Junio en las Américas: un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión, según informes de los miembros de IFEX.
Junio fue un mes particularmente oscuro. Hubo que lidiar con los asesinatos de al menos seis periodistas: dos en Brasil, uno en México, uno en Haití y otros dos en Colombia.
Pasamos ya la mitad del 2019 y la violencia contra los periodistas no se detiene en la región. Dos periodistas fueron asesinados en la misma localidad de Río de Janeiro, Brasil, y otros dos más en Colombia. Además, México vio otro asesinato más, esta vez el de un reportero, el sexto en lo que va de este año. Mientras tanto, las protestas sociales en Haití se cobraron la vida de un periodista.
Romário da Silva Barros, del sitio de noticias Lei Seca Maricá (LSM), fue asesinado el 18 de junio en la noche en esa localidad, Maricá, una municipalidad en Rio de Janeiro. El periodista de 31 años se encontraba en su vehículo cuando un hombre se acercó y le disparó en la cabeza. Barros había fundado LSM para informar sobre el acontecer noticioso de la ciudad, según medios locales.
Semanas antes de la muerte de Barros fue asesinado en la misma ciudad Robson Giorno, propietario del diario digital Jornal O Maricá.
En Colombia, el 11 de junio fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. El asesinato motivó la condena internacional y de organizaciones locales, como nuestro miembro FLIP.
No sólo los periodistas corren riesgos en Nariño, de acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido del año en ese mismo departamento, lo que muestra una fragilidad extrema para el ejercicio de la libre expresión en esa parte de Colombia.
Una semana después, el 17 de junio, fue asesinado en Caloto (Cauca) Ánderson Pérez, excombatiente de las FARC, comunicador audiovisual y activista político. La FLIP también condenó el hecho en un comunicado público y recordó que para esa organización “es muy importante que las personas que están en proceso de regresar a la vida civil luego de la firma del acuerdo de paz encuentren en el periodismo una opción de vida que asegure que sus voces también sean escuchadas. Para ello se requieren plenas garantías del Estado para un periodismo libre de violencia y censura”.
México, por su parte, sigue su racha de violencia sin control. Esta vez el turno fue para la periodista Norma Sarabia Garduza, que fue asesinada en la puerta de su domicilio en la localidad de Huimanguillo, Tabasco, la noche del 11 de junio.
Norma Sarabia Garduza llevaba más de 20 años dedicada al periodismo, cubriendo principalmente la fuente de seguridad y policiaca en Tabasco. Además de ser periodista, Norma era también madre soltera y trabajaba como secretaria en una escuela secundaria mientras estudiaba el último año de Psicología.
“Este crimen refleja el incremento de la violencia, impunidad y la situación de riesgo que viven las y los periodistas en México”, alerta nuestro miembro local, Artículo 19.
La violencia de las protestas sociales se han ensañado con los medios y los periodistas en Haití. El lunes 10 de junio, en Puerto Príncipe fue asesinado el conductor de radio Pétion Rospide. Ese mismo día varios periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones.
La Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe (ACM por sus siglas en inglés) condenó el asesinato, así como los diversos ataques a periodistas que se dieron en el país.
Haití ocupa el lugar 62 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, lista en la que se encuentran 180 países en total.
Comunicados y seguimiento
A pesar de lo sombrío del mes, la sociedad civil sigue luchando para combatir la impunidad en el continente. A un año de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado de Colombia por la muerte y la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) evaluaron el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal.
Como resultado, la SIP y la RFK Human Rights consideraron que el Estado colombiano cumplió con la parte de celebrar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el emblemático caso. Sin embargo, alertaron que las obligaciones referentes a la continuación de las investigaciones y el proceso judicial ni se han cumplido en su totalidad, ni en el plazo estipulado.
Por su parte, nuestra red IFEX-ALC hizo un llamado de atención mediante un comunicado a todos los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). El comunicado, firmado por las 24 organizaciones que conforman IFEX-ALC, exhortó a elegir como comisionados a la CIDH a candidatos que cumplan con todos los requisitos. Al mismo tiempo, se alertó sobre la falta de transparencia y de participación de la sociedad civil en el proceso.
En Breve
Venezuela: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, visitó el país en misión oficial. En su visita, Bachelet pidió la liberación de los presos políticos y emplazó al gobierno de Nicolas Maduro a que inicie un diálogo fluido con la oposición.
La visita de Bachelet se dio en el marco de la continuación del intenso clima de agitación social y política que ha derivado en cruentas represiones y detenciones arbitrarias. Un contexto de inestabilidad y violencia en el que los medios son blanco predilecto del régimen de Maduro. Nuestro miembro IPYS Venezuela reveló que en el primer semestre de 2019 hubo más de 300 restricciones a la libertad de expresión en el país.
En Ecuador una sentencia contra Cesar Ricaurte, director de nuestro miembro local Fundamedios, sienta un pésimo precedente de la administración de Moreno.
Ricaurte fue condenado a 15 días de prisión por emitir una opinión en contra de Jorge Jurado, ex embajador de Rafael Correa en Alemania. La condena tuvo lugar también a causa de un supuesto enfrentamiento entre Ricaurte y el ex embajador en el que, según se acusa, causó lesiones a este último. Fundamedios alertó sobre la sentencia y resaltó el modo en el que ésta atenta contra la libertad de expresión en Ecuador.
En Perú, la periodista Paola Ugaz fue notificada para asistir obligatoriamente a una nueva citación judicial.
Un informe de nuestro miembro ADC revela el reciente crecimiento del sector de tecnología financiera (o FinTech) en Argentina a la luz de las nuevas dinámicas promovidas para el desarrollo de una economía digital.
