Ante la actual coyuntura electoral de Venezuela, las organizaciones internacionales y redes regionales defensoras de la libertad de prensa y expresión firmantes de este comunicado manifestamos nuestra preocupación por los ataques en contra de periodistas nacionales e internacionales que registran los hechos que se están presentando en el país, así como de activistas, manifestantes y población en general. Instamos a las autoridades venezolanas a cumplir con su obligación de garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de expresión y asociación pacífica, así como el trabajo de los y las periodistas en el país.
Antes, durante y después de la jornada electoral, del 28 de julio, se han documentado casos de abuso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones al ejercicio periodístico, que han vulnerado los derechos a la libertad de expresión y de prensa, especialmente en el acceso a la información y en el cubrimiento de las protestas y de los acontecimientos relacionados con el proceso electoral.
De acuerdo con cifras del Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS Venezuela, durante la campaña electoral se registraron 51 agresiones a la prensa. Sólo el día de las elecciones (28 de julio) se documentaron 41 casos que afectaron a 26 comunicadores, cinco reporteros gráficos y dos camarógrafos. Además, las y los periodistas también han sido víctimas de agresiones físicas: hasta el 31 de julio, se había registrado el caso de un periodista herido de bala en Maracay y de tres periodistas presos: Paul León, en Valera; Yousner Alvarado, en Barinas, y Joaquín De Ponte, en San Juan de los Morros.
Así mismo, la organización Espacio Público monitoreó que al menos seis personas fueron víctimas de represalias por registrar o difundir información de interés público el día de los comicios. También se han registrado prácticas de intimidación y amenazas de detención por la publicación de contenido crítico al gobierno a través de aplicaciones de mensajería instantánea. De igual forma se han anunciado revisiones arbitrarias de equipos celulares en instituciones públicas, como mecanismos de vigilancia de las comunicaciones.
Las limitaciones o restricciones en el acceso a la información han sido otra violación a la libertad de prensa y expresión. El domingo, día de las elecciones, se negó la entrada de trabajadores de la prensa que tenían acreditación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los puestos de votación. Días antes, se había registrado el bloqueo de sitios web de portales informativos, plataformas de verificación de información y organizaciones de la sociedad civil.
La censura y represión a periodistas, organizaciones civiles, activistas y manifestantes por parte de las diferentes autoridades venezolanas son prueba del grave y creciente deterioro de las libertades en el país.
Las autoridades venezolanas además han reprimido fuertemente las protestas que han ocurrido desde que fueron anunciados los resultados por el CNE. Según la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, decenas de personas resultaron heridas mientras estaban en las manifestaciones y, por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales registra, al 31 de julio, al menos 13 personas asesinadas y 93 heridas en el contexto de las manifestaciones.
Ante la gravedad de esta situación, le solicitamos al actual gobierno de Venezuela y a todas las autoridades estatales que cesen la represión y el abuso de la fuerza hacia manifestantes y periodistas, respetando el trabajo de la prensa. En el marco de los estándares internacionales, es necesario que el Estado venezolano garantice la seguridad y el acceso a la información a quienes están cubriendo la situación actual del país. Más allá de la coyuntura actual, su labor es fundamental para la difusión de asuntos de interés público y la veeduría y verificación del proceso electoral.
El ejercicio libre y crítico de la prensa es la base fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
De igual manera, es necesario que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Opinión de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la comunidad internacional y los países que están en comunicación permanente con el gobierno de Nicolás Maduro rechacen las violaciones a la libertad de prensa e insten, de forma directa, al gobierno venezolano a cumplir con lo establecido en el derecho internacional en materia de libertad de prensa y expresión, priorizando, de esta forma, la defensa de un espacio cívico abierto que dé garantías a las libertades cívicas de expresión, asociación y protesta.
