Jesús Medina Ezaine fue acusado de varios delitos entre ellos instigación al odio.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 7 de septiembre de 2018.
Las autoridades venezolanas deben liberar de inmediato al fotógrafo independiente Jesús Medina Ezaine y retirar todos los cargos que le han imputado, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El 31 de agosto un tribunal de la capital, Caracas, ordenó el traslado de Medina a una cárcel militar. El fotógrafo había sido detenido el 29 de agosto, luego de haber trabajado en un proyecto periodístico en un hospital, y había sido acusado de varios delitos, entre ellos instigación al odio, según informaciones de prensa.
El 29 de agosto, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el organismo de inteligencia venezolano, detuvieron a Medina en una estación del metro de Caracas, según informaciones de prensa. En un video publicado en Twitter por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, la periodista peruana Juana Avellaneda describió el arresto de Medina y expresó que el fotógrafo los había estado ayudando a ella y a un colega peruano con un proyecto periodístico en Caracas.
Avellaneda relató que ella había salido del hospital donde los periodistas trabajaban en un proyecto investigativo y se había encontrado afuera con Medina y el otro periodista peruano. Los tres caminaron hasta una estación del metro cercana y esperaban el tren cuando sujetos armados se les acercaron, identificaron a Medina y le preguntaron si conocía a los periodistas peruanos. Medina respondió que no, porque «sabía que si decía que sí, hoy estaríamos presos con él», declaró Avellaneda. Los agentes entonces apresaron a Medina.
En la audiencia del 31 de agosto, el Tribunal 13 de Control de Caracas formalmente procesó a Medina por los delitos de lavado de dinero, asociación para delinquir, lucro ilegal contra actos de la administración pública e instigación al odio, según informaciones de prensa. El tribunal ordenó su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, a la espera de juicio, escribió en Twitter María Fernanda Torres, abogada de la organización venezolana Foro Penal que integra el equipo de defensa de Medina.
«Las autoridades venezolanas deben retirar de inmediato los absurdos cargos contra Jesús Medina Ezaine y deben dejar de penalizar el periodismo independiente», declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. «La crítica periodística no equivale a expresiones de odio. Los periodistas venezolanos deben tener libertad para ejercer la profesión, sin tener que hacer frente a una pena de cárcel sencillamente por informar sobre algo que al Gobierno no le gusta».
De conformidad con la ambigua ley contra el odio venezolana, aprobada en noviembre de 2017, el delito de «instigación al odio» mediante la prensa o las redes sociales se sanciona con hasta 20 años de privación de libertad.
Torres declaró al diario venezolano El Nacional que el equipo jurídico tiene un plazo de 45 días para presentar elementos en defensa de Medina ante la Fiscalía.
Ninguno de los números telefónicos listados por el SEBIN estaba conectado al momento de publicarse esta alerta, y el CPJ no pudo encontrar otra manera de comunicarse con el organismo.
Las autoridades venezolanas habían detenido a Medina anteriormente, en octubre de 2017, mientras realizaba un trabajo periodístico en una prisión del norte de Venezuela con dos periodistas extranjeros, según informaciones de prensa. Medina luego desapareció el 4 de noviembre y, cuando lo encontraron en una autopista en las afueras de Caracas dos días después, declaró que sus secuestradores lo habían torturado y amenazado de muerte, según informaciones de prensa.
Las fotografías y los videos de Medina han aparecido en el sitio web Dólar Today, que tiene sede en Estados Unidos y publica artículos críticos del Gobierno socialista venezolano. El sitio también brinda información sobre la tasa cambiaria de la moneda venezolana en el mercado negro.
Con anterioridad el Gobierno venezolano ha utilizado acusaciones de lavado de dinero para penalizar a periodistas. El periodista radial y digital Braulio Jatar Alonso fue arrestado en septiembre de 2016 un día después de informar sobre una protesta antigubernamental, y estuvo preso por casi nueve meses acusado de lavado de dinero.
