(RSF/IFEX) – La Cámara de Representantes aprobó, el 6 de noviembre de 2003, el proyecto de estatuto antiterrorista. Un texto que autoriza al ejército a efectuar allanamientos e interceptar llamadas telefónicas y correspondencia, sin control judicial. «Si esas disposiciones tuvieran que aplicarse a los periodistas, amenazarían el secreto de las fuentes y cuestionarían la neutralidad […]
(RSF/IFEX) – La Cámara de Representantes aprobó, el 6 de noviembre de 2003, el proyecto de estatuto antiterrorista. Un texto que autoriza al ejército a efectuar allanamientos e interceptar llamadas telefónicas y correspondencia, sin control judicial.
«Si esas disposiciones tuvieran que aplicarse a los periodistas, amenazarían el secreto de las fuentes y cuestionarían la neutralidad de la prensa», ha dicho, preocupado, Robert Ménard, secretario general de RSF. La organización teme en particular que la falta de todo control judicial pueda generar abusos. En una carta dirigida a Luis Humberto Gómez, presidente de la Comisión primera del Senado, Ménard ha pedido que, en la próxima lectura, se eliminen estas disposiciones.
El 6 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó, en sexta lectura, el proyecto de estatuto antiterrorista, una reforma constitucional planteada por el gobierno de Alvaro Uribe. El texto confiere a las fuerzas del orden el poder de efectuar allanamientos y escuchas telefónicas e interceptar la correspondencia privada, sin mandato judicial durante 72 horas, en casos de personas sospechosas de estar relacionadas con el terrorismo.
Para quedar definitivamente aprobado, el proyecto aún tiene que pasar por dos lecturas en el Senado: una en la Comisión primera del Senado, y la segunda en la asamblea plenaria de dicha institución.
En la sesión de la Cámara de Representantes del 6 de noviembre, los legisladores eliminaron un artículo que, en nombre de la defensa del derecho al buen nombre, prohibía a los medios de comunicación revelar los nombres de las personas detenidas durante las 72 primeras horas de detención.
