Enero en las Américas: un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión, basado en los informes de los miembros de IFEX.
Esta es una traducción del artículo original.
Demandas históricas y pérdidas de derechos en Chile
Entre el 25 y el 31 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Chile, por invitación del gobierno. El objetivo de la visita era dar seguimiento a los informes de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante las grandes protestas que se apoderaron del país a fines de 2019. La delegación visitó no solo la capital, Santiago de Chile, sino también Arica, Temuco, Ercilla, Concepción, Antofagasta y Valparaíso. Durante la visita, los expertos y el personal de la CIDH se reunieron con más de novecientas personas, entre las cuales había víctimas y sus familias.
La visita al país se basa en comunicaciones y solicitudes de información anteriores entre la Comisión y el Estado durante 2019, incluida una visita preliminar realizada por su Secretario Ejecutivo en noviembre. La Comisión ya había publicado una declaración en la que expresó su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violencia y condenó el uso excesivo de la violencia por parte de la policía y las fuerzas militares.
“[Las] manifestaciones de insatisfacción y protestas registradas en Chile desde octubre de 2019 son el resultado de la expresión de una insatisfacción creciente, acumulada e intergeneracional en relación con el acceso y goce de los derechos sociales, servicios públicos y mejores niveles de bienestar”.
El último día, la delegación de la CIDH presentó conclusiones preliminares y recomendaciones.
La Comisión señaló que Chile tiene instituciones democráticas fuertes y que ha visto un importante desarrollo económico en las últimas décadas. Sin embargo, persisten las preocupaciones en relación con la investigación y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos durante su período dictatorial. La Comisión también señaló que, a pesar de los avances económicos, la desigualdad sigue siendo una grave preocupación: “[Las] manifestaciones de insatisfacción y protestas registradas en Chile desde octubre de 2019 son el resultado de la expresión de una insatisfacción creciente, acumulada e intergeneracional en relación con el acceso y goce de los derechos sociales, servicios públicos y mejores niveles de bienestar”.
El reciente ciclo de protestas no hace más que sumarse a una serie de ciclos sucesivos en las últimas décadas; cada uno con diferentes formatos y en los que diferentes movimientos sociales han sido protagonistas: estudiantes, mujeres y pueblos indígenas, entre otros. A pesar de estas frecuentes movilizaciones, es claro que Chile aún debe crear espacios e instrumentos eficientes para mejorar la participación y el diálogo.
Durante la misión, la CIDH actualizó el número de violaciones documentadas. El número de muertes se elevó a veintinueve, cuatro de las cuales fueron resultado de la acción directa de agentes estatales, o tuvieron lugar bajo la custodia de carabineros. El Ministerio de Salud recolectó datos de sus servicios de emergencia y señaló a un total de 13.046 personas heridas en protestas entre el 18 de octubre y el 19 de diciembre de 2019. El Instituto Nacional de Derechos Humanos documentó 1.624 víctimas hospitalizadas de balas de goma, con cuatrocientos-cinco casos de lesiones oculares, treinta y tres de las cuales terminaron en daño a largo plazo o pérdida total de visión.
La Comisión recolectó muchos testimonios de víctimas de abuso sexual, incluyendo violaciones. Las mujeres fueron sometidas reiteradamente a desnudos forzados, sentadillas y amenazas de violación. Se informaron casos graves de violencia y discriminación contra manifestantes LGBTQI+.
La Comisión también destacó la situación de los pueblos indígenas que se manifestaban en su lucha por el reconocimiento de sus reclamos históricos de tierras, y mostró su preocupación frente al uso de la Ley Antiterrorista contra activistas indígenas y los procedimientos judiciales llevados a cabo en secreto.
La Comisión también informó sobre muchos casos de tortura actualmente bajo investigación, el uso de vigilancia contra varios grupos, así como la criminalización de manifestantes mediante el uso de acusaciones penales desproporcionadas, incluidos novecientos cincuenta y nueve casos bajo la Ley de Seguridad Interna.
En respuesta a este contexto, la CIDH ha presentado veinte recomendaciones preliminares, que incluyen: llevar a cabo una reforma institucional integral de los carabineros de Chile; asegurar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones en el contexto de manifestaciones; promover y garantizar la independencia de los principales organismos de investigación y derechos humanos. Se recomendó además la preparación de un informe sobre los eventos que han tenido lugar desde el 18 de octubre de 2019, para ser elaborado por parte de un mecanismo independiente, en el que se garantice la participación social.
Haití: incertidumbre política e inquietud social
Haití fue otro país visitado por la CIDH a mediados de 2019. Desde entonces, la Comisión ha seguido la situación política, económica y social del país, emitiendo una serie de declaraciones, incluida la más reciente en enero de 2020, donde expresó su preocupación por las elecciones pendientes para el Congreso. Debido a la no aprobación de la Ley Electoral, los mandatos de los legisladores han expirado. Las elecciones debían celebrarse en noviembre, pero no se convocaron. El hecho de que los mandatos de los legisladores haya expirado se traduce también en que otras leyes importantes, como la aprobación del presupuesto 2020 y la confirmación del Primer Ministro, también estén suspendidas.
