Las redes regionales defensoras de la libertad de expresión y prensa, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, IFEX-ALC y Red Voces del Sur expresamos nuestra preocupación por el cierre del espacio cívico en Argentina como consecuencia del avasallamiento sobre la libertad de información, expresión, prensa, manifestación y reunión pacífica impulsado desde el Poder Ejecutivo.
Las redes firmantes exigimos al gobierno de Argentina la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria mientras ejercían su derecho a la manifestación, la derogación del protocolo aprobado a través de la Resolución 943/2023 y la eliminación de todos los mecanismos e instrumentos que impiden el trabajo de los periodistas. Reclamamos que se garantice y proteja el funcionamiento del espacio cívico en Argentina.
El derecho de manifestación, amenazado
Pocos días después de su asunción al poder en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei, junto con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impuso a través de la Resolución 943/2023 el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de comunicación”, que determina como delito en flagrancia cualquier manifestación pública que implique cortes de calles o rutas, y autoriza a las fuerzas policiales y de seguridad a desalojar o dispersar la protesta sin orden judicial.
Desde su puesta en marcha, la norma ha habilitado la criminalización, persecución y estigmatización de manifestantes, activistas, líderes políticos y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como la represión policial desmedida y detenciones arbitrarias en las movilizaciones sociales opositoras a las políticas del gobierno.
Ante la ausencia de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil que registran las represiones durante las protestas identificaron entre enero y junio de 2024:
- 80 personas detenidas arbitrariamente en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
- 665 personas con heridas de diferente gravedad; dos de ellas perdieron la vista debido al impacto de balas de goma.
- 47 trabajadores/as de la prensa heridos/as.
Uno de los casos más ilustrativos de los efectos del mencionado protocolo para la libertad de expresión, manifestación y reunión tuvo lugar el pasado miércoles 12 de junio, mientras el Senado discutía un proyecto de ley clave, la Ley Bases, impulsado por el gobierno de Milei. Las personas opositoras a la ley que se manifestaban a las afueras del Congreso mientras la reunión del Senado tenía lugar fueron reprimidas por las fuerzas policiales y de seguridad con gases lacrimógenos y balas de goma. Si bien durante la manifestación hubo episodios aislados violentos, el uso de la fuerza policial fue desproporcionado.
Durante la manifestación, 33 personas fueron detenidas de forma arbitraria, acusadas de tentativa de intento de golpe de Estado y terrorismo, y conducidas a dependencias penitenciarias comunes. La jueza María Servini, encargada del caso, criticó las acciones policiales y acusó a las fuerzas de seguridad de haberle entregado información incompleta de las personas apresadas. Como resultado, Servini dictó la falta de mérito para 28 de ellas, que fueron liberadas, mientras que otras cinco fueron procesadas, con prisión preventiva y detenidas en cárceles federales.
Casi un mes después, la mayoría de las personas detenidas han sido liberadas por falta de mérito, pero cuatro aún permanecen encarceladas sin pruebas que las vinculen con los hechos violentos y aislados que efectivamente fueron cometidos ese día. En línea con el planteo de la justicia local, y en atención al caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría especial para la libertad de expresión advirtieron al Estado Argentino que se abstenga de criminalizar la protesta y garantice el derecho a la libre expresión. No obstante, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), representantes del gobierno nacional insistieron en que las detenciones no habían sido arbitrarias.
Represión de voces disidentes y periodistas
Además de estos casos de amedrentamiento y represión física, desde el Gobierno se llevan a cabo otros procesos que procuran criminalizar y deslegitimar a prácticamente cualquier tipo de movilización social organizada o crítica realizada por referentes, organizaciones, comunicadores/as, activistas y periodistas. Tal y como han denunciado organizaciones locales e internacionales, mediante mensajes en redes sociales, el Presidente y altos funcionarios buscan desacreditar a quienes se expresan de forma crítica y convertirles en interlocutores no válidos para la discusión, denigrando así su categoría y el trabajo público realizado a lo largo de años. Esta situación se traduce en que para las personas con voz pública mantener una opinión independiente y crítica al gobierno implica un elevado costo en términos de exposición, señalamiento y daño reputacional.
Nos preocupan de igual manera los recientes intentos de regular el ejercicio del periodismo. Ejemplo de ello es el cierre de la agencia pública de noticias Télam, la única federal del país, reduciendo así la pluralidad de voces y limitando el acceso ciudadano a información. También nos alarma el intento de reimplantar la matriculación obligatoria de periodistas por parte del Ministerio de Capital Humano, una medida obsoleta y en desuso, considerada desde 1985 por la CIDH como una restricción ilegítima al derecho a la libertad de expresión.
Todas estas prácticas, debilitan y limitan el espacio cívico, degradando la calidad de la democracia, como ha sucedido en otros países de la región. La libre expresión de opiniones disidentes y los reclamos pacíficos frente a políticas del Estado son derechos humanos legítimos y fundamentales. Una prensa independiente y crítica es fundamental para la vigencia de las demás libertades en un estado de derecho. Las acusaciones injustificadas por parte de autoridades, en un marco de clara asimetría de poder, tiene efectos silenciadores que socavan la calidad de la conversación pública. Es imperativo que la libertad de prensa siga siendo absoluta en contextos de convulsión social. El ejercicio del periodismo y el bienestar físico y mental de las y los trabajadores de los medios de comunicación deben ser respetados por el gobierno.