Fiscalía cita a directivos del periódico Diario 2001 luego que el presidente pidiera “el castigo más severo” para la publicación de un artículo sobre irregularidades en el suministro de gasolina.
El 17 de octubre de 2013, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer en calidad de testigo a Luz Mely Reyes, directora del Diario 2001; Omar Luis, subdirector; y Juan Ernesto Paez-Pumar, jefe de información de mismo diario. El llamado responde a las investigaciones que adelanta la instancia estatal contra el Diario 2001 – periódico de la corporación privada Bloque de Armas, con sede en Caracas – luego que publicaran un titular que refería una denuncia sobre irregularidades en el suministro de gasolina, publicado el 10 de octubre de 2013.
Al momento en que IPYS-Venezuela publica esta alerta (17 de octubre) se desarrolla la citación en la Fiscalía.
Citación expedita
El Ministerio Público, a través de su portal web, informó que la información periodística del Diario 2001 titulada “La gasolina la echan con gotero” es falsa, y forma parte de un presunto “plan desestabilizador”.
Cerca de las 11:30 de la mañana, los periodistas que dirigen el diario recibieron la citación en la sede del medio, que indicaba que debían presentarse den la institución judicial a las 2:30 p.m., es decir 3 horas después. Antes, la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, había anunciado este hecho en su programa de radio En Sintonía, transmitido por la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela.
A pesar que Reyes, Luis y Paez-Pumar fueron citados en calidad de testigo en el marco de la investigación judicial que adelanta el Ministerio Público, este hecho se considera una amenaza contra la libertad de expresión debido a que desde el Estado se pueden tomar acciones penales por el ejercicio periodístico. Esta acción se enmarca en acciones recurrentes de criminalización de la labor de prensa privada e independiente por parte de autoridades del Estado venezolano que, sistemáticamente, se asientan en la aplicación de sanciones penales para amenazar y ejercer presiones sobre la actividad informativa.
Los hechos
El 10 de octubre de 2013, la Fiscal General de la República informó que su despacho inició las averiguaciones contra este medio por generar “zozobra”. Mientras tanto, el Presidente de la República, Nicolás Maduro pidió “el castigo más severo”.
La Fiscal de la República informó que el Diario 2001 publicó “informaciones que buscan crear caos, inquietud, zozobra en la colectividad”, ante la publicación de un reportaje, el mismo día, que indicaba algunas deficiencias en el abastecimiento de combustible en estaciones de servicio de gasolina, y que fue titulado: “La gasolina la echan con gotero”.
Ortega Díaz indicó que esta información periodística podría formar parte de un plan de “desestabilización”, que busca perjudicar la institucionalidad en el país. “Vamos a tener que actuar con severidad”, dijo.
El reportaje del Diario 2001, se fundamentó en denuncias ciudadana y refirió, que los “usuarios se quejan por la falta de gasolina de 91 octanos (…) consumidores hacen colas de hasta dos horas para surtirse. El trabajo indicó que las “estaciones de servicio reciben menos de la mitad de combustible de hace tres años”.
Con la edición del día en la mano y tras calificar el titular como “grosero y cochino”, el Presidente de la República Nicolás Maduro señaló que este hecho “es un delito”. Denuncio al Bloque de Armas por este titular y si en la aplicación de la ley se tiene que ir al castigo más severo (…) que se vaya”. “Hay que defender a la sociedad de estos bandidos, a estos delincuentes que la atacan desde sus medios de comunicación”.
“El dueño de este periódico que sea responsable de estos titulares tiene que ir preso. Todo de acuerdo a la ley. Esto es delito y no lo podemos aceptar”, afirmó.
Maduro justificó la solicitud de su medida al calificar que desde el Diario 2001, “vienen a sabotear el sistema de distribución de gasolina y hidrocarburos” del país.
“A mí nadie me va a acusar en Venezuela ni en el mundo de ser cercenador de la libertad de expresión. Éste es un país libre (…) pero una cosa es la libertad de expresión y otra es el libertinaje”, agregó el primer mandatario nacional.
En la misma línea discursiva se pronunció Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, principal empresa estatal. El 11 de octubre de 2013, rechazó la campaña que promueven los medios de comunicación contra la compañía pública que él dirige. “Estamos cansados de que a través de ciertos medios de comunicación de manera permanente y sistemática se cree una situación de zozobra en nuestro país”.
Entre tanto, Ortega Díaz, en un artículo de opinión publicado el 14 de octubre en el diario Últimas Noticias, opinó que “los desestabilizadores han querido insertar una nueva matriz de opinión sobre una supuesta escasez de gasolina, que pretende crear intranquilidad en la población, pero responsablemente se ha podido verificar su falsedad”.
Con estas afirmaciones oficiales, además, de desconocer los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana, se vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado el artículo 49 de la principal norma nacional, debido a que existe un adelanto de opinión por la autoridad judicial.
Medida desproporcionada
En una conversación con IPYS Venezuela, el 11 de octubre de 2013, Luz Mely Reyes consideró que la reacción del Presidente contra el periódico es “desproporcionada”. Cuestionó que las autoridades públicas reaccionen de esta manera, en vez de apelar a los recursos que existen en la legislación venezolana para resolver cualquier diferencia de criterios con respecto a una información periodística. Uno de estos mecanismos es el derecho a réplica y rectificación, establecidos en el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Penas a la expresión
Las acusaciones que motivan la penalización de la expresión e información son contrarias a los principios constitucionales y los estándares internacionales de libertad de expresión.
Este incidente ocurre en una coyuntura en la que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela) ha evidenciado un uso desproporcionado del poder estatal, a través de mecanismos legales, para criminalizar la labor de periodistas y medios de comunicación privados e independientes, en distintas entidades del país.
En el informe Procedimientos judiciales amenazan la expresión en Venezuela, publicado por esta organización en agosto de 2013, referimos que “algunas de las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
Para ese análisis, Héctor Faúndez Ledesma, abogado y especialista en libertad de expresión manifestó que en Venezuela se ha “recurrido a la penalización de la expresión y el derecho a la información», situación que es contraria a los estándares internacionales para el ejercicio de estos derechos. «Se aplican medidas punitivas por ejercer una libertad fundamental, como lo es la libertad de expresión», afianzó.