Esta situación se suma a la fragilidad de los arreglos institucionales y la crisis social general que enfrentaron los haitianos en 2019. Fue un año marcado por las protestas, que comenzaron en 2018 después de que el gobierno anunciara un aumento del precio del combustible de hasta un 50 por ciento. Por supuesto, el precio del combustible fue solo el detonante. La corrupción, la inflación y la escasez de bienes básicos han afectado a un país también empobrecido por una serie de catástrofes naturales. En enero de 2020, el país celebró el décimo aniversario de un gran terremoto que, según World Vision, “fue el desastre natural más devastador que se haya experimentado en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental”. Se perdieron aproximadamente 250,000 vidas y 300,000 personas resultaron heridas. Alrededor de 1,5 millones de personas fueron obligadas a vivir en campamentos improvisados de desplazados internos”.
“En múltiples ocasiones, manifestantes, fuerzas de seguridad e incluso funcionarios electos han atacado a periodistas que cubrían noticias políticas o protestas de última hora”.
Las manifestaciones han enfrentado la represión policial; se publicaron varios informes sobre el uso excesivo de la fuerza.
La Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) investigó la violencia en torno a las manifestaciones de octubre de 2018 y señaló la participación de agentes de policía en tres ejecuciones sumarias y cuarenta y siete casos de fuerza excesiva que hirieron a cuarenta y cuatro manifestantes y mataron a otro(a)s tres. Según el informe anual recientemente lanzado por Human Rights Watch, “en febrero de 2019, cuando la policía intentó eliminar las barricadas y controlar manifestaciones masivas contra el gobierno, estallaron enfrentamientos y al menos treinta y cuatro personas murieron y más de cien resultaron heridas. Veintitrés policías también resultaron heridos”.
El informe también se refiere a la documentación de violaciones por parte de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), según la cual, entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre, al menos ocho periodistas resultaron herido(a)s durante las protestas. Finalmente, el informe se refiere a la declaración emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en noviembre de 2019 que atribuye al menos diecinueve de las cuarenta y dos muertes en protestas desde mediados de septiembre a las fuerzas de seguridad del gobierno.
También en noviembre de 2019, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) enviaron una carta abierta al Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, pidiéndole que garantice las investigaciones independientes y exhaustivas sobre los casos denunciados de violencia contra periodistas. Según ellos, ha habido un aumento significativo de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios haitianos. “En múltiples ocasiones, manifestantes, fuerzas de seguridad e incluso funcionarios electos han atacado a periodistas que cubrían noticias políticas o protestas de última hora”.
Las organizaciones de libertad de expresión y de derechos humanos deben continuar monitoreando de cerca la situación en Haití en 2020. Debido a la situación en la que se encuentra el Congreso y su silencio, el presidente ahora gobernará por decreto. Y, como subrayó The Economist, “para un país con una historia de dictaduras brutales, golpes de Estado y elecciones poco fiables, la posibilidad de un gobierno de una sola persona trae mal presagio”.
Asesinatos de defensores de los derechos humanos: se necesitan medidas urgentes: ¡Escazú ahora!
En los últimos días de enero, nos sacudió la noticia de que hombres armados atacaron a una comunidad indígena en Nicaragua, mataron al menos a seis personas y secuestraron a otras diez. El ataque tuvo lugar dentro de un área protegida de la reserva natural. Desafortunadamente, este es solo otro ejemplo más de la violencia ejercida contra defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en América Latina.
El Informe de Front Line Defenders para 2019 publicado en enero, señala que más de treciento(a)s defensore(a)s de derechos humanos fueron asesinado(a)s en 2019 por proteger el medio ambiente, la libertad de expresión, los derechos LGBTQ+ y los derechos indígenas. Dos tercios de los asesinatos totales tuvieron lugar en América Latina; el 40% de las personas asesinadas trabajaban en derechos de la tierra, derechos de los pueblos indígenas y cuestiones ambientales.
“Este acuerdo es un gran avance en la protección y salvaguarda de lo(a)s defensore(a)s de los derechos humanos en asuntos ambientales.”
A pesar de la gravedad del aumento de muertes cada año, en 2018 la región dio un paso importante con la adopción de un acuerdo regional innovador: el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional para América Latina y el Caribe sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe, y el segundo en el mundo en incluir disposiciones sobre la protección de lo(a)s defensore(a)s de los derechos humanos ambientales. Fue aprobado después de una negociación que duró aproximadamente seis años y desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Una de las innovaciones en el acuerdo fue su propio proceso de negociación, que incluyó a miembros del público tanto en las discusiones como en la redacción del documento.
Hasta la fecha, el acuerdo ha sido firmado por veintidós Estados y ha sido ratificado por cinco. Entrará en vigor cuando obtenga once ratificaciones.
