Septiembre de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Una hoja de ruta para la agenda de derechos humanos digitales en América Latina
El 20 de septiembre, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el lanzamiento del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet. Según el anuncio, la iniciativa busca “atender los desafíos que presentan actualmente las tecnologías digitales para el ejercicio de los derechos humanos en la región”.
Se propone la realización de un diálogo multisectorial sobre la calidad del debate público, la moderación de contenidos y la alfabetización digital para el desarrollo de aptitudes cívicas. También se procurará obtener insumos que sirvan para trazar un ‘plan de acción interamericana’ que aborde esos temas. El producto final se presentará a la CIDH, que luego evaluará cómo compatibilizarlo con los mecanismos formales que están disponibles en el Sistema Interamericano.
Del mismo modo, se alentará a los actores a asumir “compromisos de actuación” basados en soluciones y buenas prácticas identificadas durante el proceso.
Haga clic aquí para ver un vídeo del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, en el que presenta el diálogo. Y para saber cómo puede participar en el diálogo, acceda a la página Participa y Dialoga.
Preocupa ley de transparencia en Venezuela
Miembros de IFEX-ALC y otras organizaciones regionales que conforman la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifiestan su profunda preocupación por la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, aprobada el 17 de septiembre de 2021 por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Estas organizaciones advierten que el proceso de examen del proyecto de ley careció de transparencia y participación, y que la versión final se sancionó sin que mediara una consulta abierta y pública.
Entre los aspectos de fondo de la ley que resultan preocupantes está el hecho de que no establece expresamente que la reserva de información debería ser una excepción. Asimismo, la norma no promueve la transparencia activa, dado que no hace referencia alguna a formatos de libre acceso. Tampoco hay orientaciones sobre la información básica mínima que los entes públicos deben divulgar independientemente de los pedidos de información. Por último, no prevé la creación de un órgano garante.
La cultura del secreto y la hiperdigitalización
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de IFEX-ALC, afirmó en una reciente declaración que en las entidades estatales colombianas predomina una “cultura del secreto”. La FLIP llamó la atención al efecto catalizador de la digitalización – durante la pandemia, el periodismo ha migrado en gran medida al mundo virtual, mientras que la digitalización ha brindado nuevas herramientas y prácticas que han facilitado la opacidad pública.
La organización destacó cinco medidas adoptadas por el gobierno colombiano en el último año que afectaron negativamente a la transparencia y limitaron el seguimiento de la sociedad en general a las funciones públicas:
- La extensión de los plazos para responder a solicitudes de información del público (Decreto 491 de 2020) – A un año y medio de que las autoridades extendieran al doble por decreto ejecutivo los plazos para responder a pedidos de información, poniendo como excusa la pandemia, el gobierno sigue insistiendo en mantener ese decreto y no ha restablecido los plazos originales de la garantía del “derecho de petición”.
- El creciente uso de la justificación de “reserva legal” – Es habitual que las entidades públicas respondan a solicitudes de información aduciendo que los datos solicitados están sujetos a confidencialidad, ya sea debido a políticas de tratamiento de datos o cuestiones de seguridad nacional. Estas respuestas suelen ser insuficientes, pues los organismos no verifican si la reserva en cuestión tiene fundamento legal, si busca proteger intereses establecidos en la ley sobre acceso a la información pública y si brindar la información generaría un daño.
- La “judicialización” del acceso a información – Para poder obtener respuesta a los pedidos de acceso a información, los peticionantes se ven obligados con demasiada frecuencia a interponer recursos o tomar otras medidas administrativas o judiciales. Esto se da porque las entidades públicas alegan reservas, hacen caso omiso a los plazos legales o porque las respuestas son insuficientes. Estas prácticas dificultan claramente el ejercicio del periodismo y en ocasiones constituyen una estrategia para dilatar investigaciones.
- La imposición de cargas extras para los periodistas – Una respuesta que suelen dar las entidades públicas ante pedidos de información es que la información ya está publicada en boletines oficiales o en el sitio web del organismo. En estos casos se produce un choque entre la transparencia activa y el derecho a petición, dado que el hecho de que la información esté disponible en boletines no da carta blanca a las entidades públicas para negarse a responder a pedidos de información con ese argumento.
- Sin competencia para responder – Por último, otra práctica recurrente ha sido la de remitir los pedidos de información de un organismo a otro, con el argumento de que el receptor carece de competencia. Esto hace que se reinicie el cómputo de los plazos legales para responder. Los solicitantes suelen tener que acudir a varios organismos hasta dar con las autoridades competentes y obtener respuestas.
