A un año de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Sociedad Interamericana de Prensa y el Robert F. Kennedy Human Rights evalúan el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 10 de junio de 2019.
A un año de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado de Colombia por la muerte y la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) evalúan el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal.
La SIP y la RFK Human Rights consideraron que el Estado colombiano cumplió con el punto resolutivo del fallo conocido el 6 de junio de 2018, relativo a la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional con la presencia de 18 miembros de la familia Carvajal. Las organizaciones destacaron la buena voluntad y disposición del Estado, así como lo expresado por el presidente de Colombia, Iván Duque, en un discurso en el que asumió la responsabilidad internacional por el caso y expresó que el gobierno cumplirá con todas las obligaciones emanadas de la Sentencia.
Sin embargo, la SIP y el RFK Human Rights subrayaron que siguen sin cumplirse en su totalidad ni en el plazo estipulado las obligaciones referentes a la continuación de las investigaciones y el proceso judicial; atención de salud para las víctimas y compensación por daños materiales e inmateriales. Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila.
Otros casos de Colombia que la SIP y RFK Human Rights junto a la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) dan seguimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el de Guillermo Cano, director de El Espectador de Bogotá, asesinado el 17 de diciembre de 1986, por el cual a fines de mayo fueron procesados dos sospechosos por su presunta participación en el asesinato ocurrido hace 32 años.
Tanto por el caso Cano como en el del periodista deportivo Carlos Lajud Catalán, asesinado el 19 de abril de 1993 en Barranquilla, la CIDH formuló recomendaciones al Estado de Colombia que, entre otras, contemplan que se investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Las organizaciones instan al gobierno colombiano a cumplir en su totalidad con las recomendaciones.
Asimismo, la SIP junto a gobiernos de la región continúan con procesos de solución amistosa a través de la CIDH, en los casos de Gerardo Bedoya, asesinado en Cali, Colombia el 21 de marzo de 1997; Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en Hermosillo, México desde el 2 de abril de 2005 y Aristeu Guida da Silva, asesinado el 12 de mayo de 1995 en São Fidélis, Río de Janeiro, Brasil.
Por el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, Brasil y por el cual se firmó un acuerdo de solución amistosa en 2009, la SIP consideró un avance el compromiso de investigar de manera efectiva y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. El 22 de mayo la Justicia condenó a uno de los participantes en el asesinato.
La SIP también da seguimiento a los siguientes casos sometidos ante la CIDH: Juan Carlos Encinas y Carlos Quispe, Bolivia; Ivan Rocha, Edgar Lopes de Faria, Luiz Otávio Monteiro, Reinaldo Coutinho da Silva, Jorge Vieira, Nivanildo Barbosa Lima, Ronaldo Santana de Araújo y Mário Coelho Filho, Brasil; Hernando Rangel Moreno, Julio Daniel Chaparro Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas, Jairo Elías Márquez, Colombia; Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores Morales, México.