(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la AMARC, con fecha del 12 de diciembre de 2005: AMARC denuncia que nueva Ley de Radio y TV atenta contra libertad de expresión La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos […]
(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la AMARC, con fecha del 12 de diciembre de 2005:
AMARC denuncia que nueva Ley de Radio y TV atenta contra libertad de expresión
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denuncian la violación a la libertad de expresión y de información que se producirá de aprobarse en el Senado las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la Ley de Radio y TV el 1 de diciembre de 2005.
Esta nueva ley impone una visión mercantilista por encima de la función social de la radiodifusión, privilegia a los grupos con poder económico en detrimento de las mayorías, pone en grave riesgo a un sector estratégico del país directamente relacionado con la soberanía nacional y excluye escandalosamente a grupos de la sociedad civil para operar medios como las radios comunitarias.
Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones resueltas en la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre y que ahora serán discutidas en el Senado de la República, contravienen los estándares mínimos de libertad de expresión y el derecho a la información y por ende a un verdadero Estado de derecho.
Privilegian a los grupos económicos más poderosos dejando fuera a las mayorías, bajo la falsa premisa de que se acotará la amplia discrecionalidad del Ejecutivo para otorgar concesiones del uso del espectro de la nación.
Una reforma seria debiera considerar las desigualdades existentes para evitar la injusticia y las asimetrías, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por ello legislar al vapor como se pretende hacer en el Senado, sin tomar en cuenta las demandas de los diversos sectores de la población, es incompatible con la democracia, la justicia y la equidad a la que están obligados los parlamentarios. De aprobarse la ley estaremos ante el retroceso más grande del país en materia no solamente de radio y televisión sino en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
La ley en discusión deja abierta la puerta para una mayor concentración de medios electrónicos, contrario a una sana competencia económica, asfixia a los pequeños y medianos empresarios, a los que se les quiere aquietar con la entrega de radios combo en una falaz salida, pues a mediano y largo plazo se les impide su crecimiento por el criterio de la subasta ascendente. Para el órgano regulador en la figura de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) no hay una prohibición expresa de que los nuevos comisionados sean concesionarios u operadores de servicios de telecomunicaciones, ni dirigentes políticos o empresarios del ramo.
Cualquiera de ellos puede llegar en lo que seguramente llegará a ser un conflicto de intereses avalado ahora por la ley y en el caso de los permisos se excluye a grupos de la sociedad civil para acceder a frecuencias de radio y televisión y se fortalece de manera más amplia la capacidad discrecional para su otorgamiento. Incluso se agregan requisitos sumamente peligrosos como solicitar la opinión consultiva a otras instancias.
Esta situación se vivió con las radios comunitarias hace un par de años cuando se les exigía como requisito para obtener sus permisos contar con el aval del ejército mexicano, lo cual no se pudo ejecutar en virtud de que era ilegal. Ahora con las nuevas disposiciones este criterio puede ser posible.
La nueva ley tiene tantas contradicciones que la Comisión Federal de Competencia Económica ha hecho público su rechazo, lo mismo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien aún no ha entregado su opinión por escrito al Congreso, pero lo ha declarado.
La Ley Federal de Radio y Televisión es un área prioritaria del Estado, por lo que si el Congreso decide aprobarla, será responsabilidad del Ejecutivo hacer las acciones conducentes para vetar esta ley, e impedir que se consume este grave retroceso por parte de una mayoría de legisladores.
