Las organizaciones abajo firmantes y miembros de la comunidad internacional de derechos humanos, hacemos un llamado urgente a que el pueblo venezolano tenga acceso sin restricciones a internet, a las plataformas de redes sociales y a otros canales de comunicación en todo momento. También exigimos que se ponga fin al uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este compromiso es crucial para respetar los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales del país.
La crisis en Venezuela, que estalló tras las recientes elecciones presidenciales, ha supuesto un importante despliegue del aparato de vigilancia y control que el Estado venezolano ha construido en los últimos años, que se entrecruza con diversos elementos relacionados con las tecnologías de la comunicación y que ha sido denunciado reiteradamente por la sociedad civil y las organizaciones que defienden la libertad en Internet en el país. El gobierno de Nicolás Maduro afirma haber detenido a más de 2.000 personas en la última semana y las cifras de muertos y desaparecidos no son claras, ya que la mayoría de las fuentes indican que al menos 20 personas han muerto en las protestas, mientras que otras 25 han sido desaparecidas. Estamos siendo testigos de las consecuencias de un sistema complejo creado por más de 20 años de políticas públicas e iniciativas políticas insidiosas, que combina múltiples restricciones al acceso a la información mediante la censura, el deterioro de la infraestructura de comunicaciones, el acoso sistemático, los operativos de información y el cierre de medios de comunicación, además de emplear tecnologías de vigilancia aplicadas a intrincadas redes de intereses y, en muchos casos, a una población acorralada por la pobreza.
El entorno sociopolítico de Venezuela se caracteriza por una compleja interacción de autoritarismo, inestabilidad económica y malestar social. Bajo el gobierno de Maduro, el Estado ha recurrido cada vez más a medidas represivas para mantener el control, incluida la vigilancia generalizada, la censura y la supresión de la disidencia. Como lo han demostrado las recientes elecciones presidenciales, una parte dominante y cada vez mayor de la población se siente agraviada por la mala gestión del partido gobernante y los abusos de los derechos humanos. Las condiciones económicas siguen siendo nefastas, debido a los efectos de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos y la pobreza generalizada que exacerban la crisis. Estos desafíos han alimentado un creciente sentimiento de descontento y rebeldía entre los venezolanos, lo que ha dado lugar a frecuentes protestas y a una cifra cada vez mayor de 7,8 millones de personas que han huido del país en busca de mejores oportunidades en el extranjero o intentando escapar de la violencia política. En este clima, el gobierno ha seguido aumentando su control sobre la población a través de medios digitales y físicos, erosionando aún más las normas democráticas y limitando las vías para la oposición pacífica.
La tecnología tras las elecciones
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ha producido una violenta represión por parte de la policía, el ejército y grupos paramilitares, así como denuncias de estrategias de acoso y persecución posibilitadas por el uso de la tecnología. El gobierno ha intensificado sus medidas de vigilancia y censura digital, utilizando herramientas como la aplicación de mensajería VenApp para informar sobre actividades disidentes y revelar información confidencial a manifestantes, videovigilancia para monitorear las protestas y drones patrullaje para provocar miedo generalizado.
VenApp representa la última evolución de este aparato de vigilancia. La aplicación, que ha suscitado importantes preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia estatal desde su lanzamiento en diciembre de 2022, ahora ha sido promovida por el presidente Nicolás Maduro como un medio para que los ciudadanos denuncien a sus vecinos, afianzando aún más una cultura de vigilancia y control. Ahora incorpora funciones que permiten a los usuarios alertar a las autoridades sobre actividades consideradas sospechosas por el Estado, que abarcan categorías como “guarimba fascista” (término utilizado para describir las protestas de la oposición), saqueos, desorden público e incluso “desinformación”, dirigida a periodistas. La integración de las plataformas digitales a las prácticas de persecución del chavismo sigue un patrón de décadas de creación de un sistema de castigos y recompensas para obtener inteligencia social a través de acusaciones de disidencia política, incrustado en la sociedad a través de una estructura de “jefes callejeros” del partido local y soplones conocidos como “Patriotas Cooperantes”. Al considerar a cualquier demócrata que desafíe su poder como un potencial conspirador o desestabilizador, el gobierno ha fomentado un entorno de desconfianza y vigilancia, apuntando a quienes percibe como enemigos internos.
