los derechos fundamentales durante la pandemia. Algunos de esos recursos son:
- Periodismo en estado de excepción: cómo cubrir, a dónde acudir – Fundamedios
- Recomendaciones de cuidado para periodistas y trabajadores de medios durante la emergencia por COVID-19 – FLIP
- Guía del IPLEX para detección de noticias falsas en el marco del COVID-19 – IPLEX
- Coronavirus: cuidados para tu salud mental durante coberturas exigentes – IPYS
- Cómo cubrir el COVID-19 sin contribuir a la desinformación – IPYS
- Protege tus Videollamadas de Zoom – Fundación Karisma
- Cómo aprovechar los operadores de búsqueda de Google para corroborar noticias sobre el #COVID19 – R3D
- EFF y COVID-19: Proteger la apertura, la seguridad y las libertades civiles (en inglés)
- Actualizaciones de noticias sobre el Coronavirus: Podcasts de PEN America (en inglés)
- ¿Cómo están respondiendo los Proveedores de Servicios de Internet a la crisis de COVID-19? OpenMedia (en inglés)