Ante esta situación, la FLIP ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que adopte medidas urgentes, en particular: garantizar en la práctica el cumplimiento del “principio de máxima divulgación”, según el cual la norma general es la transparencia y el acceso a la información y las restricciones son la excepción. También se pide promover la investigación de oficio de faltas disciplinarias o mala conducta con respecto al derecho de acceso a la información y promover la capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información para corregir las deficiencias sistemáticas que evidencian un desconocimiento de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).
Restricciones al derecho de protesta de las mujeres indígenas en Brasil
A principios de septiembre, el miembro de IFEX-ALC, ARTIGO 19 Brasil, junto a Amnistía Internacional Brasil, la Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, el Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Conectas Direitos Humanos, el Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), el Instituto Socioambiental (ISA), Justiça Global, Terra de Direitos, Plataforma Dhesca y WWF-Brasil, enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresando su preocupación por una posible violación de los derechos de libertad de expresión y protesta de los pueblos indígenas que se movilizaron para la Segunda Marcha Nacional de las Mujeres Indígenas en Brasilia.
Según expresan en el documento, grupos partidarios del gobierno llevaban meses bloqueando importantes vías de acceso al Supremo Tribunal Federal y amenazando con tomarlo por asalto, sin que las autoridades de la capital brasileña intervinieran para impedirlo. Sin embargo, las mismas autoridades amenazaron con imponer limitaciones a la Marcha de las Mujeres Indígenas, una movilización que se venía planificando públicamente desde hacía meses. Las mujeres indígenas y los movimientos sociales que las apoyan también denunciaron ataques de los grupos progubernamentales acampados en la plaza principal, donde estaba previsto que se llevarían a cabo sus manifestaciones públicas.
Se activa el derecho a la información: en Brasil se da acceso público a documentos oficiales
La Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), encargada del proyecto Pinpoint en Brasil, compartió dos nuevas colecciones que contienen miles de documentos de interés público que se pondrán a disposición para investigaciones periodísticas. En el segundo mes de su asociación con Google, Abraji hizo públicos 35.102 archivos conteniendo rendiciones de cuentas y declaraciones de partidos políticos referidos al año 2020, además de 4.273 informes de auditoría de la Oficina de Contralor General (Controladoria-Geral da União, o CGU) que se remontan a enero de 2018.
Creado para apoyar la labor de periodistas, el proyecto Pinpoint es una herramienta de Google que utiliza la inteligencia artificial para identificar automáticamente nombres de personas, lugares y compañías mencionados en documentos escritos y grabaciones de audio. Además de buscar en documentos PDF y analizarlos, la plataforma brinda transcripciones automáticas de grabaciones de audio. El acceso a Pinpoint es gratuito, pero los interesados precisan una cuenta de Gmail para usarlo.
Promover la inclusión y la accesibilidad en las redes sociales
Este pasado mes de septiembre, la Fundación Karisma, miembro de IFEX-ALC, lanzó su guía Más autonomía digital y menos barreras. Esta guía proporciona pautas para que todas aquellas personas que promueven los derechos humanos puedan diseñar e implementar buenas prácticas para elaborar contenidos comunicativos más accesibles e incluyentes en sitios web y redes sociales.
La publicación conceptualiza la discapacidad como una construcción social y se basa en el marco jurídico brindado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.
Según Karisma, el modelo social de discapacidad “nos invita a reconocer la diversidad de condiciones que, al no ser atendidas, impiden el derecho a la educación, la información y la generación de conocimientos”, ello incluye barreras de accesibilidad, barreras situacionales y barreras de aprendizaje.
La guía aborda todos estos conceptos y brinda pautas concretas para la accesibilidad web, entre ellas orientaciones sobre colores, fuentes, formatos de archivo, transcripciones y descripciones para redes sociales, así como estructuras de sitios web. También examina las medidas que deberían tener en cuenta quienes organizan eventos y reuniones presenciales.
Seguimiento de la publicidad electoral en Argentina
El 12 de septiembre de 2021, se realizaron elecciones primarias en Argentina para definir los candidatos que participarán en las elecciones legislativas generales previstas para el 14 de noviembre. Los comicios tuvieron una votación del 66 % de los habilitados, la participación más baja desde 2011, año en que se celebraron por primera vez este tipo de elecciones en el país.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), miembro de IFEX-ALC, empleó una herramienta tecnológica de interés social y una metodología de desarrollo propio, denominada PubliElectoral, para recolectar y analizar datos de la campaña electoral llevada a cabo en Facebook entre el 16 de agosto y el 12 de septiembre.
