(RSF/IFEX) – El 7 de diciembre de 2003, unos simpatizantes del poder agredieron a una periodista cuando cubría una reunión de la oposición. Un mes antes, las autoridades prohibieron a la prensa hacer públicas las listas de bienes de varias altas personalidades del Estado. «Deploramos este retroceso, de parte del gobierno ugandés. El patrimonio de […]
(RSF/IFEX) – El 7 de diciembre de 2003, unos simpatizantes del poder agredieron a una periodista cuando cubría una reunión de la oposición. Un mes antes, las autoridades prohibieron a la prensa hacer públicas las listas de bienes de varias altas personalidades del Estado.
«Deploramos este retroceso, de parte del gobierno ugandés. El patrimonio de los responsables políticos es una información de interés público, que se debe llevar libremente a conocimiento de todos», ha declarado RSF. «Además, una periodista ha sido agredida, ciertamente por militantes del partido en el poder. Las autoridades deben tomar medidas para garantizar una mayor libertad de prensa, y la seguridad de los periodistas», ha añadido la organización.
El 7 de diciembre fue agredida, en Kampala, Hadija Nakitende, reportera de la radio CBS y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Ugandeses, cuando cubría una reunión de los Jóvenes Demócratas Ugandeses (YUD), la asociación de la juventud del Partido Demócrata (DP, oposición). Una quincena de personas, sospechosas de ser miembros del partido en el poder, entraron en el hotel donde tenía lugar la conferencia y golpearon a la periodista, así como a otras personas. Destruyeron una cámara del canal de televisión privado WBS.
Por otra parte, el 10 de noviembre, el fiscal general afirmó que los medios de comunicación no están autorizados a hacer públicas las listas de posesiones y deudas de los responsables políticos del país. Pocos días antes, los dos principales diarios publicaron la relación de bienes de algunos ministros y consejeros de la presidencia. Los órganos de prensa se procuraron los documentos en la inspección general del gobierno, donde tienen obligación de declarar su patrimonio los responsables del país. El vicepresidente protestó formalmente y pidió que los periódicos no volvieran a tener autorización para publicar esas informaciones.
