(APG/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la APG con fecha del 7 de junio de 2005: La APG expresa su irrestricto apoyo y suscribe la acción de inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal referidos al desacato, interpuesto por la Cámara Guatemalteca de Periodismo. La figura del desacato se constituye […]
(APG/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la APG con fecha del 7 de junio de 2005:
La APG expresa su irrestricto apoyo y suscribe la acción de inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal referidos al desacato, interpuesto por la Cámara Guatemalteca de Periodismo.
La figura del desacato se constituye en un escudo para las acciones arbitrarias e ilegales de las autoridades y a pesar de que no se ha utilizado como un recurso constante, se mantiene latente como una posibilidad de criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de emisión de pensamiento y de prensa.
La APG en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el Relator de la Libertad de Emisión del Pensamiento ha expresado esta preocupación y ha exigido a las autoridades guatemaltecas que se armonice la legislación interna con el texto constitucional.
Su derogación en el hemisferio ha sido una recomendación que la CIDH y el Relator han hecho a los estados desde 1994. Sólo Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y, recientemente, Honduras han cumplido ese pedido.
Entre los 16 países que todavía están en la lista negra por tener legislaciones que mantienen la figura del desacato está Guatemala.
La APG recuerda a las autoridades que el Artículo 35 de la Constitución consagra que no constituye un delito generar publicaciones que contengan denuncias, criticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos, mientras que el Código Penal contradice esta norma.
Esta entidad de prensa solicita al gobierno atender las recomendaciones reiteradas de la CIDH en relación a la supresión de ese delito de la legislación nacional ya que representa una amenaza para la libertad de expresión.
La APG pide a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad analizar a conciencia la acción interpuesta por la Cámara y emitir un fallo favorable que representaría un paso hacia la democratización de nuestro sistema jurídico.
Guatemala, 7 junio 2005.