PubliElectoral permite recabar y analizar publicidades electorales difundidas en redes sociales. El contenido se recoge a través de un seguimiento de una muestra de cuentas políticas. Con la colaboración de ciudadanos que se descargaron la aplicación o la extensión para navegadores (plugin) de PubliElectoral y que utilizaron Facebook durante el período electoral, se recopilaron anuncios patrocinados y publicidades orgánicas que llegaban a sus pantallas compartidas desde las cuentas monitoreadas. La información se almacenó en una base de datos para su posterior análisis.
Puede ver aquí el análisis preliminar de publicidades de las elecciones primarias de septiembre.
Organizaciones piden a senadores mexicanos que retiren el proyecto de “Cédula Única de Identidad Digital”
Este pasado mes de septiembre, 27 organizaciones que se dedican a cuestiones digitales en América Latina enviaron una carta conjunta a la Cámara de Senadores de México manifestando su preocupación por el actual proyecto de Ley General de Población, en particular en lo que respecta a los planes de establecer una Cédula Única de Identidad Digital, o CUID, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo construir una base de datos centralizada que incluiría datos biométricos de todos los ciudadanos mexicanos y de todos los extranjeros que se encuentren en territorio mexicano.
Según las organizaciones que suscriben la carta, no hay evidencia sólida de que sistemas masivos de identificación biométrica como el de la CUID sean útiles. Además, el diseño centralizado de la base de datos de la CUID presenta un grave riesgo de vulneración de los datos, con consecuencias potencialmente irreversibles o muy difíciles de reparar. Las organizaciones firmantes advierten que la obligatoriedad de registrarse en el sistema de la CUID usando datos biométricos afectará de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Su utilización como condición para acceder a servicios públicos y privados, sobre todo al combinarse con datos biométricos, permite un monitoreo masivo y permanente de la población.
Las organizaciones reclaman una modificación sustancial del proyecto de ley. En particular, recomiendan lo siguiente:
- No incluir datos biométricos como parte del Registro Nacional de Población.
- Determinar que la CUID debe basarse en sistemas descentralizados.
- Establecer que la obtención de la CUID sea opcional.
- Impedir el condicionamiento del acceso a servicios públicos o privados a la obtención de la CUID.
- Impedir la recolección, el almacenamiento o la transferencia de datos que registren el uso de la CUID.
La carta completa y un análisis detallado del proyecto de ley pueden leerse aquí.
Votación, violencia y censura en México
ARTICLE 19 México y Centroamérica, junto a la Red Rompe el Miedo, dieron a conocer los resultados de su trabajo de seguimiento de violaciones de la libertad de expresión y asociación relacionadas con las elecciones que se cometieron en el primer semestre de 2021.
Estos grupos documentaron 81 agresiones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral entre el 19 de abril y el 31 de junio de 2021. Los principales agresores fueron partidos políticos, que cometieron un 41,41 % de los hechos documentados. Las violaciones más comunes fueron: actos de intimidación y hostigamiento, con un 27,27 %; amenazas, con un 14,14 %; y ataques físicos y bloqueos o alteración de información, con un 12,12 %. De todas las agresiones documentadas en este período, un 6,06 % fueron clasificadas como “uso ilegítimo del poder público”.
El informe va más allá de las cifras, pues brinda un análisis de los patrones de violencia en los ámbitos físico y digital ejercida por diversos actores, entre ellos partidos políticos, funcionarios públicos, particulares e incluso miembros del crimen organizado. La intención de este análisis es generar una serie de recomendaciones específicas dirigidas a diversas autoridades para evitar que estos hechos se repitan.
Bailando en la oscuridad
En Venezuela, la información está cada vez más en la penumbra, pero los contenidos musicales y propagandísticos siguen sonando con fuerza. En una nueva publicación, IPYS Venezuela brinda un relato gráfico que muestra el impacto que está teniendo la censura en las estaciones de radio de ese país.
La publicación utiliza narración e ilustraciones para informarnos sobre las crecientes restricciones a los contenidos informativos en la radiodifusión que han llevado a que se generen muchos desiertos de noticias en Venezuela. El relato es parte del proyecto Atlas del Silencio, según el cual más de 5 millones de venezolanos viven en “desiertos de noticias”. IPYS Venezuela está realizando un estudio para determinar el panorama de esos desiertos de noticias en todo el territorio nacional, sobre la base de un diagnóstico y relevamiento de los medios nacionales, regionales y locales (prensa escrita, canales de televisión, estaciones de radio y portales digitales) que producen noticias sobre la situación de las 335 municipalidades del país.