Hay informes frecuentes de que las fuerzas de seguridad detienen a ciudadanos para verificar el contenido de sus teléfonos, incluidas fotos, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp. Las personas son detenidas en función del contenido encontrado durante estos registros, incluidas fotos o discusiones sobre protestas o ejemplos de discursos antigubernamentales.
Este marco ha evolucionado con la implementación del Carnet de la Patria y el Sistema Patria, que son sistemas de identificación digital vinculados a programas de bienestar social. Estos sistemas no sólo rastrean las actividades de los ciudadanos, sino que también recogen grandes cantidades de datos personales, a menudo sin consentimiento. El sistema de vigilancia depende directamente de la Oficina del Presidente. El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, que está bajo la supervisión directa del Presidente, es responsable de supervisar todas las operaciones de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encarga de monitorear las comunicaciones telefónicas y el tráfico de Internet. El Sistema Patria es parte de la Fundación Patria, que depende de la Vicepresidencia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), una fuerza de seguridad responsable de la inteligencia política y la contrainteligencia, así como la Dirección de Contrainteligencia Militar, tienen acceso directo al monitoreo telefónico y la vigilancia de las calles.
Redes sociales y tecnología para vigilancia
Además, las fuerzas de seguridad han estado monitoreando activamente las redes sociales y pidiendo a sus partidarios que denuncien cualquier actividad disidente en línea, con el fin de detener a personas y allanar casas y oficinas sin orden judicial. A estas personas se les niega luego el acceso a un juicio justo y equitativo, y se las coloca en “centros de reeducación” donde, en palabras de Nicolás Maduro, “no habrá perdón”. Esto ocurre en el contexto de lo que se conoce como “Operación Tun Tun”, que incluye el uso de cuentas de Instagram, Telegram y X (antes Twitter) para revelar nombres, fotos y direcciones de disidentes, en particular de activistas y periodistas, pero también de ciudadanos comunes que sirvieron como testigos en los centros de votación durante las elecciones. A menudo, el doxing lo hacen sus propios vecinos.
Los líderes políticos del gobierno de Maduro han estado usando sus cuentas de redes sociales, así como los medios nacionales, para exponer e intimidar a los disidentes, como lo ilustra el líder del chavismo, Diosdado Cabello, al revisar los tuits de los usuarios en su programa de televisión.
Esta represión digital no sólo limita los derechos fundamentales de los venezolanos, sino que también pone de relieve la dependencia del régimen de la tecnología como medio para mantener el poder y sofocar el disenso en un entorno políticamente volátil. Las consecuencias de las elecciones ponen de relieve una estrategia más amplia de autoritarismo digital, en la que el Estado utiliza tecnologías avanzadas para imponer el cumplimiento de las normas y silenciar a la oposición.
Además, el gobierno venezolano lleva muchos años utilizando tecnología de vigilancia para perseguir a la disidencia. La empresa tecnológica china ZTE ha estado exportando tecnología de vigilancia a Venezuela al menos desde 2016, y en 2021, el gobierno de Maduro admitió públicamente poseer tecnología de piratería telefónica fabricada por la firma israelí Cellebrite, utilizada para intervenir y vigilar los dispositivos de los disidentes. En 2022, Telefónica, que opera en Venezuela como Movistar, informó haber interceptado las comunicaciones de más de 1,5 millones (1.584.547) de abonados en Venezuela durante el año anterior, lo que representa uno de cada cinco usuarios de líneas telefónicas o de internet.
Censura y filtrado de Internet
Según informó la ONG venezolana Conexión Segura y Libre, durante la campaña electoral se registraron al menos 12 nuevos casos de bloqueos contra medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y una VPN, sin contar los bloqueos que se produjeron después de las elecciones. Los comicios se celebraron en un ecosistema mediático restringido, lo que redujo las garantías de una participación libre e informada. Además, se bloqueó el acceso a The Wall Street Journal después de que un líder opositor publicara un artículo de opinión crítico. Hasta la fecha, 62 medios de comunicación han sido bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet, lo que afecta a 86 dominios y totaliza 431 bloqueos activos. Además, también se han bloqueado nueve sitios web de organizaciones de derechos humanos, con un total de 41 bloqueos activos. El domingo 5 de agosto, Nicolás Maduro expresó su intención de regular o bloquear TikTok, Instagram y X en Venezuela, acusando a estas aplicaciones de “ser los principales instrumentos” para aumentar “el odio y el fascismo”.
