En su informe, "Blasfemia: la información, sacrificada en el altar de la religión," Reporteros sin Fronteras examina varios países donde la información y sus actores deben enfrentar censura que se ejerce en nombre de la religión.
Numerosos, son demasiado numerosos los países donde la información y sus actores deben enfrentar todos los días una temida y muy particular censura: la que se ejerce en nombre de la religión, incluso de Dios mismo. Así, cada vez con mayor frecuencia, para oponerse a la libertad de informar se menciona el muy subjetivo y difícilmente definible “sentimiento de los creyentes”.
Esta situación comporta muchos riesgos. En su informe “Blasfemia: la información, sacrificada en el altar de la religión”, publicado este 12 de diciembre de 2013, Reporteros sin Fronteras examina la situación y hace algunas recomendaciones.
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Este trabajo, que se apoya en múltiples ejemplos tratados por la organización en Oriente Medio, África, Asia, así como en ciertas regiones de Europa (en este caso el continente americano es una excepción), se conforma de tres partes.
En la primera se describen ataques al derecho de saber, en ocasiones crueles, esgrimidos bajo la unción de lo sagrado. Asimismo, se muestra cómo el arma de la religión contra los periodistas y los blogueros obedece antes que todo a intereses políticos. Son muy raros los casos en que verdaderamente la censura se ejerce por un presunto ataque al dogma o para castigar a un blasfemo. En el Irán de los Mulás, en los Emiratos del Golfo Pérsico, pero también en esos países en que los patriarcas ortodoxos conservan una gran influencia, el periodista pronto es considerado un hereje, en cuanto se atreve a informar sobre las prácticas, muy poco santas, de un régimen y sus clérigos. De la misma manera, en cuanto se atreve a denunciar las exacciones de un grupo islamista armado, en Paquistán, Bangladesh o Nigeria, se convierte en un infiel con el que hay que acabar aunque sea musulmán.
Cierto, existe un uso político de la religión, pero también existe un peso real de ésta en sociedades donde es difícil identificar la frontera entre lo espiritual y lo temporal. Dar voz a homosexuales en el Sultanato de Omán, que tienen una suerte envidiable en comparación con los que viven en las petromonarquías de derecho divino vecinas, es atreverse a promover la “depravación moral” y, por ende, “sacrilegio”. Marcadores de la secularización, temas como la condición de las mujeres, la sexualidad o la procreación valen muchos tabús.
La segunda parte del informe explora las diferentes formas de legislaciones que sancionan los ataques a la religión o al “sentimiento de los creyentes”. Casi la mitad de los países del mundo (47%) cuenta con tales leyes. Aunque sólo los Estados Islámicos más duros prevén penas –en ocasiones de muerte– por “apostasía” (el hecho de abandonar o negar las creencias de la religión), la blasfemia sigue siendo plausible en los tribunales de al menos 31 países, entre ellos Grecia, Italia e Irlanda, que puso este delito a la orden del día en 2010. En 86 Estados, la “difamación de las religiones” es materia penal.
Las aplicaciones más severas no conciernen sólo a los países que poseen una religión de Estado en la que se trata de proteger a la vez el dogma y a sus representantes. En muchos casos, la coexistencia –a veces tensa– de comunidades justifica a los ojos de las autoridades la represión de información que pueda encender los ánimos. Arma de doble filo, las legislaciones de los países que formaron parte de la Unión Soviética se encargan de trazar los límites de lo “periodísticamente aceptable”, sancionando a la vez “la ofensa a la religión” y el “extremismo”.
La tercera y última parte del informe aborda las consecuencias diplomáticas de la representación de la religión en la esfera pública, en la era de Internet y de una información globalizada. La principal es la cruzada de los países de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en la ONU, que estuvo a punto de sacrificar la libertad de informar a cambio de una peligrosa resolución votada en 2007 e incluso apoyada por países ateos como China, Vietnam y Cuba. La ofensiva, atenuada un tiempo, se reavivó en 2012 cuando se difundió en YouTube el polémico video “Inocencia de los musulmanes” (Innocence des musulmans). Pero los países de la OCI no son los únicos en alzar la voz contra las libertades ad hoc presentadas desde 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se abre un nuevo frente en la lucha por la libertad de información. En vista del examen realizado en este informe, y de acuerdo con su misión y sus principios, Reporteros sin Fronteras:
- Pide a las instituciones internacionales y a sus organismos afiliados que rechacen los intentos de ciertos países que buscan equiparar los derechos fundamentales de las personas a la lucha contra la “blasfemia” o la “difamación de religiones”.
- Formula el deseo de ver abolida toda limitación de la libertad de información y de expresión en nombre de la religión en las legislaciones de países europeos que pretenden “ser un modelo” en el área de derechos humanos y de pluralismo.
- Aprueba la resolución de la Asamblea General de la ONU del 19 de diciembre de 2011, pero recuerda que “la lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias” se aplica tanto a los no creyentes como a los creyentes, mayoritarios o no.