Haga clic en el enlace para acceder a Bailando en la oscuridad.
El 11 de septiembre y lo que construimos después
El miembro de IFEX Electronic Frontier Foundation (EFF) conmemoró el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, DC con una reflexión sobre las medidas adoptadas como respuesta y el impacto a largo plazo que han tenido esas medidas en términos de vigilancia y secretismo gubernamental. Medidas profundamente problemáticas para la democracia, la privacidad y la justicia tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.
EFF recuerda la aprobación de la Ley Patriótica y afirma que a partir de ese momento el gobierno estadounidense “desarrolló un enorme y costoso conjunto de operaciones secretas de espionaje que borraron la línea entre la vigilancia nacional y la extranjera y recogieron al barrido millones de comunicaciones y registros de estadounidenses no sospechosos”.
El grupo menciona la ampliación del programa FAIRVIEW del Organismo de Seguridad Nacional (National Security Agency, o NSA), que permitió a esa entidad celebrar acuerdos con compañías de telecomunicaciones para monitorear las llamadas telefónicas realizadas desde y hacia el exterior del país, el aumento masivo de la infraestructura de vigilancia en el período que siguió a la guerra contra el terrorismo y “la mentalidad de “recoger todo” que se manifiesta en nuestros departamentos de policía tanto en las inyecciones masivas de tecnología de vigilancia como en el lento entrelazamiento de la vigilancia local y la federal”.
Como algo positivo, EFF celebra el crecimiento del cifrado en todo el mundo digital.
Toda esta vigilancia y secretismo no han arrojado los resultados esperados. Lo que si se ha logrado, sin embargo, son importantes consecuencias negativas, que afectan principalmente a quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y marginalización.
En breve
La brecha digital en México
ARTICLE 19 México y Centroamérica publicaron recientemente el informe Brecha digital, desigualdad y desinformación: Chiapas y Oaxaca, con el objetivo principal de visibilizar el impacto de la brecha digital en los derechos humanos ejercidos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que, en México, afecta sobre todo a la región sureste, y en particular a los estados de Oaxaca y Chiapas.
El informe da cuenta de: 1) la situación de la infraestructura para la conectividad; 2) las relaciones entre acceso y uso de internet y el ejercicio diferenciado de los derechos de las poblaciones, con especial atención al derecho a la libertad de expresión e información y en el contexto de una pandemia; 3) el fenómeno de la desinformación digital; y 4) los mecanismos y estrategias alternativas de acceso, uso y generación de TIC que grupos y comunidades implementan a nivel local en los dos estados.
¡Con mis datos no!
En Argentina, el miembro de IFEX-ALC ADC denuncia que la aplicación Mi Argentina, creada por el gobierno central para dar acceso a servicios y trámites públicos, ha utilizado datos personales de los usuarios para difundir información política, contraviniendo la normativa de protección de datos del país. ADC critica los términos de uso de la aplicación por ser ambiguos y poco claros.
Periodistas asesinados en México y Colombia
El 19 de septiembre, en Tulúa, una ciudad en el oeste de Colombia , un hombre no identificado entró armado a un comercio donde el periodista Marcos Efraín Montalvo se encontraba conversando con un amigo y le disparó cuatro veces en el pecho al periodista, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). El sicario no robó nada en el comercio y se dio a la fuga inmediatamente en una motocicleta. Montalvo, de 68 años, había trabajado como reportero desde la década de 1970 para periódicos y estaciones de radio locales y para El País, diario de la cercana ciudad de Cali. En los últimos años publicaba sus trabajos periodísticos casi exclusivamente en su cuenta de Facebook. Nueve días más tarde, el 28 de septiembre, en Cuernavaca, capital del estado mexicano de Morelos, en el centro del país, sujetos no identificados asesinaron a balazos al periodista Manuel González Reyes, fundador y editor del Portal Morelos Noticias, un medio informativo que se publica a través de Facebook. El CPJ y grupos locales exhortan a las autoridades colombianas y mexicanas a que investiguen inmediata y exhaustivamente estos asesinatos, determinen si las víctimas fueron atacadas por su labor periodística y lleven a los culpables a la justicia.
