La detención de dos opositores del presidente, más las intenciones gubernamentales en materia de regulación de Internet, suscitan inquietudes en cuanto al futuro de la libertad de expresión en el país.
(RSF/IFEX) – Los arrestos por unas declaraciones hechas en público de dos opositores notorios del presidente Hugo Chávez, añadidas a las nuevas intenciones gubernamentales en materia de regulación de Internet, suscitan inquietudes en cuanto al futuro de la libertad de expresión en Venezuela. El trágico amalgama de las autoridades entre una crítica o un ataque verbal y un acto de «conspiración contra el Estado» plantea ahora la pregunta: ¿qué se puede decir todavía acerca del país y su presidente?
Invitado a expresarse el 8 de marzo de 2010 en la cadena privada Globovisión, el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, declaró que «Venezuela se había convertido en centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico». El 21 de marzo, durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la isla de Aruba, Guillermo Zuloaga, denunció entre otras cosas que «no se puede hablar de libertad de expresión de verdad cuando un gobierno utiliza su fuerza para reprimir medios, para cerrar medios, cuando hay más de 2000 cadenas, cuando un Presidente de la República utiliza la fuerza que tiene y la autoridad que tiene para manipular la opinión pública».
Acusado por sus declaraciones de «instigación pública a delinquir», de «conspiración» y de «difusión de información falsa», Oswaldo Álvarez Paz está encarcelado desde el 22 de marzo. Se expone a una condena de dos a dieciséis años de prisión. Por su parte, Guillermo Zuloaga, arrestado y luego puesto en libertad provisional con prohibición de salir del país, el 25 de marzo, se puede enfrentar a una condena de seis a treinta meses de prisión por «ofensa al Jefe del Estado» (tal condena se aumenta de un tercio en caso de declaración pública) y de dos a cinco años de cárcel por «causar pánico en la colectividad por medio de informaciones falsas difundidas por la prensa».
La calificación del delito es dos veces infundada en el caso de Oswaldo Álvarez Paz. Pues ¿dónde se sitúan la «instigación a delinquir» y la «conspiración» en las palabras que pronunció? La acusación de «causar el pánico en la colectividad» tampoco tiene fundamento en el procedimiento abierto contra Guillermo Zuloaga en vista de sus declaraciones. La «ofensa al Jefe del Estado», herencia monárquica abandonada o suprimida en la mayoría de los países democrático, es sinónimo de una condena casi automática. La cuestión de la competencia territorial de una jurisdicción también se plantea si se admite que Guillermo Zuloaga no hizo las declaraciones en territorio venezolano. Se tendría que haber acudido a la justicia de la isla de Aruba.
El dueño de Globovisión, pendiente de otros procedimientos judiciales, arrastra un incómodo pasado por su apoyo al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, junto con otros jefes de prensa. No obstante, nunca fue juzgado ni tampoco condenado en un momento en que el delito de «conspiración» parecía fundamentado.
Una vez más, el ajuste de cuentas políticas sirve de argumento a una retomada de poder del paisaje mediático en un momento en que el gobierno enfrenta dificultades y descontento. El presidente Hugo Chávez pretende ahora que ese control se extienda a Internet, donde debe inaugurar su blog.
El Jefe del Estado tiene todo el derecho a crear un blog. ¿Sin embargo, realmente es necesario justificar tal conducta prometiendo un «bombardeo en la red»? El vocabulario guerrero de un presidente que supuestamente debe garantizar la paz civil se parece mucho a las «instigaciones» que este les imputa a sus opositores.
Sobre todo, la ofensiva prometida por los poderes públicos en Internet tiene lugar después de publicarse comentarios falaces en el sitio Web Noticiero Digital, rápidamente retirados del foro. No se trataba de artículos de la redacción del sitio Web, cuya buena fe no se cuestiona. El control, injustificado y anunciado de la Red, está a imagen de una voluntad de influencia total sobre los medios de comunicación: inútil y peligroso. Es imposible impedir por completo la difusión de noticias falsas. Y en este caso, ¿cuál es el criterio definitivo de verdad?
