La elección de Bolsonaro refleja la fuerza que está cobrando una agenda conservadora que puede poner en peligro la libertad de expresión y las garantías de privacidad.
Este artículo fue publicado originalmente en eff.org el 31 de enero de 2019.
Las elecciones brasileñas del año pasado señalaron la victoria para Jair Bolsonaro; un político con posiciones muy controvertidas sobre la pasada dictadura militar y los derechos civiles del país. El ascenso de Bolsonaro al poder y el comienzo de su administración en enero han atraído la atención internacional por su potencial impacto en los derechos humanos. Su elección refleja la fuerza que está cobrando una agenda conservadora que puede poner en peligro la libertad de expresión y las garantías de privacidad. Las decisiones del poder ejecutivo, los proyectos de ley en el Congreso y los casos que se someten a juicio en el Tribunal Supremo pueden merecer una atención cuidadosa debido a su potencial para socavar las libertades civiles.
Un ejemplo clave es el conjunto de proyectos de ley contra el terrorismo pendientes en el Congreso que pueden obtener apoyo. La mayor parte de las casi diez propuestas hasta ahora están basadas en una ley existente desde el 2016 aprobada, principalmente, debido a la presión internacional antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La legislación atrajo fuertes críticas de la sociedad civil por potencialmente criminalizar las protestas y los manifestantes. Pero los nuevos proyectos de ley van más allá. Casi todos tratan de ampliar la definición de terrorismo. Algunas limitan salvaguardias actuales que evitan que las acciones de los movimientos sociales sean consideradas delitos de terrorismo, delitos que conllevan una potencial sentencia de 30 años de prisión.
Estas definiciones amplias y vagas son inconsistentes con los estándares de precisión requeridos por el derecho penal brasileño. Dejan la puerta abierta a decisiones subjetivas y arbitrarias, lo que no sería nuevo en la región. Un proyecto de ley convierte en un «acto terrorista» la manipulación o alteración de sistemas informáticos o bases de datos con una motivación política o ideológica. Las enmiendas propuestas en el Senado eliminan la necesidad de requisitos legales para determinar la motivación y la intención maliciosa. Como resultado, cualquier interferencia o daño a los sistemas informáticos puede ser calificado de «terrorismo», poniendo en grave peligro las actividades de periodistas, investigadores de seguridad y hackers. El trabajo, largamente documentado, de EFF sobre los derechos de los codificadores busca combatir regulaciones como estas que pasan por alto la creciente importancia de la investigación de las vulnerabilidades y las salvaguardas para los codificadores que ya están en vigor.
Dos proyectos de ley (PLS 272/2016 y PLS 9555/2018) tipifican como delito el elogiar o incitar a la comisión de tales delitos de terrorismo mal definidos, con penas de hasta ocho años de prisión. Un proyecto de ley aumenta la pena si esta «incitación» ocurre a través de Internet o a través de cualquier medio de comunicación. Si esta agenda legislativa tiene éxito, un tweet apoyando a algún hacker o acciones relacionadas con protestas o huelgas, podría conducir a largas penas de cárcel. Esto amenaza tanto la libertad de expresión como la privacidad en Brasil.
El texto actual de un proyecto de ley de Bolsonaro, escrito durante su tiempo como congresista, reemplaza el requisito hasta ahora necesario de contar con órdenes judiciales que expresen una autorización previa para que agentes específicos de las fuerzas del orden, conectados con el Ejército y la policía brasileños, obtengan metadatos de comunicaciones (definidos por la Ley nº 12.965/2014 como registros de conexión y acceso a aplicaciones de Internet). Estos agentes también podrían pedir al tribunal que exija a los operadores de telecomunicaciones que proporcionen la geolocalización de dispositivos específicos. Un juez tendría sólo 6 horas para decidir si obliga o no al acceso y las empresas no más de 24 horas para entregar los datos. Además de la legislación propuesta por Bolsonaro, el proyecto de ley n. 9808/2018 otorgaría a la policía autorización explícita para obtener el contenido de las comunicaciones privadas si la persona es sorprendida en el acto de cometer delitos como el terrorismo y el narcotráfico.
La vigilancia de las comunicaciones llevada a cabo por el Estado brasileño debe cumplir con los principios de derechos humanos basados en normas internacionales. Para ello se requieren, entre otras cosas, leyes claras y precisas, garantías procesales y fallos de una autoridad judicial independiente. Estas reglas propuestas podrían socavar la integridad de las comunicaciones brasileñas.
Y hay más esfuerzos de este tipo en curso.
Aquí vamos de nuevo: las batallas potenciales sobre el cifrado
El proyecto de ley n. 9808/2018 también aseguraría nuevas facultades policiales que permitirían el acceso al contenido de las comunicaciones cuando se incauta un dispositivo móvil mientras se comete el delito. El jefe de policía tendría derecho a pedir a los ISP, proveedores de aplicaciones o desarrolladores de aplicaciones una clave de cifrado. Las disputas anteriores sobre el acceso excepcional a las comunicaciones cifradas condujeron tanto a la imposición judicial de bloqueos de la red de WhatsApp como a la presión continua de los agentes del orden ante los tribunales y el Congreso.
Varias propuestas también amenazan la integridad de los sistemas de cifrado.
