Informe de Telefónica fue clave para los activistas de derechos digitales en Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en es.globalvoices.org el 17 de marzo de 2023.
Durante años, activistas venezolanos de derechos digitales han sospechado de prácticas de vigilancia y control injustificado de comunicaciones privadas en Venezuela, pero tenían poca evidencia hasta junio de 2022. En ese mes, Telefónica, la empresa matriz de Movistar Venezuela, publicó un informe de transparencia que reveló datos que apuntan a un programa de vigilancia masiva, que utiliza intercepciones sistemáticas y no metódicas de la comunicación privada de sus clientes por orden de entidades del Gobierno venezolano.
Según el informe, Telefónica interceptó, por orden del gobierno de Maduro, las comunicaciones de más de 1,58 millones de usuarios de Movistar en 2021. Eso es el 20,5 % de las cuentas telefónicas e internet de Movistar. Interceptaron o “intervinieron” llamadas, vigilaron mensajes SMS, compartieron las ubicaciones de las personas y vigilaron su tráfico de internet. El número de líneas afectadas por las intercepciones se ha multiplicado por siete desde 2016, cuando hubo 234 932 infracciones de acceso.
En el momento en que se publicó el informe de Telefónica, este provocó una gran discusión acerca del autoritarismo digital y la privacidad en Venezuela, pero lo más importante, es que destacó el alcance de la vigilancia del gobierno de Maduro y la persecución de las voces disidentes. La intimidación, la persecución, la detención arbitraria, el maltrato y la tortura de activistas, trabajadores humanitarios, periodistas y ciudadanos han sido ampliamente cubiertas en el último informe de la misión de investigación de Naciones Unidas, publicado en septiembre de 2022. El gobierno autoritario de Venezuela al mando Nicolás Maduro se remonta a 2013, con la elección de Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Chávez. Esto tuvo un gran impacto en el ecosistema de los medios digitales del país.
El informe de Telefónica también señala que Movistar Venezuela no recibió solicitudes de intercepción o recolección de metadatos a través de órdenes judiciales como lo estipula la ley venezolana, sino de la Policía, el Ejército y otras entidades como el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), e incluso la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Los metadatos de comunicación son información sobre la comunicación más allá de su contenido. Por ejemplo, a quién llama un usuario, la ubicación y duración de la llamada, la información de enrutamiento o los datos personales del cliente. El informe de Telefónica identificó 997 679 líneas (13 % de las líneas de Telefónica) afectadas por las solicitudes de metadatos.
Los Gobiernos suelen argumentar que la intercepción de las comunicaciones puede ser una herramienta legítima para investigar delitos graves. Sin embargo, los activistas de derechos digitales argumentan que estos poderes deben ser utilizados de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, las normas de derechos humanos y el debido proceso para proteger los derechos de los ciudadanos. El Gobierno no reaccionó al informe de Telefónica.
En Venezuela, las órdenes para interceptar comunicaciones deben provenir de los tribunales. Existen excepciones particulares en caso de emergencias y delitos flagrantes, para los que el CICPC puede solicitar directamente a las empresas de comunicación que intervengan. Aún así, en estos casos, se debe notificar a un fiscal y su aprobación debe incluirse en el archivo de investigación. Las leyes venezolanas también estipulan solicitar al fiscal que mantenga la transparencia y la legitimidad durante todo el proceso. El marco legal para intervenir en la comunicación privada está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, artículos 205 y 206. Para las intercepciones de metadatos, las solicitudes deben pasar por la resolución administrativa n° 171 y el artículo 29 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.
La gran cantidad de líneas interceptadas destacadas en el informe de Telefónica indica más que una cantidad inusual de casos de emergencia; para muchos, apunta al abuso sistemático de los derechos civiles y digitales. Aunque esta es la primera vez que hay evidencia relevante de la magnitud del problema, la ONG VE sin Filtro, centrada en derechos digitales y restricciones de internet en el país, registró intercepciones similares en su informe anual de derechos digitales de 2021.
El informe de VE sin Filtro llama la atención sobre un incidente específico: la cuenta de WhatsApp de una ONG venezolana que se utilizó para comunicarse con las víctimas de la violencia estatal, sufrió un ataque cibernético. “A diferencia de los casos que solemos ver, ninguno de los usuarios había sido engañado ni sufrido suplantación de identidad. Este incidente probablemente fue perpetrado por agentes estatales o en coordinación con ellos, lo que no suele ser el caso de los estafadores u otros tipos de atacantes. El incidente ocurrió mientras a Venezuela la investigaba el Servicio de Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estaba trabajando en su misión de investigación”.
Telefónica también informó que las autoridades venezolanas presentaron una solicitud para bloquear el 20.5 % de los sitios web. Para entregar más contexto, Alemania solicitó 0.11 %, España 0.05 % y Brasil 0.28 %. Muchos otros países latinoamericanos no presentaron ninguna solicitud.
Para los activistas de derechos humanos, los datos de Telefónica agravan otras violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela a manos del gobierno de Maduro. Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación de Naciones Unidas, señaló: “Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la perpetración de delitos graves y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar de inmediato y los responsables deben ser investigados y procesados en conformidad con la ley”.