A pesar de estas medidas represivas, la sociedad civil y los periodistas siguen resistiendo. Iniciativas como Noticias Sin Filtro y El Bus TV, entre otras, han surgido como soluciones creativas para eludir la censura y brindar información crucial al público. El Bus TV, por ejemplo, entrega noticias directamente a la gente mientras viaja en autobuses públicos. Estos esfuerzos subrayan la resiliencia y la adaptabilidad de los venezolanos frente al autoritarismo.
Identificación como control
Al mismo tiempo, activistas de derechos humanos han descubierto que sus pasaportes han sido anulados. El sábado 3 de agosto, el activista Yendri Velásquez fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba viajar a la 113ª Sesión del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Naciones Unidas. El país tiene una larga historia de uso de documentos de identidad como arma política y mecanismo de control; en febrero de 2024, la activista Rocío San Miguel fue detenida en circunstancias similares y permanece bajo arresto. La forma en que se vincula, utiliza y transfiere la información contenida en estas bases de datos es imposible de determinar sin que existan leyes que protejan la privacidad o impidan las transferencias de datos. A través de estos mecanismos, el gobierno de Maduro ha reprimido el derecho de los venezolanos a moverse libremente, atacando no solo a quienes viven en el país, sino también a los 7,8 millones de venezolanos que viven en la diáspora, mediante amenazas de negar, retrasar o revocar sus documentos de identidad o incluso su ciudadanía.
Mientras Venezuela se desenvuelve en este complejo panorama político, el ámbito digital sigue siendo un campo de batalla crucial. El uso de la tecnología como herramienta de represión pone de relieve la urgente necesidad de contar con una protección sólida de los derechos y las libertades digitales. La situación actual no solo amenaza las libertades individuales, sino que también socava el tejido mismo de la sociedad venezolana, creando una cultura de miedo y sospecha que podría tener consecuencias duraderas.
Los venezolanos en el exterior se esfuerzan por seguir informando de lo que los que están dentro del país ya no pueden. Sin embargo, el brazo propagandístico digital del gobierno se extiende para tratar de silenciar estas voces. La situación es urgente y es imperativo denunciarla. Esto se debe no solo a las numerosas injusticias y las muchas vidas perdidas o perturbadas por las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a que Venezuela sirve de advertencia para otros lugares. La represión en Venezuela refleja estrategias observadas en Nicaragua y Cuba, y podría prefigurar lo que puede venir para muchas otras sociedades, dada la proliferación de la tecnología utilizada para controlar a los ciudadanos, los migrantes y las poblaciones minoritarias, así como el aumento exponencial del autoritarismo.
Llamado a la acción
Ante la crítica situación actual, instamos al gobierno venezolano y a todas las autoridades estatales a que dejen de usar y abusar de las tecnologías para vigilar, reprimir, acosar y perseguir la disidencia política en Venezuela y de restringir el acceso a la información y la libertad de asociación y reunión pacífica. Es esencial que todas las autoridades y quienes ostentan el poder político respeten los derechos humanos, actúen de conformidad con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en particular de quienes cubren los acontecimientos del país, documentan los abusos de los derechos humanos y trabajan para lograr la transparencia total del proceso electoral.
Adicionalmente, hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Opinión, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Enviado del Secretario General sobre Tecnología, a la comunidad internacional y a los países que mantienen comunicación regular con el gobierno de Nicolás Maduro a que condenen las violaciones de derechos humanos y el abuso de las herramientas tecnológicas para incrementar el control político y perseguir la disidencia. Estas entidades deben instar directamente al gobierno venezolano a adherirse al derecho internacional en materia de libertad de expresión, asociación y derecho de acceso a internet, contribuyendo así a la protección y restauración del espacio cívico en Venezuela.