A principios de este año, una Comisión de Juristas, creada por el Presidente de la Cámara de Diputados y coordinada por un Ministro de la Corte Suprema, publicó una lista con 11 prioridades para combatir el crimen organizado. Estas recomendaciones se enviarán al Congreso y al Ministro de Justicia en un paquete de reformas para 2019. Una de estas propuestas aboga por herramientas más eficaces para investigar a las organizaciones delictivas, como se describe a continuación:
La disponibilidad de medios para acceder y violar el secreto en el intercambio de mensajes entre miembros de organizaciones delictivas a través de Internet, redes sociales o aplicaciones de mensajería, incluida la posibilidad de infiltración de agentes de policía. Las empresas proveedoras de servicios de Internet, redes sociales y aplicaciones de comunicación deben tener su sede o representación en el territorio nacional y deben cumplir con las determinaciones que les sean dirigidas.
La lista refleja dos proyectos de ley creados por la Comisión de Juristas y mencionados explícitamente en el documento. Un proyecto de ley propone cambios en la Ley de Organizaciones Criminales para permitir la infiltración de agentes de policía que investigan delitos especificados en la legislación. El proyecto de ley también establece que este procedimiento «incluirá la posibilidad de que las autoridades policiales accedan a la clave de cifrado de los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de contenidos y los autores de aplicaciones de comunicación». El significado de la ley es impreciso. No está claro si obliga al uso de puertas traseras. O si se permite que los agentes se unan a las comunicaciones en línea de las organizaciones delictivas ganándose su confianza o exigiendo al proveedor de servicios que las añada encubiertamente a la conversación. Este último caso reflejaría la propuesta «Ghost (Fantasma)» del Reino Unido, que no es más que otro nombre para una puerta trasera.
Lo que queda claro de este documento, sin embargo, son las intenciones del gobierno brasileño de obligar a los proveedores de aplicaciones a tener una oficina en Brasil. Exigir a todos los proveedores de aplicaciones que mantengan una oficina en Brasil sofocará la innovación al apilar aún más la baraja a favor de los gigantes de la tecnología que tienen los recursos para cumplir. ¿Y si no lo hacen? La solución más probable sería bloquear el acceso de los usuarios a esos servicios. Esto violaría las actuales normas de neutralidad de la red y socavaría el derecho constitucional a la libertad de expresión. Una y otra vez, los tribunales brasileños rechazaron los bloqueos a WhatsApp debido a su falta de proporcionalidad. Esta discusión está ahora frente a la Corte Suprema aquí y aquí. Estos casos también están considerando las demandas de las fuerzas de seguridad por puertas traseras en enfrentamiento a los derechos constitucionales. Como señala incansablemente la EFF, las puertas traseras comprometen la seguridad, la privacidad y la innovación, y no son efectivas para los propósitos declarados.
«Fake News» y elecciones, segunda ronda
Hemos escrito antes cómo las iniciativas en contra de las libertades civiles podrían ganar fuerza dependiendo de la magnitud de la desinformación en las elecciones presidenciales de Brasil. Se difundieron noticias falsas, y el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp ha sido señalado, erróneamente, como el principal villano. Además de reforzar los ataques contra el cifrado y la seguridad de los usuarios, esta afirmación pasa por alto otras formas de abordar realmente el problema. Por ejemplo, el gobierno podría exigir responsabilidades a las empresas y candidatos que hayan hecho un uso indebido de la aplicación en violación de la legislación electoral y otras normas (por ejemplo, activando masivamente chips con números de identificación de personas mayores sin su conocimiento).
Existen dos nuevas propuestas de Ley en el congreso brasileño que penalizarían la creación maliciosa y la divulgación de noticias falsas relacionadas con cualquier interés público relevante, o con el fin de cambiar o alterar una verdad sobre el proceso electoral. Las penas posibles incluyen tres años de prisión. Si bien hay una excepción para afirmación de la opinión, la expresión artística o literaria y el contenido humorístico, los proyectos de ley suscitan preocupación. La creación de nuevos delitos penales es un camino arriesgado para abordar problemas complejos, especialmente cuando se trata de decidir qué es verdadero o falso. Las plataformas en línea pueden ser consideradas responsables si no eliminan o bloquean el contenido falso en un plazo de 24 horas. Esto pone fin al régimen general de responsabilidad de los intermediarios establecido en la Ley n. 12.965/2014 -conocida como el Marco de Civil de la Internet- que fue concebido para proteger la libertad de expresión en línea y evitar la censura previa.
En virtud de la legislación vigente, los intermediarios no son responsables del contenido de terceros, salvo en caso de incumplimiento de una orden de remoción de contenido dictada por un tribunal (artículo 19, sección principal). Este régimen jurídico se enfrenta actualmente a un cuestionamiento constitucional. El caso está siendo juzgado por la Corte Suprema de Brasil y los principales grupos de libertades civiles han presentado escritos amicus aquí y aquí, subrayando las terribles consecuencias de la posible derogación de leyes que salvaguardan la libertad de expresión y el acceso a la información.
Los grupos y activistas brasileños locales se están enfrentando a estos desafíos, pero también están siendo atacados. En una reciente medida del poder ejecutivo, el Presidente Bolsonaro asignó a su Secretario de Gobierno, un general retirado del ejército, una función oficial que no existía en las administraciones anteriores: «la coordinación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las organizaciones internacionales y las ONG». Esta acción fue considerada como un ataque a la libertad de asociación y los grupos civiles todavía están tratando de calibrar sus implicaciones. Durante casi 30 años, Brasil ha estado consolidando su democracia después de dos décadas de lucha contra la dictadura. Frente a las amenazas actuales, los procesos democráticos, el compromiso y la participación son las únicas vías posibles para alcanzar soluciones que apoyen los derechos humanos. Esperamos que las autoridades de Brasil sigan estos principios. EFF continuará supervisando la evolución de la situación.