Más de 20 experto(a)s de la ONU (relatores especiales y experto(a)s independientes) han pedido a los países que ratifiquen el documento. Michel Forst, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dijo: “Este acuerdo es un gran avance en la protección y salvaguarda de lo(a)s defensore(a)s de los derechos humanos en asuntos ambientales. Al establecer disposiciones vinculantes específicas, los Estados de América Latina y el Caribe no solo reconocen la grave y alarmante situación que enfrentan lo(a)s defensore(a)s del medio ambiente en los países de la región, sino que también están tomando medidas concretas para reafirmar su papel y respetar, proteger y cumplir todos sus derechos.”
En el curso del año 2020, se deberán renovar los esfuerzos para garantizar que el acuerdo se ponga en práctica. Los grupos de la sociedad civil, incluidos los miembros de IFEX-ALC, han lanzado una campaña llamada Escazú Ahora. Cada uno(a) de nosotros(a)s puede impulsar su ratificación y participar en este proceso. Para saber cómo, visite la página web de información del acuerdo: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu o busque en línea #EscazuAhora.
En breve
Definiendo el derecho al olvido
Las organizaciones están pidiendo al gobierno de Uruguay que elimine el artículo 214 sobre la regulación de Internet del Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). Las organizaciones estaban particularmente preocupadas con el lenguaje propuesto actualmente en la letra G del artículo 214, que define de manera muy vaga y amplia el “derecho al olvido”. Los grupos interesados señalan los riesgos que tales definiciones generales pueden representar para la libertad de expresión y piden que se detengan inmediatamente las discusiones del artículo 214. Dada la importancia y complejidad del tema, los grupos están pidiendo a lo(a)s legisladore(a)s que establezcan un proceso para discutir lo que se necesita y para redactar legislación, garantizando la participación de múltiples partes interesadas y un período más largo para el debate.
La criminalización de prácticas periodísticas
El galardonado periodista Glenn Greenwald ha sido acusado de piratear los móviles de fiscales y funcionarios públicos brasileños en un caso penal iniciado el 21 de enero. La organización de noticias de Greenwald, The Intercept Brasil, que cofundó en 2016, ha publicado numerosos informes con mensajes filtrados que han afectado la imagen de los fiscales federales, jueces y el grupo de trabajo anticorrupción más famoso del país. Greenwald fue acusado de delitos cibernéticos y de participar en una organización criminal que llevó a cabo el pirateo.
Grupos que trabajan en el campo del a libertad de expresión y de los derechos humanos han aclarado que los ataques contra Greenwald y The Intercept Brasil son en realidad mucho más amplios y han estado ocurriendo por un tiempo; incluyen amenazas de muerte específicas, desinformación pública y un enjuiciamiento penal. Los grupos locales han afirmado que estos ataques son parte de un intento de intimidar a la prensa en general.
El 24 de enero, los miembros de IFEX escribieron una carta abierta a las autoridades brasileñas afirmando que “los cargos representan un intento directo de intimidar y tomar represalias contra Greenwald y The Intercept Brasil por sus informes críticos sobre algunos mensajes que parecían mostrar a un juez aconsejando a los fiscales federales sobre cómo procesar casos. Además, el gobierno esencialmente ha criminalizado la participación en prácticas periodísticas legítimas”.
Confusión y censura durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela
Se suponía que la Asamblea Nacional de Venezuela llevaría a cabo una sesión el 5 de enero en la que se elegiría un nuevo cuerpo directivo. Se esperaba que, bajo este nuevo gobierno, la legislatura confirmara a Juan Guaidó como presidente. Sin embargo, la sesión fue confusa y marcada por bloqueos, censura, violencia contra la prensa y apagones de Internet. Guaidó y miembros de la oposición, así como gran parte de la prensa, no pudieron ingresar.
Según fuentes periodísticas, un miembro del partido del Nicolás Maduro, Héctor Agüero, juramentó al diputado Luis Parra como jefe de la Asamblea. No hubo recuento de votos.
El miembro venezolano de IFEX, Espacio Publico, recopiló información sobre las restricciones impuestas a la libertad de expresión ese día:
- Las plataformas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram fueron bloqueadas por la empresa estatal de Internet, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), desde las 9:00 a.m. hasta después de las 11:30;
- Más de trecientos representantes de la prensa y sesenta medios de comunicación habían sido acreditados días antes para cubrir la sesión; sin embargo, el 5 de enero, todos los miembros de la prensa fueron bloqueados y no pudieron registrarse nuevamente, en una nueva lista organizada por el Ministerio de Comunicaciones y la Guardia Nacional Bolivariana. Después de registrarse, solo sesenta periodistas y treinta medios fueron re-acreditados y admitidos.
- Los equipos que se quedaron afuera cubriendo los intentos de la oposición de ingresar a la Asamblea Nacional reportaron intimidación por parte de las fuerzas de seguridad.
- Incluso más tarde ese día, algunos medios informaron que miembros no uniformados de las fuerzas de seguridad fueron ubicados frente a la sede de sus oficinas.
La Asamblea Nacional invitó a la CIDH a visitar el país y la Comisión confirmó la visita del 3 al 7 de febrero de 2020. Sin embargo, días antes de la visita, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Venezuela ya no es miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que la visita de la CIDH no está autorizada por el gobierno.
