Existe hoy en el Senado de la República la oportunidad de revertir una decisión que de aprobarse agravará la situación de riesgo que viven miles de personas en México, por lo que pedimos reconsiderar la decisión tomada el pasado 6 de octubre en la Cámara de Diputados sobre la eliminación de 109 fondos y fideicomisos públicos.
Integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
El martes 6 de octubre de 2020, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general el proyecto que propone la desaparición de 109 fondos y fideicomisos que atienden diversas necesidades y demandas sociales, entre ellas el periodismo y la protección de los derechos humanos en México.
Con 242 votos a favor, diputados y diputadas aprobaron un proyecto que involucra la eliminación tanto del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esto pone en grave riesgo la integridad y vida de miles de personas beneficiarias, por ejemplo, víctimas y familiares de personas desaparecidas. En el caso de la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, el cual protege actualmente la vida de aproximadamente 1,340 personas y ha otorgado más de 8,785 medidas de protección y asistencia, designadas a garantizar la seguridad y salvaguardar la vida e integridad de las personas.[1]
Por otro lado, en el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, elimina todo rastro de los recursos de ayuda inmediata, asistencia, atención, rehabilitación e incluso reparación. De manera contundente modifica el acceso ágil, eficaz, y transparente a los recursos de ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y reparación, a través de un Mecanismo Autónomo que se activa a partir del acercamiento de la víctima a la Comisión de Atención a Víctimas y que buscaba que, a través de la interacción frecuente y cotidiana, se brindara de manera ágil la asistencia hasta la etapa de la reparación.
Concretamente, la reforma elimina el artículo 6 fracción VIII de la LGV que contemplaba el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y limita la participación de la CEAV- A través del Comité Interdisciplinario evaluador- a un papel irrelevante en el que asumirán una dinámica de atención básica cuya participación principal será la de elaborar los dictámenes de acceso a los recursos.
La violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos ha crecido de manera exponencial. Durante el primer semestre del presente año, se registraron 406 ataques contra la prensa, 45% más que el año pasado[2], y 4 asesinatos. Además, durante el mismo periodo, 7 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Eliminar los fideicomisos que protegen a periodistas y personas defensoras de derechos humanos aumentará el riesgo a sufrir ataques, por un lado, y por el otro impacta negativamente los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia. Tal y como fue señalado por las organizaciones que hacen parte del Espacio OSC, la “[e]liminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los relatores espaciales para la libertad de expresión de la CIDH y la ONU y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, han realizado recomendaciones al Estado mexicano en el sentido de fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo cual incluye que este cuente, a través de un fideicomiso, con los fondos suficientes para garantizar la protección de quienes están bajo su protección[3].
IFEX, la principal red mundial que defiende y promueve el derecho de todos a la libertad de expresión e información y que actualmente articula a más de 100 organizaciones en más de 65 países, expresamos nuestra preocupación por la desaparición de estos fondos y fideicomisos, ya que implicaría un riesgo para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia en México.
Existe hoy en el Senado de la República la oportunidad de revertir una decisión que de aprobarse agravará la situación de riesgo que viven miles de personas en México, por lo que pedimos reconsiderar la decisión tomada el pasado 6 de octubre en la Cámara de Diputados sobre la eliminación de 109 fondos y fideicomisos públicos.
Quedamos a la espera de que se brinde una solución a la decisión que pondría en mayor riesgo la vida de miles de personas en México.
[1]Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Comunicado sobre el Fideicomiso 10232 del Mecanismo de Protección, 3 de abril 2020, https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/es/articulos/comunicado-sobre-el-fideicomiso-10232-del-mecanismo-de-proteccion?idiom=es
[2] Artículo 19, https://articulo19.org/primer-semestre-de-2020-crecen-exponencialmente-las-agresiones-contra-la-prensa-y-continuan-los-asesinatos/
[3] CIDH, Situación de derechos humanos en México, 31 de diciembre de 2015, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf; Informe conjunto del Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, sobre su misión a México, junio de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF ; OHCHR, Diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, julio de 2019, http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf
