(AMARC/IFEX) – El 29 de enero de 2009, a las 13:30 horas aproximadamente (hora local), 100 policías y funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua. Según […]
(AMARC/IFEX) – El 29 de enero de 2009, a las 13:30 horas aproximadamente (hora local), 100 policías y funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua.
Según la representación de AMARC en México, el operativo fue excesivo y realizado con violencia, amenazando a dos jóvenes mujeres para detener la transmisión y la información por la cual se informaba a la comunidad de lo que estaba pasando. De acuerdo con testimonios de integrantes de la emisora, a una de ellas se le tapó la boca para que no pudiera avisar a los radioescuchas sobre el cierre. Las autoridades se negaron a presentar los escritos que justificarían el cierre de la radio, afirman los integrantes de la emisora.
La emisora transmitía en la lengua purépecha, con una potencia solamente de 5 watts en la frecuencia del 104.5 de FM. La emisora sirve a una comunidad que tiene uno de los índices más altos de pobreza en el estado y desde el 2003 ha realizado gestiones para obtener un permiso de operación. Sin embargo, la delegación estatal de la SCT nunca ha dado una respuesta concreta.
El 24 de enero, aproximadamente a las 16:00 horas, personal de la AFI y de la SCT también cerró la emisora comunitaria Eiampiti, en la comunidad indígena purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
Esta radio trasmitía desde la Casa de la Cultura del Ayuntamiento. El personal de la AFI y la SCT confiscó el equipo de transmisión de la emisora, que en ese momento no estaba transmitiendo. Eiampiti inició sus gestiones en el 2002 ante la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que les apoyaran para la obtención de su permiso de operación. Sin embargo, la respuesta fue que podrían utilizar una frecuencia de propiedad estatal. Los miembros de la comunidad no aceptaron la propuesta, pues entienden que la Constitución asiste su derecho a contar con un medio propio y no querían una tutela del Estado que les hiciera perder su independencia.
La representación mexicana de AMARC condenó «el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades en contra de comunidades indígenas que quieren ejercer su derecho a comunicar, pero que el Estado mexicano se niega a reconocerles. Hasta el momento no se ha implementado una normativa que haga efectivo el artículo 2o constitucional que otorga el derecho a las comunidades indígenas para operar sus propios medios de comunicación. Aún cuando dichas comunidades han hecho sus peticiones de permiso para estar dentro de la legalidad, la respuesta de las autoridades son largos procesos burocráticos o el silencio».
La representación mexicana de AMARC también rechaza la creciente tendencia del gobierno al «criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de aquellas comunidades más empobrecidas y excluidas del país». Esa fuerza policial, afirma, «debiera estar encaminada a combatir el crimen organizado y no a amedrentar a las comunidades indígenas que, a pesar de todos sus esfuerzos y demandas para que se cumplan sus derechos, el Estado mexicano, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, se niega a atender».
Para mayor información sobre el cierre de la emisora comunitaria Eiampiti, ver: http://ifex.org/es/content/view/full/100664
